Exigen dinero a la familia de un muerto por "limpiar sus restos" tras su accidente de tráfico

El 9 de agosto de 2020 cambió la vida de María Pilar Rosanes. Su hijo Josep perdía la vida en un accidente de tráfico en la carretera AC-442 de Galicia. El joven de 20 años viajaba con su padre desde Barcelona, donde la familia estaba asentada, hasta Santiago de Compostela. Tres años después, un error ha hecho que la madre recuerde el trágico suceso. Y es que la Diputación de A Coruña ha enviado una carta a nombre de su hijo fallecido reclamándole el dinero que costó la “asistencia y limpieza de la vía” del día que murió.

María Pilar lo ha denunciado a través de su cuenta de Twitter. “Un conductor homicida mata a mi hijo y la Diputación de A Coruña le ha enviado una factura”, comienza a relatar. El pago que solicitan, de 485 euros, como se puede ver en el documento que la madre adjunta, es relativo a las “3 horas y 20 minutos que emplearon para limpiar sus restos”, continúa la madre, que concluye: “Me han destrozado”.

UN CONDUCTOR HOMICIDA MATA A MI HIJO Y LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA @Depucoruna LE HA ENVIADO UNA FACTURA POR LA ASISTENCIA Y LIMPIEZA DE LA VÍA. JOSEP BOAN I ROSANES DEBE PAGAR, A PARTES IGUALES CON SU HOMICIDA, ASIER GONZÁLEZ SILVA, LAS 3h 20 MINUTOS QUE EMPLEARON PARA LIMPIAR… pic.twitter.com/mIfmbmPktO

— maria pilar (@rosanesfiguerol) October 9, 2023

Según han apuntado varios medios locales, la Diputación de A Coruña ha confirmado que el envío de la carta se trata de un error y que ya han anulado el cobro. Según comentan, cuando hay un accidente los bomberos suelen enviar este tipo de cartas al responsable del siniestro. En este caso, no disponían de información sobre el seguro, así que la carta llegó directamente a la víctima, a la que solicitaban pagar los gastos a partes iguales con su homicida, en lugar de al causante del accidente.

A 116 km/h en una carretera de 70

La muerte de Josep tuvo lugar el 9 de agosto de 2020. El joven de 20 años viajaba con su padre en su moto. En una curva de la carretera AC-442, a la altura de Dumbría, un joven de 30 años de nombre Asier —vecino de A Coruña­— se adentraba en el carril contrario con su coche, marca Peugeot. Iba a 116 kilómetros por hora “como mínimo” en una carretera pensada para circular a una velocidad máxima de 70.

Según la Guardia Civil de Tráfico, la vía estaba en buen estado de conservación, el asfalto se encontraba seco y limpio y había buena visibilidad. Por lo tanto, aunque el causante del accidente negó ir a velocidades tan altas, acabó siendo condenado por homicidio imprudente grave. La pena: dos años de prisión y la prohibición de conducir vehículos de motor durante tres años y seis meses. Fue condenado el pasado mes de diciembre.

Carretera donde tuvo lugar el siniestro.

Para la familia del fallecido, Josep, no es una pena acorde al daño que se les ha causado. Al ser de dos años la pena de cárcel y no tener antecedentes, el causante del accidente es probable que no pise prisión. Por eso han decidido hacer una campaña de recogida de firmas en la plataforma de Change.org para cambiar los artículos del Código Penal sobre el homicidio imprudente, como recoge el diario Ara.

Petición para cambiar el Código Penal

En la petición, la madre de Josep pide cambiar, concretamente, los artículos 142 y 379 del Código Penal. En el primero, se establece una “pena de prisión de uno a cuatro años” en el caso de “homicidio imprudente”, con la consecuente “pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años”. En el segundo, se establece que también se podrá multar a los conductores imprudentes —y condenarles a no conducir vehículos de motor hasta cuatro años— si superan la velocidad de “sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana”. En el caso de Josep, al ser vía interurbana, tendría que haber conducido a 150 kilómetros por hora para obtener pena económica.

La madre del fallecido desgrana que en otros países europeos, como Francia o Italia, son 30 kilómetros menos sobre la velocidad máxima permitida, es decir, 50 kilómetros por hora, los que conllevarían penas económicas. “La diferencia es lo suficientemente significativa para que los delincuentes viales de homicidio imprudente grave en nuestro país queden impunes”, explica.

María Pilar necesita 150.000 firmas para llevar su petición al congreso, y ya lleva más de 110.000. Algunas de las personas que han firmado han confesado ser víctimas de accidentes de tráfico. “Atropellar o matar a alguien sale gratis en este país”, sostienen en los comentarios de la iniciativa.