El bulo de los bulos

Sin pretenderlo, solemos expandir falsedades obviando una mínima comprobación sobre su veracidad. Cometemos el error de reenviar mensajes malintencionados, en algunos casos, rozando la calumnia o injuria, nacidos de ocurrencias, e irradiamos maledicencia sin reflexionar sobre los contenidos y la intención. Facilitamos la proliferación de noticas falsas. Peor es inventar trolas y envenenar la información, que debería ser rigurosa y aplastante para dejar en evidencia comportamientos impropios, desvergonzados, abyectos, deshonestos o delictivos.

Es, por tanto, despreciable difundir un bulo, sinónimo de mentira, embuste, patraña, habladuría, camelo, infundio, bola, trola, paparrucha, cuento, chisme, rumor o filfa. En muchas ocasiones, el cotilleo entra en la cotidiana costumbre de dañar la imagen o crédito de cualquier persona. A los medios de comunicación se les exige más intensidad en la producción o radiación de bulos, porque, además de ser injustos, puede considerarse delito, lo que precisa interponer querellas o denuncias; además, se protege el honor o imagen en otras leyes. De eso entienden los juzgados, que suelen imponer, en algunos supuestos, el pago de indemnizaciones.

En la prensa rosa se conoce mucho de eso, porque utiliza el intercambio de ofensas y reproches con profusión y descaro buscando rentabilidad económica. No debemos olvidar que nuestros parlamentarios tienen una bula legal, que supone un privilegio, dispensa, beneficio, concesión, gracia, exención, favor, prerrogativa o licencia para lanzar improperios y bulos sin problemas. Y es en ese escenario cuando se solapa la soberanía del pueblo para lanzar innumerables retahílas de desprecios buscando el aplauso de la bancada correspondiente y el reproche de muchos ciudadanos, hartos de tanta mezquindad.

Mimbros del Gobierno en la sede de Ferraz.

En esos debates suele manar un caudal inagotable de bulos y ofensas. Según la funda que reviste una conciencia política, el infundio cala con dispar intensidad. Conocemos auténticos farsantes, que lanzan paparruchas insufribles amparándose en la dispensa legal, pero muestran una desproporcionada sobreactuación al sentir que rozan su descarada desfachatez. Hemos contemplado a quienes deben dar ejemplo de mesura, categoría personal y capacitación institucional, arremeter contra los periodistas acreditados en Las Cortes Generales cuando osan preguntar o comentar algo que no comparten o molesta.

La falacia está muy lejos de la veracidad, pero el contraste con la hemeroteca, verdadera máquina de la realidad, desenmascara camelos, inventos y habladurías. Para muchos intermediarios de noticias, periodistas, tertulianos, cotorras mediáticas, sicarios de la palabra o desmenuzadores de la honradez ajena hay recursos legales con los que restablecer la verdad o retribuir maledicencias. En estos días, determinados próceres de la virtud y honradez política se quejan en sus medios de comunicación afines u otros, que los pseudo periodistas, a través de redes sociales o medios digitales, no hacen otra cosa que lanzar fake new y absolutos infundios sobre el entorno familiar de algunos altos representantes partidarios y cargos del gobierno español.

La imagen de quienes ostentan determinados cargos y profesionales, por su apego a la permanente escena pública, no dispone de la protección adecuada por parte de las normas legales, y deberían tenerla, es más, habría que luchar con mucho más rigor contra la calumnia e injuria.

Lo peor es comprobar cómo silencios interesados, ocultación de datos, cambios de opinión y aprobación de leyes, absolutamente bochornosas, protegiendo a delincuentes, sediciosos y traidores, como aplazando la benevolencia legal a quienes sigan en esa línea despreciable contra los fundamentos de la democracia, nos están arrastrando a un desgobierno ignorando sin tapujos la imprescindible lucha eficaz contra la criminalidad, protección de derechos y libertades, símbolos del Estado, separación de poderes y bienestar de una sociedad avasallada con trolas oficiales. La enorme fábrica de mentiras está instalada en el gobierno español, donde se ensambla y produce el mayor bulo de los bulos.