'Caso Orantos’: Acusan a la Guardia Civil de Cantabria de ‘tapar’ testimonios en la extorsión a una trabajadora sexual

El proceso judicial para averiguar la identidad del guardia civil que supuestamente extorsionó a una trabajadora sexual en Cantabria, para "obtener un servicio sexual gratis" en el club de alterne ‘New Borgia’ en diciembre de 2022, "debe continuar abierto a fin de obtener el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva y ejercer la Acción Popular".

Así lo manifiesta el último recurso que ha presentado la Asociación Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional (UO) ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander y lo hace "para esclarecer la presunta omisión del deber de perseguir esta extorsión por parte del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos"

Ambos procesos están conectados entre sí, tanto el de extorsión perpetrado por un agente de la autoridad en un prostíbulo en 2022 –unos hechos denunciados por la UO el pasado 16 de julio que se están viendo en la jurisdicción de Medio Cudeyo– como el procedimiento judicial por posibles "irregularidades en una información reservada sobre este delito de extorsión en las diligencias efectuadas por la comandancia cántabra al mando del coronel denunciado", según informa esta organización de guardias civiles ante elcierredigital.com.

En el citado recurso judicial –presentado el 20 de octubre y al que ha tenido acceso elcierredigital.com–, la UO se opone taxativamente a la decisión de la magistrada Mercedes Compostizo –en un auto el 9 de octubre– de no admitir la denuncia inicial presentada por este colectivo por "omisión del deber de perseguir delito" contra el coronel Orantos, jefe de la Zona de la Guardia Civil de Cantabria, en relación a esta supuesta extorsión a una trabajadora sexual del New Borgia. 

Cabe destacar que la presunta víctima del club, a pesar del tiempo transcurrido, no ha sido localizada por la Guardia Civil. Tampoco se ha logrado imputar el delito al extorsionador, tal como figura en un informe policial elaborado por la propia comandancia cántabra al mando del coronel Orantos, en virtud de las actuaciones instruidas por este juez titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander. La UO ha solicitado a la juez la persecución de los citados delitos en este procedimiento que, a su vez, han calificado como ‘atípico’ en base a las diligencias presentadas por los investigadores "dirigidas por el coronel Orantos" tras un requerimiento del Ministerio Fiscal.

En relación al citado informe policial remitido al juzgado, la UO también ha mostrado sus discrepancias en su recurso ante la magistrada en función de la "falta de acceso hasta la inadmisión de denuncia" y debido a "la ocultación de testimonios clave que confirman el delito, vertidos en diciembre de 2022 por los propios trabajadores del New Borgia –el encargado y la recepcionista– además de la localización meses después del testigo, el guardia civil José Miguel Muriente –agente conocido por los miembros de Tráfico de la comandancia cántabra y con pseudónimo ‘Boligrafín’– y por no haber dado traslado en su momento de este delito de extorsión a la autoridad judicial por parte de los instructores de esta información reservada –el comandante de la Guardia Civil José Manuel Carazo, y el sargento de la Policía Judicial de Castro Urdiales, Fernando Ávila, sobre los que también apunta la UO en su escrito judicial respecto a posibles responsabilidades".

Cabe destacar que en las declaraciones de los testigos del club de alterne, la recepcionista reconoció que "no denunció los hechos por miedo a represalias contra su propia persona y el club New Borgia". 

Por otra parte, la Unión Oficiales, en sus denuncias judiciales, también han hecho constar la exigencia de responsabilidades de la delegada del Gobierno de Canatabria, Ainoa Quiñones Montellano, y del teniente-general de la Guardia Civil, responsable del Mando de Operaciones, Félix Jesús Blázquez González.

'Crisis en la Guardia Civil cántabra'

La falta de identificación de la trabajadora sexual víctima de la extorsión y del presunto autor del delito contra esta mujer por parte de los investigadores de la Guardia Civil "han abierto una grave crisis en el seno de la Comandancia de Cantabria tras la denuncia tramitada por la UO contra el coronel jefe Orantos. Un mando de la Benemérita sobre el que podría pesar un cese en sus funciones debido a este escándalo de índole sexual, que aún permanece abierto sin ser resuelto a nivel policial", manifiestan fuentes internas del Instituto Armado ante elcierredigital.com. 

Estas mismas fuentes internas califican estos hechos como "inauditos", además de "la mala imagen para la Benemérita de cara a los ciudadanos respecto a la imposibilidad de localización de los implicados desde este altercado, pero también, porque la víctima pertenece a un colectivo vulnerable al que debemos proteger, y en cuya protección a estas mujeres también debería implicarse la delegada del Gobierno de Cantabria", señalan ante este diario.

No obstante, estas fuentes internas del Instituto Armado matizan que "tras la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santander –el pasado 10 de octubre– por parte del juez titular Jaime Parra –condecorado por el ministro de Interior Fernando Gande Marlaska–  a favor del partido judicial de Medio Cudeyo en el caso de la extorsión en el New Borgia, también resultaría complicado aceptar que el mismo sargento de la Policía Judicial de Castro Urdiales, Fernando Ávila, fuera de nuevo el mismo agente que realice las diligencias de Medio Cudeyo, al igual que hiciera en su día, con la información reservada bajo el mando del coronel Orantos, cuando estas investigaciones, en la actualidad, corresponden a la Unidad de la Guardia Civil competente de Camargo. Es decir, debe evitarse  cualquier  tipo de contaminación o injerencia hacia la policía judicial en este caso, respetando las competencias de cada unidad", argumentan.

'Las declaraciones de los testigos no se incluyen en el SIGO'

Por su parte, la Unión Oficiales en su recurso hace hincapié en que "pese a que se habían trasladado unos hechos objeto de notitia criminis, se incoan ‘diligencias indeterminadas’ no reguladas expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se mantienen las mismas, y se permita así al principal denunciado, el coronel jefe Orantos, a modo de cheque en blanco, practicar diligencias de investigación al margen de control jurisdiccional y de información a las partes, vulnerando todo el derecho a la tutela judicial efectiva".  

Respecto a la extorsión a la trabajadora sexual denunciada por la UO: "Estos hechos, al parecer, han sido silenciados por el coronel jefe de la Comandancia de Cantabria. Lo único que consta son informes posteriores a la denuncia de la UO dirigidos por el propio implicado Orantos, aparentemente, pre-constitutivos para su exculpación". Y añaden: "Dichos informes nacen contaminados, no resultan objetivos, pero es cierto que demuestran la existencia de una posible actividad delictiva que debe ser explicada por su responsable". 

En este sentido, la UO también subraya que "en el caso de la extorsión a la trabajadora sexual, en relación a la información reservada, todas las declaraciones a los testigos del club New Borgia fueron tomadas y grabadas, pero, sorpresivamente, estas manifestaciones o hechos no se incorporan al sistema SIGO de la Guardia Civil".  

Además, sostienen que "hasta el pasado 19 de julio de 2023, los agentes no identificaron al guardia civil testigo con pseudónimo ‘Boligrafín". Pero en base a las declaraciones de los trabajadores del prostíbulo, "tampoco lograron imágenes de los hechos al estar el circuito de vídeo vigilancia del New Borgia roto desde hace un año, y en cuanto al hospedaje en las habitaciones del club de carácter confidencial, ni el encargado ni la recepcionista pudieron precisar la fecha del delito para buscar en el registro de huéspedes, ni la descripción de la víctima –quien ya no presta sus servicios en el club– ni datos identificativos del agente de la autoridad, supuesto autor de la extorsión, ni forma alguna de pago electrónico en el establecimiento".

Un correo anónimo señala los hechos en el prostíbulo 

La UO ha solicitado ante la magistrada instructora la incoación de diligencias  previas de procedimiento abreviado que debieran ser practicadas por personas o cuerpos policiales ajenos al control del propio denunciado, el coronel Orantos. En esta línea, este colectivo en su recurso pone en valor "la existencia de un correo electrónico anónimo recibido el 31 de agosto de 2023, en relación a los hechos que derivaron hacia el delito de extorsión contra una trabajadora sexual". Es más, en el informe policial de los investigadores consta este correo anónimo –sin identificar al autor– y la toma de declaración a dos guardias civiles y a dos cabos primeros de la Agrupación de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Cantabria, además de la identificación del popular guardia civil apodado ‘Boligrafín’". 

Según el informe policial, "los hechos ocurrieron durante el fin de semana del puente de diciembre de la Constitución de 2022, cuando se celebraba la despedida por el ascenso de un cabo primero de la Agrupación de Tráfico, por lo que el agente José Miguel Muriente ‘Boligrafín’, realizó una llamada telefónica al encargado del club New Borgia –una comunicación que el prostíbulo tampoco ha aportado de su listado de llamadas al local–. Muriente comunicó al encargado del club que acudirían unos compañeros guardias civiles. Posteriormente, durante la visita de los agentes a este establecimiento, uno de ellos accedió a los servicios de una de las trabajadoras sexuales, pero poco después solicitó la devolución del pago de 50 euros al no estar conforme con el servicio, exhibiendo su placa de guardia civil, y obteniendo el reembolso económico al momento". 

Este altercado, calificado en la denuncia ejercitada por la UO como una presunta extorsión, fue recogido en diciembre de 2022 en una información reservada sobre otros hechos dirigida por el comandante Carazo –quien no esta destinado en Policía Judicial  sino comisionado para plan BEDA  de eliminación de burocracia– y el sargento Ávila cuando citaron a los trabajadores del New Borgia.

Es decir, "el conocimiento de la extorsión se produjo a raíz de otro expediente, pero no fue perseguido este delito, ni han sido capaces de incorporar estas declaraciones testificales antes de septiembre de 2023 –tras la denuncia de UO– sin la celeridad debida en diciembre de 2022, además de la contradicción entre el coronel denunciado y los instructores respecto a la inclusión de todas las indagaciones en el sistema SIGO", especifica esta asociación de guardias civiles.