La última aventura del 'Pequeño Nicolás': Monta una bronca en un restaurante y acaba en comisaría

La Policía Nacional detuvo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El pequeño Nicolás', tras un incidente en un restaurante el pasado martes 19 de noviembre. Según ha podido saber elcierredigital.como, el polémico joven acudió a cenar un restaurante venezolano situado en el número diez de la madrileña calle Orense. 

Tanto Gómez Iglesias como su amigo daban muestras de estar muy animados. Tras terminar la cena, el polémico joven comenzó a elevar el tono de voz hacia una camarera, exigiendo saber dónde estaba su teléfono móvil. Al no recibir una respuesta satisfactoria éste supuestamente expresó su voluntad de llevarse varios vasos. En ese momento hizo acto de presencia el dueño del restaurante conminando a los jóvenes a cambiar su actitud e irse del local. 

En ese momento Nicolás Gómez Iglesias agarró un cuchillo de la mesa, aunque no intentó agredir a nadie. Hubo un forcejo con un camarero. El trabajador está de baja y tiene un parte de lesiones por los arañazos sufridos en la muñeca.  De hecho hasta el lugar acudió una ambulancia básica del Samur-Protección Civil, cuyos sanitarios atendieron a las 22.33 horas a los dos heridos por contusiones menores, de las que no requirieron traslado al hospital, según informó un portavoz de Emergencias Madrid.

Cuando la Policía se personó en el lugar el 'Pequeño Nicolás' no estaba pero sí su amigo que se enfrentó a los agentes. Éste fue detenido junto a Gómez Iglesias que se encontraba en las inmediaciones del local. Fueron llevados a comisaría y de ahí al juzgado correspondiente. De momento, el polémico joven está libre y sin que se le acuse de nada, pero la Policía ya ha iniciado una investigación. 

El 'Pequeño Nicolás' en un juicio. 

Esta es, a día de hoy, la última aventura del 'Pequeño Nicolás' quien aún tiene pendiente un juicio por el conocido como 'Caso Ribadeo', tras su fracaso en el intento de convertirse en eurodiputado.

Un futuro judicial incierto

El juicio contra el polémico joven por el conocido como caso Ribadeo se suspendió en la sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid el lunes 20 de mayo de 2019 ante la renuncia de su abogada. 

La abogada Ana Blanco Vázquez de Prada, que se hizo cargo de la representación legal del joven pocas semanas antes, presentó su renuncia a la defensa del ‘Pequeño Nicolás’ “por presiones indirectas que afectan al libre ejercicio" de su libertad profesional en el mencionado procedimiento y que “ponen en riesgo ejercer de manera correcta la defensa del acusado”. La letrada pidió a los jueces el aplazamiento para que el nuevo abogado del joven pueda estudiar el caso. Se trata de la misma letrada que llevó la defensa de la doctora y dermatóloga Elisa Pinto en la causa por una supuesta agresión cometida por el excomisario José Manuel Villarejo y por el presunto acoso y chantaje del empresario Javier López Madrid. 

Ana Blanco Vázquez de Prada no es la única abogada que le ha abandonado. En febrero pasado, la letrada María Victoria Vega renunció a también a su defensa. Esta abogada había representado hace algo más de un año a Gómez Iglesias en el caso en que el Centro Nacional de Inteligencia le acusaba de injurias por decir públicamente que el organismo dirigido por el general Félix Sanz Roldán pinchaba teléfonos sin orden judicial a él y a muchos españoles.

'Pequeño Nicolás' con el lazo amarillo independentista en TV3. 

Vega ganó el procedimiento y logró que Gómez Iglesias fuera absuelto, pero le abandonó tras lo que denominó “payasada”. A la abogada no le gustó que el pequeño Nicolás apareciera en un programa de TV3 con un lazo amarillo en la solapa en apoyo a los políticos independentistas procesados. Y antes de ella, hubo más. los abogados Víctor Sunkel e Israel Paz renunciaron también a la defensa del pequeño Nicolás en marzo de 2017. Pero no explicaron las razones.

El viaje a Ribadeo con escoltas

Los hechos por los que aún tiene el ‘Pequeño Nicolás’ una cita en los juzgados tuvieron lugar en 2014, momento “de máximo apogeo” del pequeño Nicolás en su frenética actividad social. Gómez Iglesias contactó presuntamente con el entonces presidente de transportes Alsa, Jorge Cosmen, para concertar una reunión haciéndose pasar por representante de la Casa Real y de la Vicepresidencia del Gobierno. Dicha cita sería el día 13 de agosto en un restaurante de Ribadeo, en Lugo. El pequeño Nicolás dijo que acudiría una personalidad importante de la Casa Real.

El fiscal considera que el 'pequeño Nicolás' contactó con el policía Jorge González Hormigos, a quien ya conocía, le explicó su intención de hacerse pasar por un cargo público similar a un enlace entre la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real, por lo que le pidió que proporcionara los medios policiales necesarios para llevarlo a cabo. Hormigos, supuestamente habría actuado como escolta. Seguidamente, dicho agente contactó con otro colega, Carlos Pérez López-Dávila, para que se uniese al plan.

El joven alquiló cuatro vehículos de alta gama con sus conductores y falsificó dos acreditaciones del Ministerio del Interior, según la Fiscalía. La comitiva llegó a Ribadeo con toda la parafernalia, agentes armados, pinganillos y sirenas en los vehículos, y tras ser escoltados por la Policía Municipal de la localidad la comida se celebró sin que acudiese nadie de la Casa Real. La Fiscalía sostiene que Gómez Iglesias pagó al policía Jorge Hormigos 2.000 euros, y éste, 400 a Carlos Pérez.

El 'Pequeño Nicolás' a la salido de los juzgados de Madrid. 

Durante la comida con Cosmen, incluso Gómez Iglesias, según el relato de la Fiscalía, fingió hablar por teléfono con la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien decía representar.

Por todo esto, la Fiscalía pide para 'el pequeño Nicolás' siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho activo. Para cada uno de los policías, Jorge González Hormigos y Carlos Pérez López-Dávila, solicita cuatro años y dieciocho meses de prisión y multa de 4.500 euros por los delitos de usurpación de funciones públicas y cohecho pasivo.