
Sorteando la contratación pública
Columna de opinión por Carmen Ibáñez
A todos aquellos que de alguna forma hemos intervenido en el procedimiento de contratación pública, en estos días, nos asaltan fuertes dudas sobre nuestro desempeño. O si es que de algo sirve esta labor, que precisa de tantas horas de estudio y dedicación. En la red profesional LinkedIn, actualmente se suceden numerosas reflexiones y comentarios de especialistas, y funcionarios, extraordinariamente preocupados porque pueda resultar tan fácil sortear un sistema, que se fundamenta mayormente en la integridad y la transparencia.
La contratación es un proceso que desarrolla el sector público para la adquisición de bienes, servicios y obras a través de proveedores privados de una extraordinaria importancia económica. Por citar unas cifras, en el año 2023, se alcanzó el 11,55% del PIB y el 24,87% del gasto público total- datos de la contabilidad pública recogidos por EUROSTAT.
La norma base de todo el sistema es la Ley 9 / 2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español dos directivas europeas. Se configura con una plataforma de carácter nacional, donde se anuncian todas las licitaciones y se efectúan las ofertas.
No se puede olvidar que, en este espacio, hay mucho que repartir. Y los intereses se convierten en el protagonista principal, pero no solo de las empresas, porque en esta liga también juegan los políticos y algunos funcionarios. Se trata de un entramado complejo, pues aquí se encuentra el negocio y donde por desgracia por acción u omisión las irregularidades son algo más que una excepción.
Siendo la materia de contratación administrativa muy técnica, se diría relegada a especialistas, pero los escandalosos amaños a los que estamos asistiendo, la han popularizado. Bajo su paraguas en el tiempo de pandemia, se llevaron a efecto provechosos negocios, algunos de los cuales van aflorando. Aunque las denuncias de corrupción que venimos conociendo, mayormente se relacionan con los contratos de obras.
Sin embargo, según el estudio elaborado por la Oficina Independiente de la Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCON) del año 2023, los contratos más problemáticos son los de servicios y contra los que más denuncias se presentan. No faltan también las denuncias relacionadas con la ejecución del contrato, donde el control con demasiada frecuencia es inexistente, además de irregularidades en los pliegos, fraccionamientos, desempeños sin contrato.
Pero quiero aprovechar y descender un poco más a ejemplos concretos y al funcionamiento del sistema, para explicar cómo es posible lo anterior. Comenzando por la mesa de contratación, si bien sus sesiones son públicas para los licitadores, en ocasiones, en las reuniones previas, se pulen los desacuerdos y así no se deja constancia de los temas espinosos.
Y aquí viene lo interesante: en casos de discrepancia manifiesta, o si se quiere votar en contra de una adjudicación, se pueden ejercer presiones contra el vocal díscolo. E incluso, actuaciones más expeditivas para evitar un voto particular. He escuchado a algún presidente, argumentando que en la mesa se está para preservar los intereses del organismo, y cualquier discrepancia pública se debe desdeñar, para evitar que pueda servir como fundamento a un recurso.
En una organización pequeña la libertad es teoría y para favorecer la convivencia, no se debe profundizar mucho y mandan los intereses creados. Al final los asistentes a la mesa, todos ellos muy ocupados, se adhieren a lo que se les manda. Y en la mayoría de los casos a los informes previamente elaborados por los servicios, convirtiéndose en la práctica en convidados de piedra.
Una obra se puede adjudicar con un presupuesto base de licitación muy escuálido, con lo cual nos aseguramos que licitadores serios no van a concurrir. Después, vendrán los modificados, o el pago de cantidades complementarias con variopintas justificaciones, vía convalidaciones sobre la base del enriquecimiento injusto.
Nadie responde, cuando el proyecto es incorrecto. Para explicar estas circunstancias se elaboran las memorias correspondientes, pero que si se comparan son todas iguales. En algunas Diputaciones se hacen proyectos tipos para atender las necesidades de los pueblos, que luego no responden a la realidad. Eso sí, estos proyectos cuentan con supervisión favorable, y después, será sobre la marcha cuando se van ajustando al terreno, porque el licitador no dirá nada
Los contratos de servicio, son muy problemáticos, pero más discretos. Pensemos en un servicio que ya se viene ejecutando con un licitador desde hace muchos años. Por ejemplo, un contrato de educación o de gestión de cualquier actividad, con lo que el adjudicatario actual lo sabe todo, porque lo ha ido creando. En el nuevo contrato, como criterio de adjudicación, se puede incluir un juicio de valor con un umbral de saciedad, de esta forma se expulsará los intrusos. Los responsables de un servicio temen los cambios porque ello les obliga a trabajar, y quieren ante todo poder, saber que de ellos dependen sus vasallos
Otra vía también interesante es combinar varios criterios de adjudicación, anulando el criterio precio. Esto es algo un poco más sofisticado, porque para conseguirlo se necesita tener algún conocimiento matemático. Pero es sencillo, la valoración del precio se realiza con una fórmula elevada a una potencia mayor de 5, con lo que se conseguirá que, aunque existan precios competitivos, las puntuaciones finalmente sean similares.
También, en otros casos, se puede adquirir un producto común de escasa complejidad- pensemos en una mascarilla, o una bolsa de basura- y con la falacia de asegurar la calidad, la adjudicación se realice incluyendo criterios de juicio de valor, con una ponderación elevada, con lo cual es casi seguro que al final se adjudica a quien queramos
En cuanto al control de la ejecución, salvo supuestos de incumplimiento flagrantes es un terreno por construir. Pensemos en un contrato, de algún bien a repartir casa por casa para mejorar la recogida de residuos, que se decide ejecutar en los meses de verano, dejo a su imaginación el resultado.
Creo que sería importante que los controles externos, que existen, actuasen con más contundencia y rapidez y también, que las empresas cambiaran de mentalidad y se apartaran de entrar en los apaños varios, ejerciendo sus derechos.
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