La Policía rastrea en España el dinero expoliado por el exviceministro de Energía del Gobierno de Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos aportó a los investigadores españoles, el pasado mes de octubre, documentación de varios empresarios venezolanos que fueron procesados por delitos de corrupción y blanqueo, en el marco del proceso abierto sobre PDVSA. Estos informes contribuyeron a que la Fiscalía Anticorrupción española ahondase en la investigación para buscar el dinero de antiguos altos cargos del gobierno venezolano que habrían usado nuestro país para blanquear dinero del erario público del país caribeño.

En el citado documento, remitido a la Comisaría General de Policía Judicial, este departamento requirió a España "cualquier información que resulte de esta investigación", dejando claro que se trata de una "investigación conjunta". 

Tras analizar esta información, la Fiscalía española considera que el que fuera viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, Nervis Villalobos Cárdenas, investigado por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por blanqueo de capitales, actuó en connivencia con otros acusados por el gobierno de Estados Unidos y es “pieza esencial” de un sistema de defraudación y apropiación del patrimonio de la petrolera y de otras empresas públicas de Venezuela.

En enero el gobierno español aprobó la extradicción temporal del exviceministro a Estados Unidos para ser interrogado allí por las autoridades judiciales. Esta entrega está condicionada a que sea devuelto a España antes de seis meses.

Nervis Villalobos, en prisión provisional.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) siguió los pasos de Nervis Villalobos hasta la banca de Andorra, al sospechar que llevó allí 27 millones de euros, dinero que habría acaparado durante su cargo público en Venezuela, proveniente de obras sin terminar y de otras no realizadas a pesar de tener presupuesto para ellas. Parte del dinero habría sido usado para comprar 40 villas de lujo en Marbella y después venderlas para blanquear esos fondos.

Delito de blanqueo

La Fiscalía Anticorrupción atribuyó a Villalobos un delito de blanqueo de capitales procedentes de otros delitos de defraudación, apropiación y corrupción ocurridos en Venezuela. La Fiscalía sostiene también que en la trama estarían implicados el expresidente de Electricidad de Caracas y recién nacionalizado español, Javier Alvarado Ochoa, así como a Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exdirector de Seguridad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), actualmente ingresado en régimen de prisión preventiva en la cárcel madrileña de Soto del Real. Javier Alvarado mantenía cargos hasta principios de 2019 en Cataluña Inversiones Inmobiliarias, dedicada como su nombre implica al mercado inmobiliario.

Precisamente, el juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acumuló en esta misma causa una querella presentada en la Audiencia Nacional en 2017 por los actuales directivos de la petrolera PDVSA contra la antigua cúpula por delitos de organización criminal y soborno a funcionarios, además de prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda pública.

Los investigadores españoles, en colaboración con los norteamericanos, intentan ahora identificar a todos los venezolanos residentes en España que tengan relación con el complicado entramado empresarial que tejieron. Para ello, las autoridades estadounidenses aportaron la documentación que obra en un juzgado del Houston, en el esao norteamericano de Texas. Villalobos está acusado en esta misma causa por el presunto cobro de comisiones ilícitas. Los hechos investigados ahora por Anticorrupción advierten que parte del dinero obtenido por esta organización fue blanqueado en España a través de la compra de bienes inmuebles, como los chalets de Marbella, y la creación de empresas.

Anticorrupción pide que lo investigue la Audiencia Nacional

La Fiscalía Anticorrupción quiere que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se inhiba a favor de la Audiencia Nacional para que sea este tribunal el que investigue el blanqueo de fondos de PDVSA en España por considerar el caso de trascendencia internacional. El Ministerio Público considera que la Audiencia es competente porque el delito de blanqueo pudo ser cometido por españoles y extranjeros en territorio español y fuera del país.

José Vicente Amparán.

La Fiscalía Anticorrupción dispone desde octubre de 2018 de nuevas pruebas sobre presuntas operaciones de lavado de dinero a través de una estructura empresarial de carácter transnacional llamada Swiss Invest. Los investigadores consideran que esta sociedad se usa para aflorar capital procedente de la corrupción cometida, presuntamente, por directivos de PDVSA. Por eso han pedido que las investigaciones sean recogidas en su totalidad por la Audiencia Nacional.

Dos de las personas que controlan Swiss Invest -José Vicente Amparán Croquer y Hugo Ramalho Gois- están acusados en Estados Unidos por conspiración para el blanqueo de ese dinero y ha sido reclamado por un juzgado de Miami. Las otros dos investigados son Ralph Steinmann y el argentino Luis Fernando Vuteff, yerno del que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Gracias a esta investigación la Udef embargó 115 inmuebles en total en Madrid y Marbella.

Según ha podido saber elcierredigital.com, José Vicente Amparán presenta 15 cargos en 14 sociedades, 8 de ellos de administrador. A principios de 2019 cesó en casi todos los cargos, como en las empresas Columbus, Bonorva o Autumn Leaves. En la primera de ellas comparte administración con Ralph Steinmann, otro de los investigados.

Duro Felguera, investigada por pagos en Venezuela

Fruto de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción comenzó a estudiar el presunto pago de sobornos a cambio de contratos en Venezuela a una empresa española, Duro Felguera. La investigación, concluida por la Fiscalía Anticorrupción el pasado 19 de septiembre, incluyó también a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a la propia empresa Duro Felguera y a dos sociedades vinculadas a los venezolanos. Todos fueron querellados por los mismos delitos. Duro Felguera inmediatamente negó los cargos en una carta enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sede de la empresa Duro Felguera.

Ahora la Fiscalía estudia los datos obtenidos durante el registro por parte de la Policía de la empresa de ingeniería el pasado año, que respondió hace unos días con el despido de José Carlos Cuevas, director financiero de la empresa, que fue acusado de enviar, presuntamente, un pendrive a la fiscalía con información relativa a la empresa en Venezuela.

La investigación, que se inició a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, sostiene que el grupo español llegó a pagar a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013, unos 88 millones de euros al cambio actual.

La sociedad de ingeniería asturiana, dedicada a la ejecución de proyectos energéticos, habría firmado tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en los años 2008 y 2011, con dos empresas vinculadas a Nervis Villalobos, Técnicas Reunidas e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía, también investigadas.

Duro Felguera logró firmar un contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por un valor cercano a  los 1.500 millones de euros.