Manuel Murillo Sánchez alias "el francotirador" ya tiene el veredicto de la Audiencia Nacional por su intento de atentado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 18 de septiembre de 2018 en la localidad barcelonesa de Tarrassa: Deberá cumplir como condena siete años y medio de prisión. Murillo, un vigilante de seguridad ultraderechista de 65 años, esperaba en libertad a que se celebrase este juicio –anunciado en exclusiva por elcierredigital.com– desde 2020, cuando abandonó la prisión de Brians, en la localidad de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona).
El investigador forense y criminólogo Javier Durán –que intervino en el juicio como perito de la defensa de Manuel Murillo– ha expresado a elcierredigital.com que el fusil CETME que poseía el acusado "no disparaba correctamente y no disparaba a ráfaga". A pesar de que "en el juicio este aspecto quedó reflejado", continúa Durán, "el tribunal lo ha considerado un arma de guerra". Después de la decisión de los magistrados, según el investigador, "la familia pretende acudir al Supremo".
No obstante, la Justicia ha determinado que los actos de Murillo "contaban con la persistencia, fijación y desvelada determinación" de acabar con la vida del presidente del Gobierno en 2018. Tras la primera jornada de la vista, Murillo aseguraba ante el juzgado central de Instrucción número 6 que sus afirmaciones en el chat de Whatsapp sobre su intención de matar a Pedro Sánchez se debieron a que "en aquella época estaba muy saturado, cansado del trabajo. La única válvula que tenía era comer de menú y tomar algo de vino". En el juicio afirmó que se trataban de "ensoñaciones de ir bebido".
Sin embargo, sus argumentos no convencieron al tribunal, que ha condenado al acusado a siete años y medio de prisión de los 11 y medio que pedía la Fiscalía –por un delito de homicidio en grado de proposición y siete años más por un delito de depósito de armas y municiones de guerra, al descubrirse en su domicilio varios rifles y otras armas de fuego–. En su defensa, en el mes de marzo también explicaba que "no soy militar, no soy ni francotirador, ni mercenario. Solo de un club de tiro de precisión".
Al ser preguntado por el contenido de los Whatsapp en los que se hablaba del posible asalto, Murillo se hizo el sorprendido, alegando: "Dije que era de un loco o estaría bebido, como de una ensoñación. Nunca he tenido faltas. Yo mismo me pongo las manos en la cabeza por las barbaridades que dije. Cuando bebía, con el grupo, era a ver quién la decía más gorda. No tenía intención real, ni se me pasaría decir eso. Soy sentimental, no soy un asesino".
La historia de un vigilante de seguridad franquista
Manuel Murillo Sánchez nació en la localidad barcelonesa de Rubí en 1956. Su padre, Manuel Murillo Iglesias, fue el último alcalde franquista de este mismo municipio catalán entre los años 1962 y 1977. El conocido como "el francotirador" –y ahora condenado a más de siete años de prisión– ejercía la profesión de vigilante de seguridad, por la que contaba con una licencia de armas.
Manuel Murillo, un vigilante de seguridad franquista.
Según la sentencia de los magistrados de la Audiencia Nacional, para Murillo España se encontraba "a la deriva": "Fue interiorizando que la solución pasaba por causarle la muerte al presidente del Gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo".
A pesar de que Murillo no tenía antecedentes policiales, frecuentaba ambientes ultraderechistas siguiendo los pasos de su padre, un conocido falangista durante su juventud. Otra de sus aficiones eran el tiro olímpico y el atletismo. Compitiendo para el club de atletismo de su Rubí natal, el condenado a prisión fue campeón de España en 100 km entre 1993 y 1996, e incluso llegó a participar en campeonatos europeos y mundiales.
Así fue la detención de Manuel Murillo
En noviembre de 2018 conocíamos, a través del diario Público, una noticia que se produjo el 18 de septiembre en Terrassa (Barcelona), cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron a un hombre que tenía “clara voluntad” de atentar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión basándose en el peligro que podía tener en libertad. “No le ha cabido duda al instructor de la seriedad del propósito del investigado de llevar a efecto el crimen planeado por él mismo”, aseguró en su auto.
El detenido, Manuel Murillo Sánchez, de 65 años y aficionado al tiro olímpico, explicó su intención de acabar con la vida de Sánchez en un grupo reducido de WhatsApp, formado por seis conocidos, "motivado por la decisión del Gobierno de exhumar los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos". En dicho grupo afirmó que estaba dispuesto a “sacrificarse por España” y que quería matar a “ese rojo de mierda”, sin importarle las consecuencias.
Fue precisamente una dirigente de VOX en la localidad barcelonesa de Tarrassa, quien informó a los Mossos de las intenciones de Manuel Murillo. Según informaron los investigadores, se trataría de una persona con “cierta proximidad a la extrema derecha”, pero sin estar vinculado a ningún grupo específico, por lo que lo calificaron como “lobo solitario”.
Arsenal de armas que se encontraron en el domicilio de Manuel Murillo.
En el registro de su domicilio se encontraron 16 armas de fuego, rifles y un fusil de asalto CETME. Varias de ellas habían sido modificadas por él mismo y en su vehículo llevaba dos pistolas, una de ellas también modificada. Además, tenía en casa un “lanzapatatas” de gas.
Aunque inicialmente se le calificó como de experto tirador, después se ha sabido que es un mero aficionado a las armas por su profesión de vigilante de seguridad, aunque sin empresa ni trabajo fijo y carente de todo tipo de antecedentes policiales y penales.
Una vez detenido, los Mossos informaron a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y al servicio de seguridad de La Moncloa, que dijo que la seguridad del presidente nunca se había visto comprometida. También se trasladó a la Audiencia Nacional, donde se descartó acusarle de un delito de terrorismo.
El juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa decretó el 21 de septiembre de 2018 su ingreso en prisión, acusado de homicidio con agravante de autoridad, conspiración para atentar contra autoridad con uso de arma, amenazas graves, tenencia ilícita de armas y un delito de odio. Estuvo encarcelado hasta 2020 en la prisión de Brians, en la localidad de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), que fue cuando quedó en libertad.
Después de declarar en el juicio oral ante la sala tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional en las dependencias de la calle Génova de Madrid, ahora Murillo afronta la condena de siete años y medio de prisión. Sin embargo, según comenta el investigador Javier Durán a elcierredigital.com, la familia del vigilante de seguridad "recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo".