18 de agosto de 2022
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FIN DE SEMANA

Tres agentes y una secretaria judicial han exigido a la periodista que cubre información sobre ese caso que entregara toda la información que tuviera

La Policía requisa ordenadores y un móvil en la sede de Europa Press Baleares por una información sobre el caso Cursach

Policía Local de Mallorca.
Policía Local de Mallorca.
La redactora que ha llevado a cabo esa investigación se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado la posibilidad de contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, la Policía se ha llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Agentes de la Policía Nacional se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press para requisar documentación y equipos corporativos y personales, en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares.

Tres agentes y una secretaria judicial han entregado en la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregase cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.

Pie del elemento

Bartolomé Cursach / Europa Press.

La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes le han negado contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por ello, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de una filtración.

Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada y la empresa reitera su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes, además de lamentar este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.

Ocio nocturno

Este caso se refiere al rey del ocio nocturno en Baleares, Bartolomé Cursach, también conocido como Tolo, un hombre muy poderoso que supuestamente se beneficiaba de sus numerosos contactos entre las autoridades para actuar a sus anchas. Las investigaciones se iniciaron hace años, aunque fue en 2017 cuando todo se precipitó y se llegó incluso al centenar de imputados salpicados por esta cuestión.

Y es que al parecer Cursach llevaba beneficiándose de la protección policial y política desde hacía más de veinte años y tras ese tiempo el caso comenzó a arrojar luz. Presuntamente, Tolo se aprovechaba de policías y políticos a los que premiaba con prostitutas, fiestas y drogas a cambio de que éstos obviaran muchas de sus prácticas.

Rechazo a la incautación

 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Agrupación de Periodistas de UGT han manifestado su apoyo Europa Press Baleares y al Diario de Mallorca, que también se ha visto afectado por los registros, tras la incautación de documentación y equipos corporativos y personales efectuada por agentes de la Policía Nacional para determinar el origen de una filtración periodística.

En este sentido, la PDLI ha recordado a los profesionales que "los investigados (imputados) no tienen obligación de desvelar las contraseñas de sus dispositivos". "El derecho al silencio y al secreto profesional es irrenunciable para cualquier periodista y un pilar básico de la libertad de prensa", ha añadido.

La plataforma ha rechazado además "cualquier tipo de presión y amenaza contra periodistas o medios en el ejercicio de su función de ofrecer información veraz y relevante a la ciudadanía".

Desde la Agrupación de Periodistas de UGT, su coordinador estatal, Mariano Rivero, ha indicado que el derecho profesional a no revelar las fuentes está para proteger a las fuentes y a los periodistas "de las administraciones, de los grupos políticos". "Rechazamos este registro que ha hecho la policía y mostramos todo nuestro apoyo", ha zanjado.

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