En abril de 2019 la División Económica y Técnica de la Dirección General de la Policía (DGP) ordenaba el lanzamiento de todos los vecinos de una finca que es propiedad del Estado situada en el número 1 de la Avenida Fernández Ladreda, Cádiz. Esta orden de desahucio se justificaba en que la DGP consideraba probada “la ocupación de la vivienda sin título legal para ello”. Ahora parece que la situación ha vuelto a complicarse para las personas alojadas en esta casa cuartel.
En el edificio tan solo viven cuatro personas mayores, una de ellas recurrió la orden de desahucio al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), otra es Cándida, la madre de José María Merino, el hombre que ha luchado porque estas personas mayores tengan donde vivir. Las otras dos personas son dos hombres mayores que llevan viviendo allí varias décadas y que tienen que ver cómo cada día “les invitan a irse de malas formas”.
En nombre de los vecinos José María Merino, hijo de Cándida, una de las personas mayores que viven en el edificio, denunció que habían querido desahuciarlos sin avisarles con tiempo suficiente, “querían que nos fuésemos de las casas en un periodo de diez días con lo complicado y caro que son los alquileres. Me he llegado a plantear denunciarles por acoso y por hostigamiento”.
La primera orden de desahucio y el recurso de una vecina
En octubre de 2019 agentes de la Policía Nacional se personaron en el domicilio de Cándida López, de 76 años, y le notificaron que disponía de un plazo de diez días para abandonar la vivienda en la que reside desde hace más de cuarenta años. Al igual que ella, sus cinco vecinos estaban llamados a empaquetar toda su vida e irse del edificio que, durante décadas, ha sido su hogar.
Este edificio es una casa cuartel destinada tradicionalmente a miembros de la Policía Nacional en activo. De ahí que el Estado entendiese que esos agentes, ya jubilados o cesados –e incluso en algunos casos, fallecidos–, no tenían derecho a beneficiarse de esas casas. Sin embargo, cuando se jubilaron nadie les dijo que tenían que abandonar las viviendas. Varios de los inquilinos de estas viviendas son personas mayores que quedaron viudas o viudos de exagentes de policía, por lo que el desahucio les dejaría en una situación aún más complicada.
El bloque de viviendas que pretenden desalojar.
Ninguno de los vecinos del número 1 de la Avenida Fernández Ladreda tiene título de concesión o cesión de sus hogares, que ellos recalcan que no son viviendas, "porque fueron asignados como pabellones por los que se pagaba una cantidad que se detraía de las nóminas. Hasta que se eliminaron las ayudas de vivienda y Madrid dijo que no había que pagar por los pabellones". Tal y como recogió entonces elcierredigital.com, los vecinos insistieron en seguir pagando las cuotas correspondientes. Sin embargo, desde la Dirección General de la Policía les dijeron que no tenían que hacerlo.
Pese a los intentos de desahuciar estas viviendas por parte del Ministerio de Interior el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estimó el recurso interpuesto por la viuda de un antiguo policía nacional de Cádiz y anuló la orden de desahucio que pesaba sobre su vivienda en el número 1 de la Avenida Ladreda. Este falló abrió la puerta a que otros residentes de esta casa cuartel acudiesen al tribunal andaluz para paralizar sus respectivos desahucios.
"Si no les quitaron la casa cuando se jubilaron porque lo hacen ahora"
La situación parecía haberse apaciguado tras el recurso aceptado por el TSJA, pero tal y como narra el hijo de Cándida, José María Merino, a elcierredigital.com “los problemas han vuelto a llamar a la puerta. Los policías han vuelto a la casa de mi madre y la han hostigado. Le dijeron que iban a enviar una nueva notificación para que abandone la casa, ya que en España no queda ninguna casa cuartel y están todas desahuciadas. Nos han dicho que tenemos dinero para pagar un alquiler, pero no tienen en cuenta que son personas jubiladas y mayores”.
“Ahora el procedimiento de desahucio viene a mi nombre, es decir, me están usando como cabeza de turco para echar a la calle a personas mayores que no pueden trabajar y que tienen unos ingresos muy reducidos. Tras la resolución del TSJA han elaborado un nuevo procedimiento. Es muy injusto que quieran quitarles esas casas cuando llevan 25 años jubilados, si no se las quitaron cuando se jubilaron no entiendo por qué se las tienen que quitar ahora”; añade José María Merino.
El hijo de una de las afectadas señala que esta situación “ha provocado que mi madre se vaya a vivir a casa de mis hermanas. Mi madre tiene cáncer y está viviendo los últimos años de su vida, me parece muy injusto que los tenga que vivir con ansiedad por estar pendiente de que todos los días se personen policías y le quieran quitar la vivienda donde ha estado tantos años".
“A los hijos nos da igual no disponer de estas casas, lo único que queremos es que las personas mayores que viven allí puedan permanecer en las que han sido sus casas hasta que fallezcan. Lo que más duele es que nos llamen okupas, cuando fue la misma policía la que dio las casas a estas personas. El problema que hay es que el suelo es del ayuntamiento y las casas son de la policía. Ambos buscan sus propios intereses y ninguno se preocupa por las personas mayores”; concluye José María Merino.