La denuncia, presentada a las diez de la noche del martes en el juzgado de guardia de Madrid, recoge varias informaciones periodísticas, entre ellas la publicada en elcierredigital.com, relativa a la renuncia de Elpidio Silva a la defensa de Tito Álvarez el pasado 18 de septiembre en el conflicto que enfrenta al exlíder sindical con las patronales de los VTC y al pasado de Álvarez cuando se presentaba como portavoz de la asociación Elite Taxi de Barcelona.
La denuncia recoge que Tito Álvarez “tiene antecedentes penales y nunca tuvo licencia de taxi”. Asimismo, explican sobre la licencia que “tampoco podía obtenerla al tener embargados todos sus bienes, de lo que resultaría entonces que la demanda que el ahora denunciado habría formulado ante los juzgados de lo mercantil reclamando indemnizaciones (haciéndose pasar por víctima de los VTC) sin tener la condición de perjudicado”.
Tito Álvarez haciendo de portavoz de los taxistas barceloneses.
La querella explica que la documentación aportada parte del juicio ordinario 1329/2019 que se tramita actualmente en el juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid y señala que este delito podría ser considerado estafa, castigado con pena prisión de uno a seis años.
La segunda de las reclamaciones hace referencia al crowfunding o recogida de fondos que hicieron sus compañeros del taxi para comprar una licencia para Tito Álvarez, “ya que nunca tuvo la intención de ejercer como taxista, lo que podría constituir un delito de estafa de extrema gravedad al poder haber afectado a un gran número de personas”. El dinero recaudado habría ido supuestamente a engordar el proyecto Taxi Project 2.0, “una organización ambigua que no se sabe muy bien si es una plataforma o una asociación”.
Elpidio Silva renunció a la defensa de Álvarez el pasado 18 de septiembre.
La querella dice también que se está pidiendo a los asociados de Taxi Project 30 euros mensuales y acusan al nuevo proyecto de Álvarez porque “existen indicios más que razonables que nos permiten suponer que la referida organización pueda estar destinada al blanqueo de capitales”.
La denuncia califica los supuestos delitos de “estafa procesal, estafa de extrema gravedad y blanqueo de capitales”.