En Amposta, Tarragona, un error judicial llevó a Balwant Singh casi a la expulsión del país. El hombre, indio de origen, se apellidaba igual que otra persona que decidió utilizar su nombre en un control de alcoholemia, lo que derivó en que el señor Balwant original no pudiera renovar su permiso de trabajo, porque sobre él pesaba una condena.
Cuando realizó la renovación, la víctima trató de explicar en un español muy básico, que no sabía de lo que le estaban hablando, señalando que no tenía ni coche ni carné de conducir.
Cuando la deportación de este hombre parecía inminente, el Supremo le dio la razón a Balwant, que ahora pide una indemnización de 176.000 euros, cifra que el Ministerio de Justicia se niega a dársela apoyándose en que ya hubo juicio.