Continúa el 'hermetismo' del Gobierno sobre las polémicas de Indra: “Se exige que haya acuerdos de confidencialidad”

El pasado 18 de octubre, el abogado Guillermo Rocafort presentaba una solicitud de acceso a información pública sobre los errores en el sistema de INDRA y el informe de tráfico de usuarios durante las elecciones del 23-J y el 28-M, al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Ahora, Rocafort ha recibido respuesta, aunque no ha sido la esperada pues, según esta, los datos que debían apoyar la transparencia del proceso electoral "son confidenciales". Elcierredigital.com ha charlado con Rocafort para conocer más detalles sobre su caso y las conclusiones que saca de este proceso, que promete alargarse meses.

Tal y como ya vino informando elcierredigital.com, la empresa multinacional Indra se ha visto señalada en España por varias polémicas. Entre estas, la denuncia que pesa contra la compañía por el apagón de la web de Interior, responsabilidad de Indra, el 28M, o la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por "formar parte de un cártel de servicios informáticos que realizaba prácticas anticompetitivas en la contratación pública". 

La sanción impuesta a Indra, confirmada por la Audiencia Nacional, fue de 13,5 millones de euros, siendo la más alta del grupo de empresas implicado. Cabe destacar que la empresa Indra –privada aunque con participaciones públicas de la SEPI de casi un 28 por ciento– es la encargada del escrutinio provisional en las elecciones en España. En línea con esto, se vio también involucrada con el denunciado presunto “pucherazo híbrido” de Pedro Sánchez, por el abogado Guillermo Rocafort.

Fotografía de la sede de INDRA

Esta vez, en su reclamación de octubre el abogado expresó su deseo de recibir “información sobre la relación de incidencias y fallos que se produjeron tanto en el simulacro como el día de la votación del 23 de julio de 2023 en el marco del escrutinio provisional”, tal y como recoge su escrito y confirmó durante una charla con este medio. Rocafort también solicitó información sobre los supuestos acuerdos de confidencialidad que puedan existir entre el Gobierno y los responsables del cómputo de votos. 

Paralelamente, el abogado reclamó acceso a los informes de fallos del servidor y tráfico de usuarios —para verificar si los hubo— y en caso de que así fuera, en qué momento y circunstancias se produjeron, pues sostiene Rocafort que “es importante recordar que fue INDRA quien cerró el acceso a sus servidores en respuesta a un posible colapso inminente, tal y como explicaron”.

Guillermo Rocafort también reclamó información sobre la prueba del plan de contingencias exigido por el Ministerio del Interior para el escrutinio del 23 de julio y cuál fue su resultado, además de pedir un informe sobre el simulacro que se realizó en las mismas votaciones y en las de 2019. Según expresa durante su charla con elcierredigital.com, “es importante conocer el plan de contingencias, saber qué plan existe en caso de una caída de los servidores o de un ciberataque. En la actualidad es un problema a la orden del día debido a la digitalización constante que vivimos”, sostiene el abogado.

La respuesta del Ministerio genera más dudas en Rocafort

Ante las peticiones del abogado Rocafort, la respuesta del Ministerio de Grande Marlaska ha llegado esta semana, aunque su contenido no ha agradado ni satisfecho al abogado. Según se lee en el comunicado del Ministerio, la empresa adjudicataria en el marco del escrutinio de la jornada electoral del 23 de julio de 2023 fue INDRA. En este sentido y según sostiene el mismo escrito, “se confirma que no constan incidentes técnicos en el proceso de la transmisión de los datos de los representantes al CPD a lo largo de la jornada electoral”.

Y continúa: “Por lo que respecta al simulacro, y al resto de pruebas realizadas por el Ministerio del Interior de conformidad con los pliegos, no procede facilitar ninguna información por tratarse de un contrato sujeto a confidencialidad en todos los extremos de su ejecución y encontrarse dentro del nivel de seguridad alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Precisamente por ese motivo, a los representantes de la administración se les solicita la firma de un documento en el que se comprometen a salvaguardar dicha confidencialidad en el ejercicio de su labor”.

En opinión de Guillermo Rocafort el hecho de que existan acuerdos de confidencialidad en torno a los informes de INDRA “es un ataque a la transparencia. Se supone que este tipo de herramientas y organismos ayudarían a ofrecer más transparencia en los procesos electorales y se ha demostrado, tanto en casos en el extranjero como ahora aquí, que realmente no aportan nada a la transparencia, más bien dificultan a los ciudadanos el acceso a la información”, sostiene el abogado.

Fotografía de la sede del Ministerio del Interior

En la respuesta del Ministerio recibida también se informa de que las citadas declaraciones de confidencialidad son recabadas y custodiadas por las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, que son las responsables de la designación, formación y supervisión de los citados representantes. La respuesta concluye: “los informes de INDRA sobre la ejecución del proyecto no pueden ser hechos públicos por motivos de seguridad”.

Para el abogado “las alegaciones de seguridad y confidencialidad por sí no son suficientes para impedir aportar esta información solicitada cuando estamos hablando de la transparencia exigida en unas elecciones generales en un Estado Democrático y de Derecho. Los españoles tenemos derecho a conocer lo relacionado con las pruebas, fallos, planes de contingencia, simulacros y todas las cuestiones planteadas sobre el proceso electoral del 23-J”, concluye Rocafort.