El asesinato de un niño a manos de su madre en Madrid pone en entredicho los protocolos para menores tutelados

El lunes 6 de julio la Policía descubrió los cuerpos sin vida de una joven y su hijo de 5 años en un pequeño hostal en pleno centro de Madrid. Las autoridades acudieron tras la llamada de los propietarios, Domingo y María de Los Ángeles, que llevaban mucho tiempo en su habitación sin dar señales de actividad.

Según informó la propia Policía, la madre y el niño se registraron el día sábado en una pequeña habitación en el establecimiento. Esta fue la última vez que se les vio con vida. 

Después del registro y las primeras horas en el hostal, el silencio se apoderó de la habitación, algo que extrañó enormemente a los propietarios. En la tarde del domingo, hicieron una primera llamada a la policía, sin respuesta concreta. En la mañana del lunes, intentaron acceder a la habitación que se encontraba cerrada desde dentro. 

La segunda llamada de los dueños del hostal provocó la movilización de una patrulla. Los agentes rompieron la puerta y se encontraron con la trágica escena. El niño se encontraba tendido en la cama, mientras la progenitora se había ahorcado con una toalla, después de dejar una nota de despedida en la mesa de noche. 

Levantamiento del cuerpo de la madre.

Los investigadores del Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional sospechan que la mujer tenía problemas mentales. Encontraron varios recipientes de medicamentos, entre ellos, ansiolíticos con los que la mujer habría acabado con la vida del menor. 

El caso no solo ha conmocionado a la ciudad, sino que ha reabierto el debate sobre los protocolos usados para atender a menores tutelados. La Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid confirmó este mismo lunes, que la mujer había perdido la custodia del menor, que desde hacía 14 días era responsabilidad del gobierno regional. 

Aunque la mujer tenía problemas psicológicos se permitió que conservara al menor dos semanas, haciendo caso a los protocolos de menores tuelados que buscan que el niño "no sufra" durante el proceso y pueda "despedirse de la madre".

Juan Cortés, activista por los menores tutelados recuerda que en muchos casos los menores "son sustraídos de la madre y directamente enviados a centros gubernamentales", sin pasar por casas de familiares.

Según explica Cortés "no es lógico que si tú tienes familia: tíos, abuelos, hermanos, que se puedan encargar de tí, tengas que pasar directamente a la tuela del gobierno, cuando esto normalmente perjudica al niño. Lo natural sería que si no pueden tenerlo los padres, pase a la familia y si la familia tampoco puede, entonces pasan a la tutela gubernamental". 

Se reactiva la lucha por los menores tutelados

Después de ser paralizada en medio de la crisis del coronavirus, la recogida de firmas por los menores tutelados, que impulsa Juan Cortés, padre de Juan José Cortés y abuelo de Mari Luz, se reanuda este mes. El drama de los menores tutelados en España es uno de los objetivos de vida de Cortés que lleva luchando por su inclusión en la sociedad desde el asesinato de su nieta a manos de Santiago del Valle.

Según ha relatado el propio Cortés a elcierredigital.com, la situación del “coronavirus había impedido que siguiésemos la recogida de firmas en favor de estos niños que son arrebatados a sus madres y llevados a centros del gobierno”.

A comienzos de 2020, Cortés recibió el apoyo del Cabo Primero de la Policia Judicial en la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Antonio Martin Castillero, miembro también de la ejecutiva de la Plataforma para la creación de la Asamblea Democrática del pueblo Gitano. Para Cortés y su gente, el tema de los menores tutelados en España es "un grave problema que hay que solucionar cuanto antes porque hay casos espeluznantes en los que las familias sufren mucho".

El padre de Juan José Cortes señala que, dentro de los centros encargados de los menores, hay casos espeluznantes y lo que él quiere son lugares donde estos niños reciban una educación y formación adecuada. “No que los traten mal ni que les den una patada cuando sean mayores, ya que cuando sean adultos pueden acabar siendo delincuentes peligrosos".

Juan Cortés es el abuelo de Mariluz, asesinada hace ya 12 años.

Este reconocido patriarca del pueblo gitano también comenta a éste medio que hay familias bien estructuradas que lo han pasado mal, debido a los hijos que les han quitado. “Pedimos que se les cierre el grifo a estos centros, porque cuidar a cada niño le cuesta 70.000 euros a cada centro responsable e, incluso, hay casos en los que los educadores y responsables están pegándose entre ellos porque no cobran”.

Según explica Cortés los fondos utilizados provienen en parte de la Unión Europea y algunos políticos podrían estar “usándolo como forma de obtener dinero”. Además, destaca que varios de los casos implican a mujeres a quienes “se les quitan los hijos en el propio hospital en el que nacen”.

Camino a 5 millones de firmas por los menores tutelados

A mediados de febrero, la iniciativa llevaba recogidas 900.000 firmas y que hay que "movilizar a la gente para iniciativas tan importantes como éstas, porque se necesitan de verdad". Para el abuelo de Mari Luz, los centros “son prisiones para los niños” donde reciben palizas, maltratos e incluso violaciones.

Cortés explica que para la aprobación de la prisión permanente revisable llegaron a recoger hasta 2.5millones de firmas. “Ahora debemos ir por más, llegaremos a los 5 millones de firmas para presentarlas en el Congreso de los Diputados, que son quienes hacen las leyes”.

Intentarán llegar a las 5 millones de firmas.

La vida en el interior de esas instalaciones se les hace imposible para muchos menores por lo que muchos se escapan, algo que se podría evitar si esos niños se quedan con sus familias y no en estos centros. “Estos chavales se crían mejor con sus padres, sus abuelos o sus primos”, explica Cortés. Por lo tanto, las instituciones deberían mirar qué familia tiene por si los padres no pueden cuidarlos.

En el caso de que el niño no tenga familia alguna, Cortés señala que "sea el Estado el que se encargue del menor, para que no hagan con él un negocio y que lo eduquen adecuadamente".

Por eso, el abuelo de Mari Luz incide en que debería hacerse una investigación exhaustiva en el interior de estos centros sobre las personas que se tienen que encargar de estos niños. “Ellos son los responsables de que los chavales se escapen o hagan cualquier cosa. Tienen que tener una responsabilidad similar a la que tiene un padre”, expresa.

En febrero, el defensor de los menores tutelados convocó una movilización frente al Ministerio de Igualdad, en el que también participaron la Iglesia Evangélica y diversas asociaciones, gitanas y no gitanas. Las víctimas de estos casos fueron la cabecera de la manifestación.