Piden registrar a desaparecidos 'voluntarios': "Se ahorraría mucho sufrimiento y recursos"

Las desapariciones son casos especialmente complicados para todas las partes involucradas y desgraciadamente son algo común en nuestro país. Solo en 2022 se registraron 26.003 denuncias por desaparición correspondientes a 16.652 personas, aunque el 92 por ciento fueron voluntarias y sólo el 0,3 por ciento forzosas.

En España se catalogan en tres tipos. La desaparición forzosa se da cuando ha ocurrido algún hecho delictivo. Las desapariciones involuntarias suceden cuando el desaparecido tiene problemas cognitivos o de salud mental, toma medicación, tiene antecedentes de suicidio o está tutelado.

Por último, están las desapariciones voluntarias, que son aquellas en las que la persona que desaparece lo hace sin ningún tipo de condicionante externo que le obligue a tomar esta decisión, y cuya voluntad es no ser hallada. No obstante, las autoridades, familiares y asociaciones no saben que se trata de una desaparición voluntaria hasta que dan con la persona desaparecida o hasta que esta se lo comunica a alguien. 

Ante esta situación, fue en junio de 2022 cuando la asociación SOS Desaparecidos propuso al Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) la creación de un Registro Oficial de Ausentes Desaparecidos (ROAV) de carácter público y oficial. Este Registro dependería del Ministerio de Interior, y en colaboración con el Ministerio de Justicia y el de Asuntos Exteriores. No obstante, el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, señala que “casi dos años después de la propuesta todavía no hemos recibido respuesta alguna”.

Joaquín Amills.

En una conversación con elcierredigital.com Joaquín Amills recalca que "fue una propuesta muy lógica, ya que el Ministerio de Interior señala que una gran parte de las desaparición son voluntarias y nuestra experiencia nos muestra que hay muchos desaparecidos que nos llaman diciendo que no quieren tener relación con su familia. La búsqueda de personas desaparecidas de manera voluntaria significa un gasto tremendo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. También hay que entender el dolor de la familia al no saber nada e imaginar las peores situaciones posibles”.

“Desde que hicimos esta petición recibimos mails y mensajes de 18 personas que nos dijeron que si nos llegaba su desaparición fuésemos conscientes de que era voluntaria y que por favor le dijéramos a su familia que estaba ausentado de forma voluntaria y que no difundiéramos su desaparición”, añade Amills.

Situación actual de la propuesta

El funcionamiento del ROAV, dentro de “la legalidad y de las garantías”, sería que la persona que la persona que quiera ausentarse vaya a una comisaría o una comandancia y rellene un formulario en el cual declara que quiere ausentarse y no quiere tener contacto con su familia. Para garantizar esa legalidad proponíamos que este formulario tuviera un plazo determinado para tener que ser renovado. Además, sería un registro oficial con acceso de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para una actuación coordinada.

El presidente de SOS Desaparecidos señala que “con esto llegamos a la conclusión de que algo que se hace necesario en una sociedad moderna es precisamente tener un registro oficial de ausentes voluntarios. Nos convertiríamos el primer país en poner en marcha esta iniciativa. Esto significaría que cuando un familiar del desaparecido acude angustiado pueda recibir la información de que se trata de una desaparición voluntaria. Esto permitiría que al menos los familiares tendrían la paz de saber que su familiar está bien y que ha decidido ausentarse. Esto permitiría evitar el calvario y la angustia de estar mucho tiempo pendiente de encontrar al desaparecido”. 

Joaquín Amills observa, “no entiendo cómo ante cuestiones tan razonables el Ministerio del Interior hace caso omiso. Casi dos años después no hemos recibido ninguna respuesta a esta propuesta. No es tan complicado, evitar que en dos años siga todo igual. Lo que hemos avanzado durante muchísimos años lo estamos retrocediendo en materia de desaparecidos. Sabe muy mal que por parte del Ministerio de Interior ni siquiera seamos una entidad consultiva e informativa”.

Centro Nacional de Desaparecidos.

El presidente de SOS Desaparecidos explica que “muchas de las desactivaciones que hacemos son de desaparecidos voluntarios, pero los que no quieren saber nada de su familia son un porcentaje mucho menor que esta en torno al 20 por ciento. Desaparecer de manera voluntaria es un derecho y tenemos que respetarlo, pero también tenemos que trabajar en favor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los familiares. Hay que remarcar que hay muchas desapariciones que son tipificadas como voluntarias pasan a ser involuntarias o forzosas, como es el caso de Ana María Knezevich”.

“Los beneficios de que esta propuesta se haga realidad son muchos. En primer lugar, se podrá ahorrar sufrimiento a las familias, algo que es importantísimo. En segundo lugar, si tenemos en cuenta que los cuerpos policiales están bajos de recursos esto permitiría quitarles una gran parte de intervenciones y poder aprovechar esos recursos, así como ahorrar tiempo y dinero. También estaríamos salvaguardando los derechos a la libertad de movimientos, establecimiento de domicilio e intimidad de la persona que decide ausentarse. Por último reduciríamos las estadísticas en cuanto a denuncias”, añade Amills.

“En 14 años que llevo en SOS Desaparecidos nunca he sentido tanto desprecio, humillación y falta de empatía como la que estamos viviendo en el último año. Para el señor Marlaska somos un cero a la izquierda. Hoy en día tenemos muchísimas propuestas en el CNDES y las únicas respuestas, con gran falta de ética, son evasivas y no hay concretación a nada. Es tristísimo tener este desprecio por parte del Ministerio de Interior. Todo esto nos da la sensación de que quizás en este país solo cuentan las entidades que están subvencionadas. La gran suerte que tenemos es que no dependemos económicamente de nadie y nuestro compromiso está con los familiares y los cuerpos de seguridad del estado”, concluye Amills.