Estimado Presidente en funciones del Gobierno español:
La que le escribe es una madre, una profesional y una ciudadana española, que creía vivir en un país de derechos y libertades, en un país, en el que las mujeres éramos libres de decidir sobre nuestras vidas y actuaciones, sobre si queríamos trabajar, o no, tener hijos o no, divorciarnos o no… Un país en el que habíamos abandonado la tutela masculina del pasado, pero Presidente, le informo que no es así.
Siempre he sido contraria a las cuotas, a la discriminación positiva y, a que, la condición de mujer sea un mérito profesional, y no una condición humana, porque creo firmemente en la igualdad de género. Defiendo la misma tesis que Marie Curie; Nunca he creído que, por ser mujer, deba merecer tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y yo, no soy inferior a ninguno de ellos. Pero dicho esto, le diré que lo que no voy a permitir, es que, ser mujer y profesional, suponga un lastre en mi vida, y mucho menos, que por ello, me hayan arrancado lo que más amo, a mis hijas.
Hace unas semanas publicaba una carta refiriéndome a esta situación, que se podría sintetizar del siguiente modo: Una decisión judicial arbitraria, sin fundamento legal alguno, destrozó mi corazón y mi vida. Porque una mañana, mis hijas desparecieron y ya no regresaron, mi esfera profesional se resquebrajo y mi vida se destruyó.
El 8 de marzo del 2018, una juez, del juzgado de Instrucción 2 de Betanzos, La Coruña, fundamentó su decisión jurídica, en la palabra de mi ex marido, sin otra prueba, ni médica, ni de otro tipo, para dictaminar, que no estoy capacitada para ser madre. Con su declaración judicial se fijó la prevaleciera la opinión de un hombre sobre la de una mujer, la del marido sobre la esposa, como antaño. El otro fundamento esgrimido, fue mi trabajo, aunque la juez no lo reflejara en el auto, pero si lo recoge la declaración judicial de mi ex marido, que llegó a manifestar textualmente “ella dio prioridad a su trabajo….”Dando a entender que, no atendía a mis hijas, lo cual, era y es mentira. En ambos supuestos, a mi ex marido no se le cuestionó nada, provocando una clara discriminación hacia mí. También se vulneró mi legítimo derecho a la defensa, ya que no se me permitió ni hablar, y mucho menos presentar pruebas o testigos.
Los mismos argumentos, mi estado mental y mi trabajo, fueron expuestos por su testigo, mi progenitora, con la que no mantengo relación desde hace muchos años, y por lo tanto, desconoce mi vida, lo que quedó de manifiesto, con claridad absoluta, en la declaración judicial en la que incurrió en falso testimonio. Las razones por las que mintió mi progenitora, fueron sus pensamientos conservadores, y sus creencias religiosas, los cuales, la llevan a concebir a una profesional, como una madre que cae en la dejación de sus funciones de la atención de sus hijos y en las obligaciones en el hogar. Dejando claro, que mi trabajo me convertía en una madre inadecuada, lo que, además de no ajustarse a la realidad, denota, su posición machista, sobre el papel de la mujer en la crianza de sus hijos. Todo esto no tendría más trascendencia si la juez y el Sistema hubiesen cumplido con su cometido. Pero no lo hicieron.
Esta indefensión, y vulneración de derechos, me ha obligado a hacer pública mi situación, y pedir su intervención. Pero además de todo esto, hay muchos otros hechos de índole delictuosa, desde el incumplimiento absoluto de todas las resoluciones judiciales, por parte de mi ex marido, hasta la indolencia de la juez, a la que le pedí que alejase a mis hijas de las vejaciones continuas, de la violencia verbal pública y de la degradación absoluta de mi figura de madre ante ellas por parte de mis progenitores, lo cual está, claramente tipificada como violencia de género en el ámbito doméstico, y que no fue considerada relevante por la juez.
Las mujeres estamos hartas de ser utilizadas como marketing político en las elecciones, de oír que las políticas públicas de conciliación, de igualdad, de violencia de género… nos arreglan la vida, porque no es así, y a los hechos, y a las cifras de muertas me remito.
Mi situación, no es única. Este desamparo institucional lo están soportando muchas otras… que callan por miedo, o porque no saben cómo enfrentarse al sistema, y esto es vergonzoso. A raíz de que mi caso se ha hecho público, muchas mujeres se han puesto en contacto conmigo, para compartir sus experiencias, y sus sentimientos desoladores…porque el sistema las castigó y las castiga, como está haciendo conmigo. Y me han pedido que alce la voz.
¿De verdad, Presidente, considera que semejante situación retrograda, machista y antagónica la igualdad de género, es de una sociedad avanzada?. Esto está ocurriendo en la España del 2019 durante su gobierno. Cómo se me puede decir, que esto solo es un problema personal, como me han respondido algunos políticos, incluso de su Gobierno. ¿No cree que es un problema que urge corregir en esta España de las libertades, la igualdad y el progreso, en la que todos queremos vivir?.
En cuanto, a mi decisión de presentar Demanda contra el Estado, por retirarme la custodia de mis hijas, se justifica porque ha sido una decisión judicial parcial, arbitraria, injusta, discriminatoria de género, basada en falso testimonio, y vulnerando mi legítimo derecho a la defensa. Que, además, ha supuesto daños irreparables para dos menores, al ser privadas durante años de la convivencia con su madre, y en el caso de una de ellas, ha llevado a la ruptura de la relación materno-filial. A esto se suma mi destrucción personal, profesional y la estigmatización social que he sufrido. Una decisión judicial, semejante, no puede ser permitida en un Estado de Derecho. Por ello, la resolución favorable de la Demanda contra el Estado, supondría sentar un precedente para los derechos de las mujeres en nuestro país. De no ser favorable, me vería abocada a recurrir al Tribunal de Estrasburgo, pero desde luego, la imagen de la Justicia española y de las políticas públicas de género, conciliación, igualdad y familia en España quedarían muy cuestionadas.
¿Qué pido? Presidente, esta carta abierta, pretende, acercarte a lo que está ocurriendo a una parte de la sociedad y pedirte, que si de verdad crees en lo que dices, ¡hagas algo!
Un país igualitario, un país que avanza, es un país en donde los gobernantes escuchan a los ciudadanos y rectifican los fallos del Sistema.
Desde hace un tiempo, junto a un grupo de mujeres que han sufrido la pérdida de sus hijos por las arbitrariedades del Sistema, trabajo en una batería de propuestas, orientadas a realizar reformas normativas, una de ellas, por referenciar un ejemplo, es la modificación de los informes psicosociales. Estos deberían de ser realizados por médicos y profesionales colegiados, no pagados, ni dirigidos por Justicia, sometidos a auditorias de comités deontológicos que garanticen valoraciones profesionales e independientes, regidas por la buena praxis médica, y por supuesto, con entrevistas grabadas. Todo el proceso debe ser sometido a mecanismos de control y auditorias. En resumen, el conjunto de medidas pretende que se revisen los procedimientos judiciales y la legislación en el ámbito de la conciliación, igualdad y familia, que tanto dolor está provocando. Pero esto no es sólo un problema de mujeres, es un problema de personas, de hijos, de padres, de madres, de seres que sufrimos, y creo que está en tu mano ayudar a cambiar este sufrimiento.
Finalizo esta carta, con otra frase de mi admirada Marie Curie; Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto, y yo no lo tengo, porque lucho por mis hijas, porque lucho por personas que no tienen voz, porque lucho por el país en que quiero que vivan mis hijas, porque lucho por un país de derechos, y libertades, en el que las mujeres no perdamos a nuestros hijos por ser, lo que deseemos ser, porque lucho por el país que quiero.
Elena del Pilar Ramallo Miñán, una madre, profesional y ciudadana española.
Doctora en Derecho y exdirectora de la Cátedra Internacional de la Eurorregión de Galicia-Norte Portugal de RSC del Banco Santander