Detenido un empresario tinerfeño por contratar sicarios para matar a otro empresario de la isla

Junto a Evaristo  González la Policia ha practicado otras detenciones y varios registros domiciliarios. El caso está siendo instruido por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, Ana Serrano. Se espera que González pase a disposición judicial el próximo viernes.

Agentes de la Policía Nacional realizaron durante toda la mañana del miércoles un registro en el domicilio de Evaristo González, uno de los detenidos, en el municipio tinerfeño de Tacoronte. Trece meses ha durado la investigación conjunta de agentes de Homicidios de Tenerife y de Madrid. El empresario Evaristo González acompañó a la familia de Carlos Machín en su entierro en la isla de El Hierro, de donde era natural.

Carlos Machín era responsable de los locales nocturnos Kapitel y Palco, todos en La Laguna. El 16 de abril fue asesinado a las 22.50 en el aparcamiento de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna. Machín recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en la cabeza, desde el asiento del copiloto de un vehículo que conducía otra persona, aunque varios testigos relataron haber escuchado hasta ocho detonaciones.

Carlos Machín, el empresario asesinado por sicarios.

El coche desde el que se produjeron los disparos contra Machín, ocupado por dos personas, había sido robado unas horas antes y fue encontrado ardiendo a poca distancia, en un intento de eliminar posibles huellas. La instrucción fue llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna, cuya titular es la jueza Ana Serrano.

Carlos Machín estaba siendo investigado en el llamado caso Corredor, en el que también fue investigado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante su etapa por la alcaldía de La Laguna, aunque la investigación quedó archivada en 2015, tras anularse unas conversaciones telefónicas captadas por la Policía. El caso Corredor afectaba a varios empresarios en una presunta organización criminal destinada a ocultar beneficios y defraudar a la Seguridad Social y que estaba liderada, presuntamente, por el empresario Evaristo González, que habría usado a "hombres de paja" como Carlos Machín para llevar a cabo estas presuntas actividades delictivas.

El empresario asesinado formaba parte de una pieza separada del sumario, la pieza 21, en la que se han investigado delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos dentro de organización o grupo criminal, y estafa. Durante la instrucción, tal y como relataba la resolución judicial de febrero donde quedaba el caso visto para juicio, se desvelaba la existencia de una red de 38 empresas que, según la Policía Judicial, superaba el desfalco de 4,5 millones de euros.

En el pub Kapitel, regentado por el asesinado, la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, pese a que una de ellas cobraba la prestación por desempleo. 

Evaristo González Reyes y varios de sus colaboradores están ahora siendo juzgados por seis delitos de estafa, por los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel para el considerado cabecilla de la trama Corredor por delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos dentro de organización o grupo criminal, y estafa. Durante la instrucción, tal y como relataba la resolución judicial, se desveló la existencia de una red de 38 empresas controladas por Evaristo González Reyes, por medio de las que habría defraudado una cantidad que, según la Policía Judicial, supera los 4,5 millones de euros.

La creación del entramado empresarial permitió al letrado lagunero "dividir las responsabilidades pecuniarias, utilizando de modo indistinto las entidades", explica la jueza. El modo de proceder consistía en no abonar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social por una supuesta insolvencia, pese a que los negocios eran "productivos", o imputarlas a otras sociedades de la red. El auto judicial acreditaba el uso de la trama para defraudar a terceras personas y adquirir bienes o servicios, que luego no eran abonados, mediante entidades en las que figuraba una "solvencia inexistente".

En algunos de los establecimientos se encontraron múltiples ilegalidades de carácter laboral. En el pub Kapitel, que dirigía el asesinado, Carlos Machín, la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, pese a que una de ellas cobraba la prestación por desempleo.