Juez del crimen de la viuda de la CAM: 72 horas para decidir si envía caso a juicio

El caso del crimen de Maria del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, tuvo el martes uno de sus últimos capítulos, en el Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante.   Ahora le toca a José Luis de la Fuente, juez instructor, decidir en las próximas 72 horas si eleva el procedimiento a la Audiencia Provincial de Alicante para el inicio de juicio oral con jurado o decide archivar la causa por falta de pruebas.

Tanto el ministerio público como la acusación, que ejerce su cuñado e hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala Martínez, solicitaron una pena de 23 años por un delito de asesinato y 18 meses más por tenencia ilícita de armas durante la vista del martes, en total 24 años y medio de cárcel.

El acto duró tres horas y todas las  partes defendieron sus argumentos, en el caso de la Fiscalía y la acusación particular basados en los informes policiales.  Sin embargo, la defensa de Miguel López, ejercida por el abogado Javier Sánchez-Vera, refutó todos los indicios contra su cliente y pidió el archivo de las actuaciones, tal y como hemos venido contando minuciosamente en El Cierre Digital durante las últimas semanas.

En este acto previo no estuvo la acusación particular que se personó en nombre de las hijas del matrimonio y que en su momento fue apartada del caso por el juez ante la inacción, al entender las cuñadas de Miguel López, que no había motivos para acusarlo. Tanto la esposa de López, Eva Fuensanta a Sala Martínez, Fany, como sus hermanas María Antonia y María del Mar, consideran a López inocente y por eso decidieron no continuar adelante con el procedimiento en su contra.

María del Carmen Martínez, de 72 años, falleció el 9 de diciembre de 2016, minutos después de recibir dos disparos en la cabeza a corta distancia en el lavadero del concesionario de coches Novocar, propiedad de la familia y que administraba entonces el único acusado, Miguel López, que fue detenido en febrero de 2017 acusado de ser el autor material del crimen, aunque tras 40 días de prisión quedó en libertad al depositar una fianza de 150.000 euros.

La Policía sostiene que el móvil del asesinato fue la guerra por el control de las empresas familiares, en especial de Samar Internacional SL, del sector del plástico, que fundó el fallecido expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).  Sin embargo, la pelea por el control de las empresas se terminó hace unos meses con un pacto entre todos los hermanos,  por el que las mujeres de la familia vendieron su parte al primogénito, Vicente. Pero este supuesto móvil ya quedó descartado por la defensa de López, al explicar que el acusado está casado en separación de bienes y, por tanto, nunca podría acceder a la herencia de su esposa.

La Policía también acusó a López de estropear a propósito las cámaras de vigilancia del lavadero de su propiedad donde se produjo el crimen. Sin embargo, el abogado del acusado demostró que en ese lugar jamás hubo cámaras de video y presentó el informe de una empresa especializada que dijo que "en las instalaciones de Novocar nunca han dispuesto de cámaras de vídeovigilancias", tal y como ya informó en su día El Cierre Digital.

El juez dispondrá ahora de 72 horas para decidir si Miguel López, el único encausado, se enfrenta a un jurado popular o se sobresee la causa.