Ha comenzado la investigación por un presunto delito de tráfico de influencias del presidente del partido peruano Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, según ha informado la Fiscalía de Perú.

Como consecuencia del inicio de la investigación, según informan medios locales, tanto el líder de APP, César Acuña, como la ahora expresidenta del Congreso de la República, Lady Camones, han sido citados para declarar por la propia fiscal anticorrupción. Según afirma El Comercio, Acuña lo hará el próximo 12 de septiembre y Camones el 15 de septiembre.

A Acuña se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias debido a la difusión de unos audios —que dio a conocer el portal Epicentro TV— en los que el líder de APP pide a Lady Camones que priorice aprobar el proyecto de ley para declarar distrito a Alto Trujillo, un centro poblado del distrito de El Porvenir, en Perú.

Este trato de favor para el proyecto de ley aparentemente favorecería a César Acuña en su campaña política para las próximas elecciones regionales y municipales del país. “Es la estrategia para ayudarme a mí, me favorece a mí”, decía Acuña en el audio filtrado, en el que también mencionaba que la iniciativa legislativa debería ser enviada por el Gobierno. “Si el ejecutivo envía el proyecto, hay presupuesto, más bien cuando lo hace el Congreso, créase el distrito”, comentaba.

Lady Camones.

A raíz de este escándalo político, Lady Camones ha sido destituida de su cargo en la presidencia del Congreso. Sin embargo, Camones afirma que no hizo “nada irregular” y que detrás de la polémica hay un interés por “desestabilizar al Congreso más de lo que ya está”.

La Universidad de Murcia y el asesoramiento de un docente a César Acuña

Hace poco más de dos años, el nombre de César Acuña aparecía en las noticias españolas a cuenta de la investigación a la que se estaba sometiendo a la Universidad de Murcia (UM) por un presunto delito de prevaricación, ya que no aportaron información sobre uno de los docentes: Ismael Crespo.

Crespo era profesor y director del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UM pero, además, era supuestamente asesor político de César Acuña.

Universidad de Murcia.

Cuando La asociación APEDANICA (Asociación para la Prevención y Estudios de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas) tuvo conocimiento de que Crespo sería asesor “a tiempo completo” de Acuña durante la campaña de las elecciones presidenciales del año 2021, solicitó toda la información referente al docente con el fin de analizar si dicho asesoramiento podría ser incompatible con su puesto como funcionario en la UM.

La presunta irregularidad, en conocimiento de la Fiscalía

Miguel Ángel Gallardo, presidente de APEDANICA, remitió un escrito al rector de la UM, José Luján Alcaraz, en el que pedía, amparándose en la ley de transparencia, una “copia íntegra con datos económicos de todos los contratos, convenios o cualquier tipo de relación que pueda hacerse pública, autorizada o no autorizada por el rector, que haya vinculado en el pasado o vincule en la actualidad o esté previsto que vincule en el futuro a la Universidad de Murcia con la candidatura de César Acuña o con algunos de sus negocios en el consorcio educativo (Universidad César Vallejo, Universidad Señor de Sipán o Universidad Autónoma del Perú)”. Sin embargo, la institución educativa no respondió a este requerimiento.

Acto seguido, APEDANICA puso en conocimiento de la Fiscalía los “indicios racionales” sobre las posibles irregularidades llevadas a cabo por Crespo y la universidad por no investigarlas. “Faltas administrativas muy graves e incluso presuntos delitos de funcionarios públicos perfectamente conocidos por el rector de la Universidad de Murcia” y señaló que “la omisión del rector es indicio racional de comisión por omisión (corrupción pasiva)”, detallaba el documento.

El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, tuvo en consideración los indicios presentados por APEDANICA, por lo que abrió una investigación por un presunto delito de prevaricación. “Acuso recibo de su denuncia y documentación adjunta a través del email en esta Fiscalía el 25/03/19, denunciando unas posibles faltas administrativas debido al silencio administrativo respecto de la solicitud de información realizada al Rector de la Universidad de Murcia y al propio tiempo participo a V.D. que dimanante de ello se ha incoado diligencias de investigación nº 85/19 por un posible delito de prevaricación”, explicaba el documento enviado por el Díaz Manzanera.

Ismael Crespo y César Acuña: Analogías

Las trayectorias académicas de Ismael Crespo y César Acuña estaban marcadas por aquel entonces por presuntas irregularidades. El profesor de la UM fue cesado de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) debido a un presunto plagio de una conferencia que impartió en Buenos Aires en el año 2002. También fue expulsado de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón por impartir másteres y cursos en México en nombre de la Fundación sin estar antes autorizado y acreditado para realizar esa tarea.

Ismael Crespo.

Por su parte, el candidato a la presidencia de Perú, César Acuña, fue investigado por dos universidades peruanas por irregularidades en su licenciatura en Ingeniería Química y en el máster en Administración de la Educación.

El medio digital eldiario.es detallaba que Acuña se doctoró en España, en 2009, en concreto en la UCM, y que esta institución abrió una causa tras detectar “deficiencias e irregularidades al incorporar, en algunas partes, textos sin aplicar los criterios de citación y de reconocimiento de la autoría ajena que son exigibles en la metodología científica”, según indicaba en un comunicado la Complutense.

En 2017 la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid optó por no anular el doctorado de César Acuña, alegando que “no existían causas suficientes”, tal y como reflejó el dictamen escrito por este organismo. Ahora la polémica vuelve a poner a César Acuña en el punto de mira por la filtración de los audios por los que se le acusa de presunto tráfico de influencias.