Inhabilitación

Seguramente, no es una de las palabras más atractivas del diccionario, pero como todas tiene su espacio y función. Inhabilitar es impedir actuar, declarar inhábil o incapaz de obtener o ejercer cargos públicos, derechos civiles o públicos. En el Código Penal aparece como una sanción, muchas veces accesoria, de otra pena privando al condenado del ejercicio de una profesión, actividad o derecho.

La inhabilitación absoluta, como la especial, lleva aparejada la suspensión de los derechos políticos, pérdida del empleo o cargo público que el penado ejercía, aunque proviniere de elección popular. Los funcionarios públicos suelen verse muy afectados por esa medida, y en muchos casos supondrá la expulsión. Para los policías es el castigo definitivo en su carrera profesional.

Hemos escuchado con profusión las consecuencias de pegar o insultar a policías por parte de quienes ostentan cargos públicos. Los hay que denostaban con fiereza los aforamientos, pero a la hora de la verdad se aferran a ese privilegio para protegerse del procedimiento judicial. Hemos conocido alguna duda o resistencia, que rozaba la prevaricación, cuestionando las órdenes, hasta límites intolerables, para ejecutar una sentencia.

Las pataletas de algunos insolentes y descarados, curiosamente, han sido afeadas con exquisito lenguaje sin más consecuencias. Probablemente, otros ciudadanos del montón se verían muy perjudicados por semejantes calumnias o injurias. Los que preconizan una democracia de nuevo cuño suelen olvidarse de la división de poderes y su asentado formato parlamentario occidental.

No es malo tratar de extrapolar un concepto jurídico al bagaje social más corriente, donde las relaciones humanas debieran detenerse con esmero y recapitular sobre el modo en que los ciudadanos aplicamos esos conceptos, porque, incluso, sin proponérselo, muchas personas inhabilitan a otras cuando contrastan su forma de relacionarse.

Los delincuentes, sinvergüenzas y caraduras, como tantos otros malos modos de interactuar, suelen ser incapacitados o inhabilitados para desenvolverse con normalidad en un entorno que no acepta a quienes agreden, insultan o perjudican. No resulta muy difícil comprobar que existen vacíos para los que no saben o desean convivir en paz. Desgraciadamente, en algunos casos, ese desprecio social no se manifiesta por temor a sutiles represalias tácitas o expresas.

Los caraduras, sinvergüenzas y delincuentes con influencia social imponen sus criterios con el poder que han adquirido de variados modos, algunos ilegítimos. Muchos de esos próceres de pacotilla tienen en sus manos el dinero o la capacidad para orientar nuestro futuro y perjudicarlo con rigor. Ese comportamiento mafioso coarta la actividad de numerosas dignidades cautivas, que callan o asienten con dispar devoción. Esos torpes, henchidos de ínsulas falsas, inhabilitan a buena gente, que teme perder sus legítimas expectativas al albur que determine un nepotismo imperante en esta sociedad de ahora. Lejos de conseguir incapacitarlos para evitar que déspotas e incompetentes determinen la vida de sus conciudadanos, una buena parte de los ciudadanos admite la desgraciada deriva y consiente la imposición.

Hubo un tiempo en el que los transgresores de la ley o buenas costumbres, aparte de cumplir la pena, recibían el aislamiento que los llevaba al abandono de ese entorno habitual. Los vecinos, aplicando normas de conducta no escritas, sometían a los infractores al reproche social. No hay mucho de eso en estos tiempos, donde la bazofia ideológica domina determinados resortes que implementan su influencia y acapara prebendas.

Nuestras leyes democráticas, bien entendidas, reparten diversos roles sociales permitiéndonos, periódicamente, sin manipulaciones, aunque las tememos, depositar el voto para tratar de conseguir inhabilitar a quienes deberían ser apartados de la dirección social. Depende de los ciudadanos decidir sobre el futuro de esos impresentables mediante la elección de gente formada, competente y honrada que dirija con capacidad lo que se nos viene encima. De eso se trata, de procurar aplicar ese otro tipo de inhabilitación.