El cambio en la presidencia de la Sociedad Estatal Correos y la llegada del que fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, en sustitución del controvertido Javier Cuesta Nuin no ha conseguido llevar la calma a las reivindicaciones de los trabajadores de Correos, sino todo lo contrario.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de las administraciones públicas, ha presentado el calendario de movilizaciones previsto para la época en la que se dispara la compra online y el volumen de paquetería. Unas movilizaciones con las que pretenden denunciar "la situación que atraviesa la compañía".
Los trabajadores pretenden manifestarse de nuevo contra la caótica situación de la empresa pública
De momento han convocado concentraciones entre el 5 y el 16 de noviembre en las subdelegaciones del Gobierno en las capitales de cada Comunidad Autónoma, pero, si tras estas protestas, "el Gobierno sigue sin escuchar las reivindicaciones", hay prevista una segunda tanda, en esta ocasión serán tres huelgas generales que se harán el 30 de noviembre, que es el viernes del Black Friday, y el 21 y el 26 de diciembre, en plena campaña de Navidad. Si en años anteriores hubo acumulación e importantes retrasos en entrega en estas fechas, 3 días de huelga podrían colapsar el sistema postal público.
Elegir las fechas más sensibles
Los datos de años anteriores señalan la importancia de estas fechas. El Black Friday, la citada jornada de descuentos masivos, da el pistoletazo de salida a la campaña navideña. En esas semanas se concentrarán alrededor del 20% de las ventas de todo el año en gran consumo, según datos de la consultora Nielsen, con una tendencia cada vez mayor a realizar compras online e importantes picos de trabajo para las empresas de paquetería.
Los sindicatos de Correos han elegido justamente estas fechas para denunciar "la agónica situación" de la compañía y reclaman un plan de acción para combatirla. Según denuncian, los trabajadores de la empresa llevan cinco años sin un convenio colectivo y más de 10 años con el salario congelado. Además, el ritmo de sustitución de los trabajadores es inadecuado y existe precariedad en los contratos. El 35% de los empleados son eventuales y el 22% está a tiempo parcial.