Juristas contra el 'clientelismo político' en instituciones

Más de 100 personalidades de diversos entornos sociales y políticos han respaldado el manifiesto por la mejora institucional que ha elaborado la Fundación Hay Derecho  con motivo de las elecciones generales del 23-J. Este documento propone diez medidas concretas destinadas a erradicar el clientelismo político en las instituciones, al tiempo que busca fortalecer su profesionalidad y neutralidad.

El manifiesto ha recibido el respaldo de más de  1000 juristas, académicos y activistas sociales, quienes han estampado su firma en el documento. Además, se ha abierto la posibilidad para que los ciudadanos preocupados por el deterioro institucional también puedan sumarse a esta iniciativa.

“La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por centenares de personas que reclaman que las instituciones estén al servicio del interés general y no de intereses partidistas. Cualquier política pública debe desarrollarse sobre un sistema sano y fuerte en el que se respeten los mecanismos de control entre poderes del Estado y la gestión pública esté al servicio de la ciudadanía”, asegura Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

La fundación, a través de su manifiesto, propone reducir el progresivo deterioro de las instituciones debido a su creciente politización. Este fenómeno ha generado una falta de profesionalidad y neutralidad en su funcionamiento, lo que a su vez ha limitado su capacidad para desempeñar eficazmente sus funciones.

Este debilitamiento institucional se ha hecho más evidente en nuestras Administraciones Públicas, donde se ha constatado una disminución gradual en la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ha llevado a una pérdida generalizada de confianza por parte de la ciudadanía. Por esta razón,  "es crucial abordar estos desafíos, ya que el buen funcionamiento de las instituciones es vital para el correcto desarrollo de una democracia saludable y para garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos", alegan estos juristas firmantes.

Por su parte Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho, cree que “gobierne quien gobierne va a tener que acometer mejoras. No solo se trata de preservar la neutralidad de las instituciones de acuerdo con el mandato constitucional, sino también su capacidad para cumplir con los fines que a cada una de ellas le asigna la Ley, ya hablemos del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado, del Tribunal Constitucional o de cualquier institución o ente público. Los partidos políticos no pueden colonizar todas y cada una de las instituciones de este país, porque se pierde en capacidad y se pierde en confianza.”

El manifiesto de Hay Derecho, que ha sido remitido a los partidos políticos con el objetivo de solicitar su compromiso en su implementación, destaca 10 puntos clave para mejorar nuestras. Estas propuestas incluyen reformas en la ley de partidos, la renovación y reforma del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de acuerdo a los estándares europeos, la despolitización y autonomía de la Fiscalía General del Estado, así como la profesionalidad y neutralidad de las instituciones de contrapeso y los medios de comunicación públicos.

Además, el manifiesto enfatiza la necesidad de llevar a cabo reformas en las Administraciones Públicas, implementar la evaluación de políticas públicas, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, y revitalizar el Poder Legislativo. Y es que al enfocarse en áreas clave, como la separación de poderes, la autonomía judicial y la transparencia en la gestión pública, el manifiesto aspira a generar un cambio positivo y duradero en beneficio de la sociedad.

Los diez puntos del Manifiesto

-El primer punto sobre los partidos políticos propone modificar la legislación de partidos políticos para mejorar la democracia interna con contrapesos adecuados y establecer sanciones rápidas y efectivas en casos de incumplimiento de la normativa.

- El segundo dirigido al poder judicial destaca la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante la elección de candidatos óptimos y consensuar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de acuerdo a las recomendaciones europeas.  El objetivo es fortalecer la independencia y eficacia del Poder Judicial en el sistema de justicia del país.

- En el tercer punto y para mejorar la Fiscalía General del Estado se propone una selección del fiscal general del Estado entre juristas competentes sin vínculos políticos. Además, se busca reformar el período de mandato para desligarlo del ciclo electoral. También se plantea establecer límites y contrapesos a los poderes del fiscal general en nombramientos, ceses y promociones, y se exige transparencia en todas las decisiones.

- En el cuarto apartado se proponen medidas para fortalecer el Poder Legislativo.  Entre ellas se encuentran la restricción de decretos-leyes a casos constitucionales, revitalizar las sesiones de control parlamentario, regular los lobbies y garantizar transparencia en los informes legislativos.  También se busca reformar el Reglamento del Congreso para asegurar un proceso legislativo más garantista y transparente.

- En el quinto se busca garantizar la neutralidad y profesionalidad de las instituciones de contrapeso. Se propone una ley para asegurar la publicidad de las vacantes y procesos de selección competitivas, periodos de mandato independientes de los ciclos electorales, restricciones a las "puertas giratorias" y mayor transparencia y rendición de cuentas. El objetivo es fortalecer la integridad y eficiencia de estas instituciones.

- En el sexto lugar, para fortalecer la lucha contra la corrupción se sugiere reforzar los controles preventivos con funcionarios independientes y la publicidad de sus informes. Se busca eliminar cargos electos y políticos en las mesas de contratación pública, establecer incentivos y sanciones en la contratación, proteger a los denunciantes de corrupción, mejorar la rapidez en la investigación y enjuiciamiento de cancelar delitos, el alcance del aforamiento en casos de corrupción contra dirigentes gubernamentales.

- La séptima medida propuesta en el manifiesto se refiere a las administraciones públicas y la dirección pública profesional. El manifiesto propone aprobar una nueva ley de función pública que garantice la dirección pública profesional. En él se habla sobre diversas acciones específicas como el desarrollo de un estatuto del directivo público o la limitación al máximo de los puestos de libre designación y publicación de las vacantes cuando las haya en otras muchas propuestas.

- En la octava se plantea el establecimiento de mecanismos efectivos de revisión de políticas públicas tanto antes como después de su implementación. Se busca diseñar estas políticas extremas basadas en la evidencia y los datos disponibles, promoviendo así la transparencia en el proceso de evaluación.

- En el noveno punto se presentan unas medidas para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones. Esto incluye modificar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, establecer el acceso a la información pública como un derecho fundamental, implementar sanciones efectivas por incumplimiento, fortalecer los órganos de garantía de la transparencia y exigir responsabilidades a los dirigentes de entidades opacas.  También se busca mejorar el acceso a la información pública mediante la reforma de la ley de secretos oficiales.

Por último en el décimo apartado se incluyen propuestas para promover la transparencia en la publicidad institucional, despolitizar los medios de comunicación públicos y fortalecer el espacio cívico a través del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil. Estas medidas buscan garantizar una comunicación imparcial y promover una mayor calidad democrática y el respeto al Estado de derecho.