El próximo día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional del Médico. Estos profesionales destacan por el esfuerzo dedicado en brindar a sus pacientes lo mejor de ellos, algo que se ha demostrado durante los peores momentos de la pandemia provocada por la COVID-19.
Sin embargo, según denuncia el sindicato ACAIP, su importante labor se ve muy dificultada cuando, debido a la falta de facultativos, la atención se resiente. Expresan que esta realidad es cada día más evidente en los centros penitenciarios, en los que el déficit de médicos supera el 60 por ciento. Se trata de una "tendencia al alza en los últimos años y que se verá incrementada ya que, desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se ponen las medidas adecuadas, y la elevada edad media de los médicos penitenciarios, mucho de los cuales se encuentran cercanos a la edad de jubilación".
Tal y como exponen, la Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del sistema de salud en su disposición adicional sexta, establece que las comunidades autónomas, en el plazo de 18 de meses, debían hacerse cargo de las transferencias sanitarias de prisiones. Diecinueve años después, tan solo Navarra las ha asumido junto con las comunidades que tienen las competencias en la gestión penitenciaria, Cataluña y País Vasco.
Los centros penitenciarios no pueden seguir asumiendo el problema institucional creado ya que repercute en la salud de los internos y en la seguridad de las prisiones. Los facultativos tienen asignadas más funciones que las asistenciales, a modo de ejemplo, ante una alteración regimental del orden en la prisión es precisa la intervención del médico para la elaboración de informe y valorar la conveniencia o no de la aplicación de sujeciones mecánicas, estableciendo el protocolo que sea preciso.
La carencia de médicos puede suponer un riesgo que no soluciona la telemedicina. Centros como Murcia, Ocaña I o Cáceres no tienen ninguna plaza cubierta y en otros como Alicante Cumplimiento, Castellón II o Dueñas, el déficit supera el 90 por ciento. Un dato destacado también es el de Valencia, la prisión más grande de España con 2.000 internos solo cuenta con tres médicos.
En un entorno en el que más del 30 por ciento de los internos tienen medicación psiquiátrica y un alto porcentaje tiene patologías diversas como hepatitis, VIH, diabetes y un largo etcétera, no se puede dejar caer el sistema. Un centro penitenciario puede albergar una población flotante de más de 1.000 internos que no podemos equiparar con una población del mismo número de habitantes por las singularidades de los pacientes y la necesidades médicos-legales de la especial relación de sujeción con la administración.
Desde ACAIP-UGT expresan que la solución del problema pasa por un compromiso por parte de la administración penitenciaria y de las propias Comunidades Autónomas de no dejar caer el sistema sanitario penitenciario. No es solo una cuestión de atención médica, se trata de la más elemental asistencia y de no establecer una doble pena a quienes se encuentran privados de libertad, sin obviar la grave alteración del orden y los problemas de seguridad que genera en los centros penitenciarios la falta de atención sanitaria.