Expulsados los cuatro policías que acabaron en 2014 con la vida de una persona equizofrénica en Cala Cortina (Murcia)

La Secretaría de Estado de Seguridad, Ana María Botella Gómez, ha expulsado del Cuerpo Superior de Policía Nacional (CNP) a los cuatro agentes condenados por provocar la muerte de un hombre con esquizofrenia y arrojar su cuerpo al mar, en la bahía de la playa de Cala Cortina (Cartagena), la mañana del 25 de marzo de 2014, dos semanas después de su desaparición. La expulsión se publicó en el Boletin Oficial del Estado (BOE) el pasado 26 de diciembre, por lo que comenzó a ser efectiva a partir de ese día.

Los cuatro policías fueron condenados por la Audiencia Provincial de Cartagena a cuatro años de cárcel por detención ilegal y homicidio por imprudencia profesional. Del mismo modo, también resultaron condenados a dos años de inhabilitación absoluta e inhabilitación personal para el ejercicio profesional como miembros de cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de cualquier otro trabajo relacionado con la seguridad pública o privada.

La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ya había declarado el 16 de noviembre la pérdida de la condición de funcionario de cuatro de los cinco agentes condenados en sentencia ya firme: José Carlos Mateos Luján, en segunda actividad y adscrito a la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y Raúl Aguado Rodríguez, José Antonio Costas Guerrero y Rubén Manuel Forné Solano, con destino en la Comisaría Local de Policía Nacional de Cartagena, Murcia. Aun no se ha publicado la baja del quinto agente implicado.

La víctima sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad

La magistrada María Antonia Martínez Noguera, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena, recordó que la víctima sufría esquizofrenia paranoide y trastorno de afectividad que determinaba un grado de discapacidad del 45 por ciento.

El 11 de marzo de 2014 los policías condenados admitieron que habían recogido a Diego Pérez Tomás, vecino del barrio de Las Seiscientas, en un vehículo policial y lo trasladaron al paraje de Cala Cortina, donde lo abandonaron.

Diego Pérez llamó en torno a las 4:35 de la madrugada desde su teléfono a Emergencias pidiendo ayuda policial, debido a que estaba asustado al sentirse amenazado por unos individuos que le increparon y al lugar acudieron los condenados en dos coches patrulla diferentes.

Efectivos policiales en la reconstrucción del homicidio de Cala Cortina (2014)

Según el relato de los hechos, los policías cachearon a Diego Pérez y uno de ellos llegó a incluso a darle una bofetada. Después, le ordenaron que se introdujera en el vehículo, pero en lugar de llevarlo a la Comisaría o a un centro hospitalario, lo trasladaron hasta Cala Cortina, un lugar aislado a más de dos kilómetros de la zona donde le recogieron y a cinco kilómetros del domicilio de Diego.

Los agentes se comunicaron con la Sala del 091 informándole que habían resuelto la intervención tranquilizando a Diego, “ocultando a la sala, a sabiendas de su ilicitud, que los tres vehículos policiales se estaban trasladando a la Cala con la víctima a bordo”, según consta en el auto de la magistrada.

En torno a las 5 horas de la madrugada, los policias llegaron a Cala Cortina, circulando con las luces del coche apagadas con la intención de pasar desapercibidos. En ese trayecto se cruzaron con dos patrullas de la Policía Portuaria de Cartagena que les preguntaron por su presencia en el lugar, a lo que los agentes respondieron con evasivas.

Le golpearon hasta la muerte

Los autores del homicidio golpearon a Pérez Tomás “con ánimo de atentar contra su vida” o “asumiendo esta posibilidad”, y “aprovechándose de su superioridad numérica, física y del aislamiento del lugar a esa hora que disminuían o anulaban las posibilidades de defensa o auxilio”, según recoge el auto. A consecuencia de los golpes causaron la muerte de Diego Pérez “por rotura de las vértebras del cuello”. Después, cogieron el cuerpo y lo arrojaron al mar “desde algún punto de la bahía”. El cadáver apareció flotando en Cala Cortina dos semanas después.

En el informe forense definitivo se concluyó que Diego presentaba lesiones traumáticas vitales en estructuras cefálicas, oftálmicas y faciales y murió como consecuencia de una acción violenta homicida, por destrucción de los centros neuronales superiores debido a la fractura de la vértebra C-3 y fracturas trabeculares desde la C-2 a la C-7.

Los policías “ocultaron de forma reiterada su actuación”. Los hechos no fueron descubiertos hasta varios meses después, gracias a un testigo protegido que reveló que la noche en que desapareció fue introducido en un coche policial en la puerta de su vivienda.

Los agentes fueron detenidos el 6 de octubre de 2014 y la magistrada Martínez Noguera dictó prisión provisional el 8 de octubre del mismo año. El 17 de diciembre de 2015 fueron puestos en libertad provisional, tras concluir la instrucción de la causa. Las defensas de los acusados aceptaron la pena de conformidad con la Fiscalía y con la acusación particular, tras reconocer los hechos, por lo que no se celebró juicio. También fue encausado un sexto agente, aunque éste falleció en 2015, cuando cumplía prisión preventiva, por una enfermedad.