Semana negra de agresiones en cárceles españolas: El motivo de su 'falta de seguridad'

Esta semana, se han producido agresiones graves en al menos cuatro centros penitenciarios: Alicante II (Villena), Sevilla I, Asturias y Madrid VII (Estremera). Según denuncia el sindicato ACAIP, al menos ocho funcionarios han sufrido lesiones de diversa consideración. Por ello, ha sido necesaria su atención médica y la activación de protocolos de accidente biológico.

Tal y como expone ACAIP, estos hechos no son aislados. "Son reflejo de una realidad estructural que afecta al sistema penitenciario español", señalan. Entre los mayores problemas enumeran la "masificación, falta de personal (especialmente sanitario), deterioro estructural, ausencia de respaldo institucional y aumento de la violencia interna".

Desde ACAIP-UGT, advierten desde hace años que "esta situación no solo pone en riesgo a los trabajadores, sino que compromete seriamente la seguridad de los centros. Además de la propia función rehabilitadora del sistema.

Denuncian una violencia creciente y normalizada

En Villena, con una ocupación del 150%, cuatro funcionarios fueron brutalmente agredidos por un joven interno extremadamente violento. El preso está a punto de recuperar la libertad. Mientras, en Estremera, señalan que un interno propinó un cabezazo al jefe de servicios provocándole una fuerte hemorragia nasal.

En Sevilla I, una trabajadora sanitaria recibió un puñetazo de un interno reincidente, el mismo que semanas antes había golpeado a otra funcionaria. Y en Asturias, dos funcionarios resultaron lesionados tras una pelea multitudinaria, sin que mediara provocación. Ambos permanecen de baja.

Tal y como insiste ACAIP, este patrón de violencia "se repite con demasiada frecuencia". En los últimos dos años, más de 1.000 funcionarios han resultado agredidos en los centros dependientes de la Secretaría general de Instituciones Penitenciaras. "Cifras muy elevadas a pesar del deleznable esfuerzo de la administración en maquillar las estadísticas de conflictividad", denuncian. En la última década, las agresiones a personal han aumentado un 53,49 %, según datos del Portal de Transparencia.

Causas profundas: Señalan 'falta de personal y deterioro estructural'

Desde ACAIP-UGT señalan como causa estructural el déficit de personal médico. "Más del 72% de las plazas de facultativos están vacantes en los centros dependientes de la SGIP", aseguran. Además, recalcan el problema de la sobreocupación y clasificación “buenista” de internos que agravan la tensión en módulos sin capacidad real. Esta, según denuncian, está "auspiciada por las instrucciones de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social, con Miguel Ángel Vicente Cuenca al frente.

También apuntan como causa estructural de estas agresiones la formación insuficiente y protocolos de agresión ineficaces. Algunos de estos protocolos, aseguran, son "directamente boicoteados por algunas direcciones, que presionan para evitar su activación y maquillar las estadísticas". Por último, destacan un desgaste estructural de los centros y carencias materiales que impiden un trabajo seguro.

Mientras los trabajadores penitenciarios son "amenazados, lesionados y olvidados por la Administración", ACAIP denuncia que "algunos medios difunden informaciones que presentan al colectivo como corrupto o privilegiado". Desde ACAIP-UGT, "rechazamos rotundamente esta visión estigmatizadora, basada en declaraciones interesadas, casos aislados y sin contextualización".

El sindicato defiende que "no se puede generalizar ni atacar a un colectivo de más de 24.000 trabajadores por las presuntas conductas individualizadas de unos pocos. Máxime cuando los empleados públicos penitenciarios realizamos nuestra labor en condiciones extremas, con vocación de servicio público y sin las herramientas necesarias de protección nosotros mismos ni para los internos".

Las exigencias de los funcionarios de prisiones

En un comunicado al que ha tenido acceso elcierredigital.com, ACAIP-UGT recoge varias de sus reivindicaciones más urgentes.

-Reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una medida con amplio respaldo político bloqueada por intereses partidistas.

-Contratación inmediata de personal sanitario y refuerzo de plantillas, sanitarias.

-Revisión realista de los protocolos de agresión, eliminando presiones y manipulaciones estadísticas.

-Fin de la política de “buenismo mal entendido”, que fuerza progresiones de grado por criterios de imagen en lugar de comportamiento real.

-Rechazo rotundo a la criminalización colectiva: pedimos un trato justo y proporcional en los medios, que refleje la realidad completa y compleja del trabajo penitenciario.

Mientras tanto, ACAIP-UGT asegura que seguirá denunciando "cada agresión y cada intento de silenciar esta realidad". Y concluye: "La sociedad debe conocer lo que realmente ocurre dentro de los muros de nuestras prisiones. Trabajadores públicos desbordados, sin medios, sin reconocimiento y ahora, además, estigmatizados".