Alarma entre los funcionarios de prisiones: La Guardia Civil deja de vigilar y controlar el exterior de 18 cárceles

La Guardia Civil ya no vigiliará el perímetro externo de 18 cárceles españolas. Entre estas, la de la capital de Gran Canaria, donde desde este viernes son los funcionario de prisiones quienes ejercen ya la labor de control externo, vigilancia y prevención de los accesos exteriores del establecimiento penitenciario. De este modo, se quiebra el principio de seguridad que debe regir la instalación perimetral del penal   y contradiciendo la diferenciación establecida en la normativa penitenciaria que atribuye la seguridad, custodia y control exterior de los edificios a las FCSE.

La Guardia Civil ya no vigilará el recinto penitenciario canario. 

Toda la plantilla del establecimiento penitenciario canario está indignada y sin apenas capacidad de reacción. El personal de la cárcel ha asumido estupefacto la competencia de seguridad exterior las 24 horas del día en tres turnos de trabajo, auxiliado de forma intermitente por un miembro de la seguridad privada. Este hecho pone en cuestión la reciente renovación del contrato millonario de la Secretaría de Estado de Seguridad con la seguridad privada para complementar la seguridad exterior de los centros penitenciarios.

Desde el sindicato Acaip han manifestado el sinsentido que tiene renovar estos programas de privatización de la seguridad perimetral cuando en la práctica son los empleados penitenciarios los que sin preparación, ni conocimiento ni medios, tienen que hacerse cargo de unas competencias que quien las ejerza ineludiblemente debe ser considerado autoridad y estar armado. Este hecho sume en una completa indefensión personal a quien deba ejercer esta competencia de seguridad exterior durante las diez horas que dura el turno de noche, con un bolígrafo como único medio de defensa y en las que debe solicitar permiso para actividades tan íntimas como acudir al baño.

Los funcionarios de prisiones denuncian su falta de recursos y medios. 

Debemos señalar que esta medida vuelve a mermar la plantilla ya escasa del Salto del Negro al detraer efectivos de vigilancia interior y supone crear una nueva disfunción organizativa en el área de vigilancia del centro.

Esta decisión respaldada por la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, contribuye a reforzar la idea de desmantelamiento del actual servicio público esencial de las prisiones españolas no sólo en cuanto a la presencia efectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros penitenciarios, sino por la cantidad alarmante de falta de fuerza policial de custodia a salidas de consultas a hospital o a permisos extraordinarios concedidos a los presos, el último para acudir al entierro de un familiar. Estas decisiones no garantizan los derechos de las personas privadas de libertad y laceran las condiciones laborales, ya de sí muy deterioradas, de los empleados públicos penitenciarios.