Al parecer, una vez concluido dicho proceso y sin que apareciesen indicios sólidos en su contra, el sacerdote fue reintegrado de nuevo a su labor pastoral, con ciertas restricciones, y continuando la colaboración con la acción de la justicia respecto al procedimiento judicial.
El Obispado ya apartó de sus funciones al sacerdote investigado en 2017.
Pero ahora, el obispo, de acuerdo con los actuales protocolos vigentes de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, ha acordado de nuevo apartarlo de forma cautelar del ejercicio público del ministerio sacerdotal.
El objetivo, según ha comunicado, es "evitar el escándalo, defender la libertad de los testigos y garantizar el curso de la justicia, mientras el procedimiento judicial no concluya". Sin embargo, pese a esa exclusión forzosa, el Obispado señala que “ esta investigación no debe poner en peligro la buena fama de este sacerdote" y reitera su colaboración con la Administración de Justicia. Y sólo en último lugar, añade que lamenta "el posible daño causado a la víctima y a su familia"...
En el comunicado del Obispado también se informa de que "por parte del obispo y de todas las personas que trabajan en los distintos ámbitos de la pastoral diocesana, manifestamos nuestra firme condena y repulsa de cualquier tipo de comportamiento que atente contra la integridad física y moral de los menores y de las personas vulnerables, promoviendo la tolerancia cero con este tipo de actuaciones e impulsando las medidas necesarias de prevención y actuación", concluye el comunicado.
Sin duda, los numerosos casos de pederastia protagonizados por sacerdotes que han salido a la luz después de décadas de omertá y desprecio por las víctimas, han hecho que la Iglesia que dirige el Papa Francisco se abra y permita las investigaciones en lo referente a los presuntos abusos sexuales cometidos por sus miembros.