09 de agosto de 2020
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EDICIÓN VERANO

AUGC ya recurrió la desigual norma de 2017 y el Supremo lo admitió a trámite, pero el actual Gobierno ha aprobado un Real Decreto que la amplia

La Guardia Civil cesa a un millar de agentes con discapacidad sin darles oportunidad de solicitar nuevos destinos

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones
Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones
Hasta mil agentes de la Guardia Civil están siendo cesados por tener algún tipo de discapacidad y quedándose sin destino. Desde la Dirección General del cuerpo no les han dado la oportunidad de solicitar un nuevo destino. Los agentes notificados para el cese quedan a la espera de conseguir alguna vacante en el cuerpo, pero perdiendo hasta 600 euros mensuales en complementos específicos.

La Guardia Civil cesa a un millar de agentes con discapacidad dejándoles sin destino y por tanto, sin hogar, al considerarles "aptos con limitaciones". Así se indica en el Real Decreto firmado el 2 de agosto de 2019 donde se aprueba el reglamento de destinos del personal de este cuerpo.

De esta manera, el artículo 56 del reglamento establece que “El personal al que, de acuerdo con el contenido de este artículo, se le declare una limitación incompatible respecto al destino que tenga asignado, deberá cesar en el mismo. Cuando este personal se encuentre ocupando temporalmente un puesto de trabajo, la autoridad que corresponda determinará el fin de la ocupación".

Desde la semana pasada han comenzado a notificar el cese de destino de los trabajadores con algún tipo de discapacidad "con alevosía y sin dar tiempo a ninguna defensa" según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la más representativa de los guardias civiles. Para la asociación, la situación que se está produciendo con los guardias civiles afectados es "totalmente injustificada, causándoles un gravísimo perjuicio a ellos y a sus familias".

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De este modo, los agentes con enfermedades contraídas de forma imprevista o lesionados en actos de servicio quedan a la espera de conseguir alguna vacante en el cuerpo pero perdiendo hasta 600 euros mensuales en complementos específicos

La norma actual sustituye a una anterior de septiembre de 2017, que ya recurrió en su momento la AUGC alegando que no contenía “el informe de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.

La sentencia dictada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo señalaba que este supuesto era “preceptivo por relevante” y admitió a trámite el recurso. De nada ha servido, pues el Gobierno aprobó en agosto la nueva norma, que amplia la de 2017, a la que el Consejo de Estado señala en su dictamen comodifícil de comprender para quienes resultan afectados por ella”.

"Caza de brujas"

La AUGC ha solicitado por escrito al titular de Interior en funciones Fernando Grande-Marlaska una reunión urgente con el fin de dar a conocer al máximo responsable de este Ministerio "el atropello hacia los guardias civiles y sus familias", así como para abordar las posibles soluciones.

Asimismo, el colectivo de guardias civiles denuncia una "auténtica ‘caza de brujas’ y trato discriminatorio" a los agentes con discapacidad afectados por esta norma. En este sentido, AUGC define a estas prácticas como "maquiavélicas" y las achaca a "falta de preparación y sensibilidad por parte de los generales del Cuerpo".

Por ello, con la nueva aprobación por parte del Consejo de Ministros este verano "haciendo caso omiso a los múltiples escritos presentados por AUGC en relación a la discapacidad (entre otras cosas), e ignorando incluso las advertencias del Consejo de Estado respecto a la complejidad de la norma", señala la asociación, "han reactivado el ataque que, desde ahora, sufrirán los guardias civiles que tengan algún tipo de discapacidad por enfermedad de la que resulte incompatible prestar servicio en su puesto de trabajo".

La AUGC también denuncia el hecho de que a los mil agentes cesados no les hayan dado la oportunidad de solicitar un nuevo destino desde la Dirección General de la Guardia Civil. "Desde AUGC consideramos que, tanto la Guardia Civil, como el Ministerio del Interior, deberán explicar esta discriminación social, profesional y económica a los profesionales de la seguridad pública que padecen una discapacidad" exige la asociación.

Además, anuncian que tal y como hicieron con la anterior norma, el Real Decreto sobre Destinos ya está siendo recurrido por sus servicios jurídicos y añaden que "AUGC seguirá presentando batalla en todos los frentes, sin renunciar a ninguna acción mediática para resolver este déficit democrático que padecen los guardias civiles en pleno siglo XXI".

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