18 de octubre de 2021
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FIN DE SEMANA

Las luces estarán conectadas a Tráfico a través de un GPS, lo que permitirá saber dónde se encuentra un coche en caso de accidente o de avería

La DGT cuela un gasto oculto a los conductores con la nueva luz de emergencia con geolocalizador

La nueva reforma que la DGT lleva a cabo sobre la Ley de Seguridad implica costes añadidos irrecusables para todos los conductores en España. La señal luminosa V-16, obligatoria a partir de 2026, tendrá que incorporar un sistema de geolocalización que rastreará la ubicación del coche en caso de avería. La nueva exigencia no solo hará subir el precio de venta de este tipo de dispositivos, sino que además los usuarios tendrán que pagar durante doce años los gastos de conectividad asociados.

La nueva reforma que la Dirección General de Tráfico (DGT) está llevando a cabo sobre la Ley de Seguridad para alcanzar el objetivo de "cero víctimas en accidentes en 2050" no solo agravará las sanciones para las conductas de riesgo, además implica costes añadidos obligatorios para todos los conductores en España.

En un principio, la nueva Ley de Tráfico establecía que los triángulos de emergencia, obligatorios en España desde 1999, podrían ser reemplazados por las luces V-16 de manera voluntaria desde el próximo 1 de julio y de forma obligatoria en 2026. La luz V-16 es un pequeño dispositivo que cuenta con un reflector parabólico y un emisor de luz LED en su interior que emite señales visibles en todas las direcciones en un radio aproximado de un kilómetro, incluso en situaciones de baja visibilidad. Mediante un anclaje magnético permite su acople en el techo del vehículo y no obliga al conductor a apearse para su instalación, lo que lo dota de una mayor seguridad respecto a los triángulos, para cuya colocación sí es necesario caminar por la vía. Su coste, hasta el momento, no superaba los 30 euros.

Luz de emergencia sobre el techo de un coche. 

No obstante, con la aprobación Real Decreto 159/2021, de 16 de marzo, el pliego técnico de homologación ha cambiado, y los únicos dispositivos luminosos de emergencia admitidos serán aquellos que, además, incorporen un sistema de geolocalización y comunicación conectado con el Centro de Nacional de Tráfico y Movilidad, un servicio que, sin embargo, todavía no está activo. Los dispositivos, por lo tanto, ahora deberán incluir entre sus características una tarjeta SIM, detección GPS y una serie de sofisticaciones técnicas que en la práctica permitirán la teledetección del vehículo una vez se active la señal de emergencia. Es decir, la posición solo será registrada si la baliza está encendida, y no en todo momento. 

Para ello, la normativa fija que, cuando se compra un dispositivo V-16, “el coste de las comunicaciones estará incluido en el precio de venta al público y estas se garantizarán durante al menos doce años” por lo que, además del propio dispositivo, los conductores deberán sufragar una conexión que permita que la transferencia de datos se efectúe de manera óptima, y deberán hacerlo para un periodo superior a una década. De la norma se extrae que, cada vez que un usuario adquiera una baliza luminosa de este tipo, tendrá que hacer frente a los costes de conectividad con el servidor durante doce años de forma obligatoria e independientemente de si ya ha adquirido un nuevo dispositivo.

De este modo, la baliza V-16 enviará las coordenadas de ubicación a la DGT 3.0, una plataforma que permite mantener conectados en tiempo real a los distintos usuarios de la vía a través de la información del tráfico, unos avisos que también se trasladarán a los paneles de mensaje variable con el fin de advertir de la incidencia y de la distancia a la que se encuentra el vehículo detenido. Tal y como puede leerse en el Real Decreto “la información sobre la ubicación del vehículo accidentado se enviará cada cien segundos y dejará de enviarse una vez se haya remitido la información de desactivación”.

La medida, que resulta mucho más compleja e impone a los ciudadanos un desembolso económico hasta ahora desconocido, ya ha suscitado las primeras críticas y no son pocos los conductores que ponen en duda el aspecto de la privacidad. Desde la DGT han aclarado que la información recogida será anónima. Sin embargo, todavía no existe un protocolo para su tratamiento. Es más, la disposición final tercera del Real Decreto fija un plazo de un año para que la DGT apruebe “el protocolo y el formato de envío de los datos requeridos por parte de los servicios de auxilio en carretera y de la señal V-16 a los efectos de su publicación en el punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad”.

Asimismo, las especificaciones del Gobierno incluyen exigencias en materia de batería y potencia. De este modo, los aparatos deben emitir una luz de “entre 40 y 80 candelas efectivas” durante al menos 30 minutos y “la alimentación del dispositivo será autónoma a través de una pila o batería que deberá garantizar su uso al cabo de 18 meses”.

Una retahíla de nuevas imposiciones que, sin duda, encarecerán significativamente el precio de venta de este tipo de dispositivos. Si las luces V-16, antes de las nuevas especificaciones, tenían un coste asumible, con las nuevas exigencias su precio podría dispararse hasta los 150 euros. También para los fabricantes, que tendrán que desechar los modelos que hasta ahora estaban homologados por la DGT pero que, con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, han dejado de tener validez. De hecho, en caso de que el conductor ya cuente con una baliza luminosa, antes de 2026 deberá obligatoriamente cambiarla por una que cumpla con los nuevos requisitos.

Un gasto que suma a la larga lista de obligaciones económicas a las que deben hacer frente los conductores y que perjudican a un sector automovilístico que ha visto como en el último trimestre las ventas de coches han caído a niveles de hace ocho años.

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