La jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, tomó esta decisión para garantizar que se cubre la fianza requerida por la jueza a David Serrano, el propietario del terreno y único procesado en la causa judicial por la muerte del niño, que está acusado de homicidio imprudente grave.
El embargo de la propiedad se produce después de que Antonio Flores, abogado de Serrano, presentase concurso de acreedores porque está en situación de insolvencia y haya declarado no poder hacer frente al requerimiento de la jueza, que pide 885.310 euros en concepto de indemnización por las labores de rescate. No obstante, la magistrada señala que el valor de la finca es insuficiente para cubrir la totalidad de las responsabilidades civiles exigidas, ya que el valor de los terrenos es menor.
David Serrano, dueño de la finca de Totalán donde murió el pequeño Julen.
El abogado defensor, Antonio Flores, aseguró la semana pasada que David Serrano no podía “ni ahora ni en un futuro cumplir con una deuda que podría ascender a 1.500.000 euros, sumando los conceptos de responsabilidad civil y sanción administrativa”. Serrano no encuentra trabajo desde que ocurrió el accidente del pequeño Julen en su finca.
El embargo de la propiedad llegó este lunes después que durante el pasado septiembre se acordara la apertura del juicio oral contra David Serrano. La jueza acordó imputar al marido de la prima del padre del pequeño Julen al concurrir "indicios racionales en relación a la perpetración de un delito de homicidio por imprudencia grave".
El fiscal, en su escrito acusatorio, afirma que Serrano era el único conocedor de la presencia del pozo” y “a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó media alguna para evitar cualquier posible resultado lesivo, poniendo en peligro la vida de los dos menores; su propia hija y Julen, que finalmente cayó por él”.
Por esto el fiscal pide una pena de tres años de prisión por homicidio imprudente grave, mientras que los padres de Julen Roselló, que ejercen la acusación particular, elevan su petición a tres años y seis meses de prisión al apuntar a una negligencia “extremadamente grave”.