Caso extorsión Guardia Civil Cantabria: "No es la primera vez que un agente chantajea a una trabajadora sexual"

Ha transcurrido un año pero aún sigue sin esclarecerse la presunta extorsión sufrida por una trabajadora sexual en el Club ‘New Borgia’, supuestamente a manos de un guardia civil tras la celebración de un almuerzo de un grupo de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de Cantabria, regida por el coronel Antonio Orantos.

Estos hechos sucedieron en diciembre de 2022, cuando el agente implicado, después de acceder a los servicios de esta trabajadora sexual en el club y haciendo uso de su condición de guardia civil, "solicitó la devolución de los 50 euros al no estar conforme con el servicio", según consta en un informe elaborado por la Benemérita que forma parte de las diligencias judiciales llevadas a cabo a raíz de varias denuncias interpuestas por la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO), documentos a los que ha tenido acceso elcierredigital.com.

Fuentes internas del Instituto Armado indican a elcierredigital.com que "a pesar de la gravedad de este suceso, la Guardia Civil aún no habría interrogado al agente de la autoridad presunto autor de la extorsión contra la mujer afectada. Tampoco ha sido revelada la identidad de este funcionario, ni se han aclarado los hechos tomando declaración a la víctima, quien podría identificar al supuesto extorsionador además de ejercer su propia defensa".

Y prosiguen: "El presunto ‘silencio’ u ‘ocultamiento’ para tapar al guardia civil responsable y las posteriores diligencias de investigación efectuadas sin ningún resultado hasta la fecha podrían acarrear indefensión de la víctima, pero también una cierta ‘alarma social’ por la mala imagen que supone este escándalo para la Benemérita", alegan estas fuentes internas.

El Cierre Digital accede a la víctima de la extorsión

Sin embargo, tras una investigación periodística, elcierredigital.com ha logrado dar con el paradero de la trabajadora sexual supuestamente perjudicada por el altercado. Fuentes cercanas a la víctima han confirmado este extremo y han manifestado a este periódico que "en la actualidad, la afectada estaría acudiendo a un local de eventos muy conocido de Córdoba, después de abandonar el Club New Borgia tras la extorsión". Este diario ha intentado comunicarse con la víctima, pero aún no realiza declaraciones sobre el asunto.

Por otra parte, elcierredigital.com también ha contactado con el entorno cercano del club New Borgia y ha podido saber que "personas conocedoras de los hechos denunciados confirman la extorsión sufrida por la trabajadora sexual en este club, así como la reclamación del reintegro económico por parte del agente de la autoridad tras permanecer con la víctima en una de las habitaciones de este alojamiento".

"Subieron dos guardias civiles a las habitaciones con las chicas, uno de ellos generó el conflicto, mientras los otros acompañantes del grupo —cuatro o cinco funcionarios de la Benemérita en total— tomaban una copa en el club. Tras el suceso, todos los agentes se marcharon del establecimiento", aclaran estas fuentes. Matizan que "los dos guardias civiles que alternaron con las chicas son de mediana edad y complexión media con cabello oscuro". 

Estas fuentes cercanas al New Borgia también aseguran a este diario que "este caso de extorsión no sería un hecho aislado, con anterioridad se han producido altercados similares entre guardias civiles y trabajadoras sexuales del club, por lo que no sería la primera vez que se habrían producido presuntas extorsiones u otros conflictos entre los que podría haber agentes de la Benemérita implicados", explican.

El coronel Orantos

Fuentes internas del Instituto Armado aseguran a elcierredigital.com que "el coronel Antonio Orantos, jefe de la Zona de la Guardia Civil de Cantabria, se encuentra en el ‘punto de mira' de la Dirección General de la Guardia Civil" y que, según sostienen, "podría producirse su cese a causa de la falta de resultado en las actuaciones ejercitadas por los agentes al mando de Orantos en el caso de la extorsión a la trabajadora sexual del New Borgia".

"Pero no sólo existe descontento con la gestión del coronel Orantos al frente de la comandancia cántabra", subrayan estas fuentes, sino que también "se ha generado una gran tensión entre algunos mandos de la cúpula de esta comandancia y el resto de guardias civiles, como es el caso del comandante José Manuel Carazo, responsable de la información reservada de este asunto de extorsión y comisionado para el plan BEDA de eliminación de burocracia".

El coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos.

Al malestar con la cúpula, añaden, "habría que sumar, en lo referente a su gestión como presidente de la Asociación Virgen del Pilar XIII Zona, al comandante César Vázquez Fariña, quien ocupa una plaza de vacante de reserva en esta comandancia y forma parte del denominado ‘triunvirato’: Orantos, Carazo y el propio Vázquez. Este triunvirato se encuentra bajo sospecha de disolución por ceses y traslados de estos tres mandos debido a la popular ‘Operación Napoleón’ referida a cambios inminentes en el seno de la comandancia de Cantabria tras el escándalo en el club", avanzan estas fuentes a elcierredigital.com.

También señalan que "otro de los guardias afectados por este caso es el agente de la Agrupación de Tráfico, José Miguel Muriente ‘Boligrafín’, jubilado recientemente, que realizó una llamada telefónica al encargado del New Borgia para invitar a los guardias civiles que acudieron a este establecimiento, pero además Boligrafín debería declarar o desvelar la identidad de los agentes que visitaron el club aquel día, entre los que se encuentra el supuesto extorsionador".

De igual forma, se encuentran "en el foco" —según argumentan estas fuentes internas— a nivel de competencias, "el teniente general de la Guardia Civil responsable del Mando de Operaciones, Félix Jesús Blázquez González, así como el coronel asesor jurídico del MOPS de la Guardia Civil, José María López de Celis, en base al expediente que realicen sobre este asunto".

Además, desde el Instituto Armado recuerdan que "la víctima pertenece a un colectivo vulnerable que debe ser protegido y en cuyo acompañamiento también debería haberse implicado públicamente la ya ex delegada del Gobierno de Cantabria, Ainoa Quiñones, cesada el pasado 11 de diciembre. Quiñones fue destituida de la Delegación, presuntamente y entre otros motivos, por el asunto del altercado en el New Borgia", especulan estas fuentes.

El coronel Antonio Orantos tomando posesión de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria.

Estas mismas fuentes ponen de manifiesto "el malestar existente entre los guardias civiles por la propuesta de ascenso a general que ha recibido el coronel Orantos en plena tormenta por este asunto. Orantos realizará un curso para ascender de manera inminente en enero de 2024, mientras el caso sigue abierto sin localizar al extorsionador y el propio ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, mantiene a Orantos en el puesto de mando en Cantabria  sin cesarlo".

La UO, acusación popular

Cabe recordar que en este caso de extorsión la Unión de Oficiales interpuso una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander con el objetivo de "investigar la presunta omisión del deber de perseguir la extorsión citada por parte del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos".

Uno de los cuarteles de la Guardia Civil en Cantabria junto al recurso de la UO.

Pero además, la UO también se ha personado como acusación popular en la causa que sigue la extorsión sufrida por la víctima en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Medio Cudeyo.

A raíz de la inhibición sobre este asunto del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander en octubre a favor del partido judicial de Medio Cudeyo, esta organización de guardias civiles, que sigue este caso de extorsión, ha presentado un escrito ante el juzgado competente con el objetivo de ejercer la acción popular.

En el citado documento, al que ha tenido acceso elcierredigital.com y que fue remitido al juzgado el pasado 2 de noviembre, la Unión de Oficiales pone de manifiesto que tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil, y que "desestimar sin más la personación como acusación popular de la Asociación mayoritaria de mandos de Guardia Civil de toda España (aglutina a la mitad de los mandos y miembros del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil), supondría una clara vulneración de derechos supraconstitucionalmente protegidos por nuestra Carta Magna".

No obstante, respecto a las actuaciones en este supuesto caso de extorsión, fuentes internas del Instituto Armado explicaron ante elcierredigital.com que "las investigaciones sobre este caso corresponden a la Unidad de la Guardia Civil de Camargo, en cuestión de competencia, por lo que el sargento de la Policía Judicial de Castro Urdiales, Fernando Ávila, el agente que realizó inicialmente la información reservada sobre este asunto bajo el mando del coronel Antonio Orantos, debería inhibirse a favor de los agentes competentes en aras de la imparcialidad requerida", aclaran.