Crisis coche eléctrico en España: Ayudas que no llegan e infraestructura insuficiente

La pasada semana se anunció el Plan Moves III, una iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez  destinada a promover la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras de recarga. El plan se ha enfrentado varios desafíos que han impactado en su efectividad desde que se anunció por primera vez. A pesar de los esfuerzos por fomentar la electromovilidad,  la implementación del plan ha encontrado múltiples obstáculos que han generado frustración tanto en los consumidores como en la industria automotriz.

Uno de los principales problemas que han detectado diversos expertos en el Plan Moves III es la distribución desigual de los fondos entre las comunidades autónomas. Aunque algunas regiones, como Madrid y la Comunidad Valenciana, han adjudicado la totalidad de sus ayudas, otras áreas aún tienen fondos pendientes de asignación o ya han agotado sus recursos. Esto ha generado una disparidad en el acceso a las ayudas, creando una situación donde los solicitantes en algunas comunidades tienen que esperar más tiempo o incluso se quedan sin recibir ninguna subvención.

Otro gran obstáculo es el  tiempo de espera para recibir las ayudas. Actualmente, el proceso puede tardar entre 18 y 24 meses, lo que desalienta a muchos potenciales compradores. Este retraso se debe a la burocracia y a la falta de eficiencia en la tramitación de las solicitudes. Los fabricantes han presionado para que las ayudas se entreguen en el momento de la compra, pero hasta ahora esta demanda no ha sido atendida en las prórrogas del plan.

Las ayudas del Plan Moves III también presentan algunas complicaciones fiscales. Las subvenciones recibidas deben declararse como ganancias patrimoniales en el IRPF, lo que puede resultar en la devolución de una parte significativa de la ayuda. Por ejemplo, de los 7.000 euros máximos, se puede llegar a devolver hasta 1.350 euros dependiendo del nivel de ingresos del contribuyente. Esta carga fiscal reduce el atractivo de las ayudas y añade una capa de complejidad para los beneficiarios.

Además, la compatibilidad entre las ayudas estatales y locales no siempre es clara. Aunque algunas comunidades autónomas y ayuntamientos ofrecen ayudas adicionales, los solicitantes deben verificar cuidadosamente que estas sean compatibles con las del Plan Moves III. Esta falta de claridad y la necesidad de comprobar múltiples fuentes de subvención complican el proceso para los usuarios.

Los problemas en infraestructuras y puntos de recarga

El Plan Moves III  también contempla subvenciones para la instalación de infraestructuras de recarga, pero aquí también surgen problemas. Para particulares, comunidades de propietarios y entidades locales, las ayudas pueden cubrir hasta el 70% del coste, pero la implementación también ha sido desigual y lenta.

Algunas regiones han avanzado más rápidamente en la instalación de puntos de recarga, mientras que otras se han quedado atrás debido a la falta de coordinación y recursos. Esto crea una brecha significativa en la accesibilidad a la recarga de vehículos eléctricos en diferentes partes del país.

Costes elevados y subvenciones insuficientes

Aunque las subvenciones cubren una parte significativa del coste de instalación, numerosos expertos consultados por diversos medios de comunicación advierten que el restante puede ser prohibitivo para muchos particulares y pequeñas empresas. Estas últimas, en particular, se enfrentan a un reto adicional, ya que  las ayudas cubren solo el 35% al 45% del coste, dependiendo de la potencia y el uso de las instalaciones, lo que muchas compañías han considerado insuficiente para incentivar una adopción más amplia de infraestructuras de recarga.

Por otra parte, el proceso burocrático para solicitar y recibir las ayudas para la instalación de infraestructuras de recarga es complejo. Los solicitantes deben presentar una gran cantidad de documentación y cumplir con numerosos requisitos, lo que puede retrasar significativamente el proceso. Según muchas compañías, esta burocracia desincentiva a muchos potenciales beneficiarios que podrían estar interesados en instalar puntos de recarga.

Otro problema es el mantenimiento y la actualización de las infraestructuras de recarga. Muchas de las estaciones de recarga existentes no están adecuadamente mantenidas, lo que se traduce en averías frecuentes y tiempos de inactividad. Además, la tecnología de recarga está evolucionando rápidamente y las estaciones antiguas pueden quedar obsoletas, requiriendo inversiones adicionales para actualizar o reemplazar los equipos.