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Vista panorámica del interior de un parlamento con numerosos diputados sentados en bancas semicirculares durante una sesión
COLUMNAS

Peor posible

Columna de opinión por José Francisco Roldán

En el acervo popular hispano aparece una expresión con marchamo de colmo: Peor imposible. No debería haber nada más allá de ese límite; esa idea sirvió, además de recordarnos la serie Misión Imposible, para denominar un grupo musical o titular alguna que otra película. Efectivamente, muchos ciudadanos tienen claro que no es posible empeorar una deriva gubernamental desquiciadamente catastrófica.

Es conveniente recordar que para otros, adeptos incondicionales, los devaneos políticos de sus líderes, por muy escandalosos que puedan ser, garantizan el progreso. No importan los cambios de opinión y las triquiñuelas en el ejercicio de su poder, mientras sirva para impedir la llegada de sus oponentes ideológicos, que personifican una auténtica enfermedad social.

Hay que aceptar este torticero modo de entender la contienda política, entre otras cosas, porque está haciendo prosperar a su clientela y enriqueciendo a los líderes amasando privilegios.

La gran mayoría de los españoles, incluso muchos antiguos correligionarios y simpatizantes, han visto caer el trapo de sus ojos y abrirse las orejeras de un campo de conciencia estrechado por culpa de la intransigencia. No podemos, ni debemos, ni queremos, olvidar una serie de promesas incumplidas para lograr y mantenerse en el poder a toda costa.

Los testigos de aquella perfidia incomparable nos recuerdan el modo en que se usaron las elecciones primarias para que nuestro presidente lograra recuperar el cetro de su partido. Una maquiavélica maniobra, que sirvió para etiquetar una conducta pervertida con la que ha ido labrando un modo eficaz de superar cualquier colmo, porque todo lo peor ha sido posible.

Cuatro personas posan frente a un edificio gubernamental de ladrillo rojo
Montaje de Pérez Dolset, Leire Díez, Aina Calvo y Pedro Sánchez | Montaje propio

No lo dicen sólo sus contrincantes políticos, sino destacados dirigentes de esa misma formación partidaria, que han visto degenerar con estrépito. Demasiados de ellos se avergüenzan de una compostura más propia de un delincuente, respaldado por la tenebrosa banda organizada, que le facilita detentar semejante capacidad de imponer su criterio personal.

Recordamos el compromiso frente a la corrupción de sus correligionarios, que serían gravemente retribuidos, incluso pagando con sus bienes, por cualquier ilegalidad cometida. Con una cara como el cemento firmaba un contrato verbal asegurando la limpieza absoluta de sus partidarios en el poder.

Desde la palestra principal en El Congreso lanzaba una perorata acusando a la oposición de patrimonializar recursos públicos mediante clientelismo y nepotismo, lo que desató una carcajada en buena parte del hemiciclo por semejante demostración de cinismo.

No tuvo rubor en asumir con descaro que la Fiscalía dependía del gobierno, y bien que ha hecho uso de ella para defender sus entuertos familiares con la inestimable colaboración de la Abogacía del Estado, puesta al servicio de sus intereses personales.

Menudo papelón de dos instituciones esenciales para el funcionamiento correcto de la Administración. La gran mayoría de sus componentes sufren con dolor un descrédito deprimente, que afecta a la igualdad, solidaridad, equidad y defensa de la legalidad de los ciudadanos.

Desde el gobierno se ataca sin mesura a todas las personas encargadas de perseguir los delitos, que pudieran haber cometido personajes relevantes del poder y sus adláteres. Desactivado el Cuerpo Nacional de Policía -nadie conoce lo que está haciendo la UDEF contra la corrupción política-, queda desarbolar definitivamente a la Guardia Civil, como a determinados jueces y tribunales, que defienden con valentía la legalidad.

La campaña despreciable para desacreditarlos no descansa, y para ello usan de cualquier artimaña, por asquerosa que parezca. Nos queda la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la que una gran mayoría de los ciudadanos se sienten  muy orgullosos, aunque la estrategia del gobierno no se detiene, pues dispone de recursos para solventar las últimas cortapisas del honor.

Se han puesto en marcha iniciativas para asignar la instrucción de los delitos a la Fiscalía y sujetar, urgentemente, bajo su control directo a la UCO. No cabe duda, con arreglo a nuestra tradición popular, lo peor es cada día más posible.

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