El Cierre Digital Carmen Expósito, la edil de Vox que elude celebrar bodas civiles en Canarias
Esta concejala del Ayuntamiento de Las Palmas lleva más de un año evitando celebrar enlaces LGTBI
Una controvertida práctica protagonizada por una edil de Vox ha escalado desde una simple declinación funcional hasta convertirse en motivo de debate político. La protagonista es la concejala Carmen Expósito, representante de Vox en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expósito se encuentra desde hace más de un año incluida en el listado oficial de ediles encargados de oficiar ceremonias civiles. Sin embargo, no ha celebrado ninguna.
Durante este tiempo ha delegado esa responsabilidad en un compañero. Ante el reciente cambio normativo que vincula un complemento económico a dichas funciones, su decisión ha reavivado la polémica.
En octubre de 2023, los concejales de Vox en varios municipios —como Valencia— iniciaron una declinación sistemática para oficiar bodas civiles. Alegaron falta de competencias ejecutivas y libertad personal. En Valencia, la práctica llevó al PP a asumir dichos turnos para asegurar la continuidad de las ceremonias.
En Las Palmas de Gran Canaria, el asunto adquirió tintes particulares. La alcaldesa socialista, Carolina Darias —exministra del Gobierno de Pedro Sánchez— incluyó a la edil de Vox, Carmen Expósito, en los listados de representantes habilitados para oficiar bodas civiles.
Expósito no se ha presentado en ninguna ceremonia, en su lugar, ha delegado en un compañero de partido desde entonces. No obstante, el Ayuntamiento introdujo hace poco una retribución específica ligada a esta responsabilidad. Algo que ha generado críticas al no haber modificado su comportamiento pese al incentivo económico.
Expósito defiende que su ausencia física en los actos no equivale a un incumplimiento. Argumenta delegar sus responsabilidades en compañeros igualmente competentes.
Vox refrenda esta posición, alegando que cada concejal puede asignar sus funciones a otro, sin obligación de estar presente personalmente. Sin embargo, diversos sectores señalan que su negativa a celebrar bodas tiene que ver con las uniones LGTB.
Según Vox, la negativa no responde a ideología o convicciones religiosas, sino a una decisión personal amparada por la libertad de la función pública. Para los de Abascal, si no se ejercita la función de oficio de modo obligatorio, tampoco debe penalizarse a quien decide delegar voluntariamente.
Desde Vox, aseguran que su conducta se sostiene en la “libertad individual” del representante, más que en cualquier posicionamiento moral o político.
Las reacciones al caso
El PSOE y los partidos de izquierda han criticado duramente la actitud de Vox. Señalan que al estar en nómina pública, Expósito debe cumplir no solo con las delegaciones normativas del reglamento municipal, sino también con expectativas ciudadanas de representación y servicio directo.
El grupo socialista en Las Palmas considera que la reclasificación de la función como retribuida añade más presión al debate. "Si se cobra por ello, la responsabilidad personal no puede eludirse con delegaciones constantes", arguyen fuentes municipales.
Por su parte, desde el PP —que también participó en el gobierno municipal de Valencia y Málaga— se adoptó la vía pragmática. Decidieron cubrir los turnos asignados a Vox mediante concejales del PP, garantizando así el procedimiento sin cuestionar la normativa.
El Marco Legal
La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ampara la designación de concejales para funciones específicas por delegación del alcalde. El Código Civil permite la participación de concejales en las bodas civiles. Con todo, el reglamento interno del Ayuntamiento de Las Palmas establece la posibilidad de percibir una gratificación económica por estas ceremonias, aprobada en 2025.
Dado que no existen sanciones explícitas por ausencia u omisión, el ayuntamiento ha decidido mantener a Expósito en la lista de representantes. Debido especialmente a su designación formal. No obstante, el cobro del complemento ha sido transferido al edil que realmente oficie en su sustitución, evitando conflicto administrativo.
La práctica genera confusión. Aunque las bodas se celebran, la diferencia entre el listado oficial y la persona que oficia puede desorientar a algunas parejas.
Existe una creciente demanda de coherencia entre responsabilidad y retribución pública. La figura de una edil ausente —remunerada indirectamente— suma críticas al discurso sobre la ética de la función pública.
Posicionamientos internos
Vox expone que las delegaciones son actos válidos y que Expósito cumple con la obligación legal, sin exigencia de presencia física. Defienden su derecho a decidir sobre su implicación personal.
El PSOE insiste en que la percepción pública tras la retribución debe haber impulsado a Expósito a participar. Admiten la legalidad de la delegación, pero consideran que la moral pública exige al menos una ceremonia propia al año, especialmente tras el cambio normativo.
Fuentes cercanas a la alcaldesa Carolina Darias destacan que su intención fue garantizar pluralidad en la representación. No obstante, se está evaluando modificar los listados o adoptar un sistema rotativo obligatorio.
Vox y su postura ideológica
Vox ha rechazado en múltiples ocasiones que las uniones entre personas del mismo sexo se consideren “matrimonio”. Las ha calificado de “retrógradas” y se ha posicionado en contra de la adopción homoparental.
También ha promovido leyes para proteger la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Pero no ha hecho lo mismo en el ámbito de la administración local.
Esta aparente incoherencia estratégica: defender objeción en sanidad, pero no formalizarla en el ámbito civil, sugiere una postura ideológica más que una defensa jurídica coherente, como señalan varios expertos constitucionalistas.
El caso de Carmen Expósito revela la tensión entre las convicciones individuales y el deber institucional en una democracia moderna. La inacción de la edil y la falta de respuesta oficial del partido complican resolver un conflicto que, aunque parece administrativo, tiene importantes implicaciones políticas, legales y éticas.
Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa garantizando el servicio a las parejas que desean casarse. Sin embargo, el debate sobre los límites de la objeción de conciencia y el compromiso de los cargos públicos con el servicio a toda la ciudadanía sigue abierto.
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