Siguen introduciéndose móviles en las cárceles españolas a pesar de su prohibición

Un total de  10.275 teléfonos móviles se han incautado en las prisiones españolas en los últimos cinco años. Se trata de  objetos prohibidos dentro de las cárceles pues pueden utilizarse por bandas organizadas o acusados de violencia de género para continuar cometiendo el delito, lo que los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, originando un auténtico mercado negro, según denuncia ACAIP.

El año 2019 fue el de mayor número de aprehensiones, con un total de 2.585 móviles incautados, cifra que ha marcado una tendencia constante durante 2020 y 2021. Los centros penitenciarios de Algeciras y Málaga, con cerca de 700 terminales cada una, lideran el número de confiscaciones por parte de los trabajadores penitenciarios.

El sindicato subraya el trabajo que realizan los funcionarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos. En muchos casos, son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones. “Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas y relacionadas con el narcotráfico”, afirma el sindicato.

Los escondites más insólitos

Según relata ACAIP-UGT, el uso de los teléfonos puede generar deudas entre los internos e incidentes por el control de estos, afectando al ambiente penitenciario. Por ello, se dedica un gran esfuerzo para decomisarlos ya que la mayoría se camuflan fácilmente por su reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico.

Y es que, según declaran las fuentes sindicales, se pueden encontrar en los lugares más insospechados, como es el interior de las suelas del calzado, de los botes de refresco o en los productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos que requiere de suficiente personal con formación especializada.

"Con más de 3000 vacantes, y una relación de puestos de trabajo en los centros que no se corresponde con las necesidades reales de los mismos, es casi imposible realizar todas las funciones encomendadas a cada uno de los empleados públicos penitenciarios", manifiestan desde el sindicato.

Para cumplir el mandamiento constitucional de reinserción y reeducación es imprescindible una convivencia ordenada dentro de las prisiones, y la introducción de objetos prohibidos perjudica gravemente el funcionamiento normal de un centro penitenciario por lo que son precisos los medios materiales y humanos suficientes, por un lado, para evitar su entrada, por otro, para realizar el control en el interior.

Para cumplir con estas necesidades, también se exige el correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y que se adapten a las nuevas tecnologías, limitando de este modo las posibilidades de uso de los terminales, reduciendo su utilidad y evitando el comercio ilícito. 

Desde ACAIP_UGT insisten en la necesidad de ocupar todas las vacantes, además de adaptar el organigrama de los centros penitenciarios a las nuevas formas de delincuencia. Y piden retomar la negociación de la Ley de Función Pública Penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.