04 de abril de 2020
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FIN DE SEMANA

El letrado Gonzalo Boye, ahora embargado por la Audiencia Nacional, fue colaborador de la banda terrorista que retuvo 249 días al empresario soriano

Lo que se esconde del secuestro por ETA de Emiliano Revilla 32 años después: El pago de mil millones de pesetas

Emiliano Revilla.
Emiliano Revilla.
El abogado Gonzalo Boye deberá indemnizar al empresario Emiliano Revilla, por su secuestro por parte de ETA que tuvo lugar en 1988. Boye fue condenado a pena de prisión y a una responsabilidad civil solidaria con el resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). Revilla estuvo más de 200 días secuestrado por la banda terrorista a la que la familia pagó, según afirmaron sus propios cabecillas, mil millones de pesetas de entonces.

El 24 de febrero de 1988 la organización terrorista ETA secuestró en Madrid al empresario soriano Emiliano Revilla, cuyo cautiverio duró 249 días, el tercero más largo en la historia de la banda. Los secuestros del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que duró 532 días y el del empresario José María Aldaya con 342 días completan este siniestro pódium de ETA. El 30 de octubre de 1988 era liberado por sus captores muy cerca del domicilio de la familia Revilla en Madrid.

Ahora, el empresario soriano ha conseguido que la Justicia embargue al letrado Gonzalo Boye, defensor del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemon. Se da la circunstancia que Boye fue colaborador de la banda terrorista ETA, que retuvo 249 días al empresario y que cobró mil millones de pesetas.

Así lo establece la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en un auto en el que ordena ejecutar la responsabilidad civil del que ahora es abogado de Carles Puigdemont y Quim Torra, al rechazar que ésta haya prescrito.

Por eso, y a pesar de contar con el pronunciamiento en contra de la Fiscalía, el tribunal ordena hacer efectivos los embargos que ya se acordaron en su día y "profundizar en la investigación patrimonial" del abogado. El auto, de toda la Sección Primera de la Sala de lo Penal, contiene un voto particular discrepante del magistrado Ramón Sáez Valcárcel, que cuestiona la decisión al entender que la responsabilidad civil declarada en sentencia prescribió antes de que la representación legal de la víctima hubiera solicitado “diligencias con significado relevante para interrumpirla en noviembre de 2018”.  

Emiliano Revilla en el balcón de su casa madrielña el día de su liberación. 

Fueron tres etarras, dos hombres (uno de ellos Joseba Urrusolo Sistiaga jefe del Comando Madrid) y una mujer los que se encargaron de secuestrar al empresario que entonces tenía 59 años. Eran entorno a las once de la noche del 24 de febrero cuando se disponía a entrar en su casa de Madrid, situada en la Plaza de Cristo Rey. A punta de pistola le obligaron a montar en un Seat 1430 de color verde que la policía hallaría unas horas después en la plaza de Olavide, en el distrito madrileño de Chamberí.

Aunque nadie podía saberlo entonces, el empresario se pasó los siguientes ocho meses a una distancia de apenas ocho kilómetros de su casa. En concreto en la calle Belisana, en el barrio de Arturo Soria. Durante todo su cautiverio malvivió en un zulo de 2,45 metros de largo por dos de alto, conectado con el resto de la casa por una sola escalera de mano.

La banda terrorista vio en la fortuna del soriano una vía de financiación para sus actividades. En aquella época, Emiliano Revilla tenía en propiedad el Palacio de Lineares, el edificio de Galerías Preciados y el centro comercial de La Vaguada, entre otras propiedades situadas en Madrid.

Además, el secuestro era un aviso de la banda al Gobierno de Felipe González. Suponía, de facto, que la tregua de 60 días que la banda había ofrecido al Ejecutivo socialista había llegado a su fin.

Las tensiones entre la Lucha Antiterrorista y la familia Revilla surgieron sobre la idoneidad o no de pagar el chantaje de la banda terrorista. Durante los meses que duró su cautiverio se llegaron a realizar varias operaciones que acabaron con detenciones de miembros de ETA, lo que suponía un drama para la familia del empresario que no sabían si la reacción de los secuestradores sería pagar con la sangre de Emiliano Revilla los éxitos policiales.

Emiliano Revilla con el hoy líder del PP, Pablo Casado. 

Nunca se ha sabido con exactitud cuánto dinero pagó la familia para que el industrial fuera liberado. Algunas fuentes estiman que podrían tratarse de 6 millones de euros (uno 1.000 millones de pesetas de entonces), dinero que obviamente sirvió para que la banda terrorista pudiera seguir adelante con su escalada criminal.

Fue justo en la década siguiente en la que la banda aumentó sus objetivos hacia personas de extracción más sencilla en lo que se dio en llamar ‘la socialización del miedo’.

A mediados de octubre ETA hizo público que tenía el dinero que solicitaba, y el día 30 ‘soltaron’ a Emiliano Revilla. Fue la periodista María José Sáez, entonces becaria de la agencia Efe, que hacía guardia frente al domicilio familiar desde un coche quien dio la exclusiva de liberación.

Una trayectoria polémica

Gonzalo Boye, letrado hispano chileno es el abogado del expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, pero también es el abogado defensor del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, investigado por la 'Operación Mito' y defendió a Marcial Dorado, también imputado por narcotráfico.

Fuentes judiciales aseguran que su vigilancia se ordenó a raíz de los intentos del abogado de recuperar 900.000 euros que fueron intervenidos por el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales).

La 'Operación Mito' se instruyó en febrero de 2018 con la detención de Sito Miñanco y de 42 presuntos integrantes de su organización criminal. Entre las funciones de estos integrantes de la trama también estaba recibir el dinero fruto de la venta de droga para, posteriormente, enviarlo a Colombia mediante locutorios y correos humanoscon las conocidas "mulas".

Gonzalo Boye con Carles Puigdemont. 

Boye ejerce de empresario, abogado y fue editor de la conocida revista Mongolia. En 1996 ya fue condenado por la Audiencia Nacional a 14 años de prisión por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. También fue condenado a el pago de una responsabilidad civil solidaria junto al resto de acusados de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros). Por eso ahora su cuentas han sido embargadas por la Audiencia Nacional.

Durante su etapa en prisión se matriculó en Derecho y aprobó la carrera en cuatro años. Como abogado ha participado en procesos judiciales de gran relevancia mediática como el juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004, defendiendo a una víctima,. También en el caso de Luis Bárcenas o en el caso de Edward Snowden.

Fue secretario del consejo de administración de Diario de Prensa Digital,S.L., la sociedad que publica el periódico digital eldiario.es. Boye es hijo de un reconocido periodista chileno antipinochetista y de una abogada chilena de origen catalán.

Por su despacho, Boye-Elbal Asociados, situado en elistista barrio madrileño de Salamanca, han pasado personajes de toda índole, incluido el ultra de la derecha española Emilio Hellín, condenado en la década de los 80 por el asesinato de la estudiante Yolanda González. Hellín era entonces militante de Fuerza Nueva y ahora está reconvertido en perito informático y judicial.

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