El problema de la ocupación en España: Deberes que los propietarios asumen y derechos que se les 'suprimen'

Hay casos de ocupación en España en los que el okupa es el que propone llamar a la Policía. De esta manera, la Policía levanta un acta que confirma que el okupa reside en la vivienda y él se aprovecha de un uso ilegal hasta que un Juzgado le eche pasados muchos meses o incluso años.

Recientemente se ha sabido que un hombre de 29 años se compró un piso en Zaidín, Granada, pero antes de llegar a reformarlo y convertirlo en su hogar, fue ocupado por un desconocido. Este okupa ha llegado a invitar al propietario a ver su propia casa, le ha propuesto llamar a la Policía, no ha aceptado que el propietario le pague dos meses de alquiler en otro sitio o 1.000 euros por marcharse y vive enganchado al agua y la luz. Sin embargo, según lo que se ha publicado en algunos medios, disfruta de internet, Netflix y tiene una televisión de plasma.

Esta realidad es a la que se enfrentan cada vez más propietarios que viven con preocupación la impunidad con la que actúan los okupas, que se están convirtiendo en expertos y que siguen unas mismas pautas para mantenerse el mayor tiempo posible en propiedad ajena. Cuando, tras muchos meses, el propietario consigue echar al okupa, estos vuelven a ocupar otra vivienda y empieza de cero la misma operación.

El granadino, que compró con sus ahorros de seis años una vivienda con el proyecto de convertirla en su hogar, ha visto cómo un extraño se ha metido en su propiedad y dice que es “su hogar”, que es su vivienda, ya que a él "se la ha alquilado un hombre".

El “a mí me lo ha alquilado un hombre”

Las frases del tipo: “A mí me lo ha alquilado un hombre", se repiten en este tipo de situaciones. Podríamos plantearnos diversas preguntas llegados a este punto:

¿Quién es ese supuesto hombre? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su teléfono? ¿Dónde está el contrato? ¿Cómo le ha pagado? ¿Tiene algún justificante de pago? ¿Cómo pensaba seguir pagando el alquiler? ¿Cómo sabe que ese supuesto hombre es el propietario?

Es algo difícil de creer. Sobre todo porque si una persona alquila un piso a otra y paga una fianza o alquiler, si se entera de que no es verdad, cuanto menos denuncia los hechos.

¿Por qué no se denuncian los hechos? Pues porque en la mayoría de los casos se trata de organizaciones que se dedican a ocupar propiedades ajenas para después ofrecerlas a cambio del pago de un dinero. Es obvio que si una persona alquila una vivienda al que cree que es el propietario y después resulta no serlo, en cuanto se percata de ello, interpone la correspondiente denuncia facilitando todos los datos de esta persona.

Que el okupa proponga llamar a la Policía

La Policía está para defender la legalidad y seguridad ciudadana. Por ello, que la propuesta de llamar a la Policía venga del okupa que se ha metido en nuestra propiedad sin nuestro consentimiento, choca.

Manifestación antiokupa.

Todo esto, a sabiendas de que poco o nada puede hacer la Policía cuando el okupa ya está instalado en la casa, son los propios okupas los que llaman a la Policía para que levanten un acta en el que dejen constancia de los hechos. Es lo que haría un notario dando fe, pero gratis para ellos. 

Comparativa de la situación del propietario y el okupa

En el caso de la ocupación del hombre de Granada vamos a analizar el diferente panorama al que se enfrenta el propietario de la vivienda frente a la del okupa que, al parecer, habría supuestamente pagado para que un profesional de la ocupación ilegal le entregue una vivienda “llave en mano”.

El propietario trabaja fuera de la población durante años para poder ahorrar el dinero suficiente como para comprarse una casa y poder reformarla. Ahora no puede utilizar su casa y ha de meterse en juicios, cuyos gastos de abogado pueden ascender entre 1.000 y 3.000 euros. Además, tendrá que dedicar tiempo a los diferentes actos procesales, como apoderar al procurador, juicio, gestiones del proceso, lanzamiento... Una vez recuperada la vivienda tendrá que ver en qué estado está, pues en ocasiones se recupera la posesión en estado lamentable, lo que supone que la inversión en reforma tenga que ser mayor. Por otra parte, en esta situación los derechos no puede ejercerlos, pero las obligaciones debe asumirlas: pagar la hipoteca, seguro, IBI, tasa de basura, comunidad de propietarios ordinaria y posibles derramas.

El okupa no ha trascendido que tenga trabajo, pero lo que sí se sabe es que disfruta de luz y agua gratis, enganchada. No solo disfruta de la vivienda del propietario, sino además de las zonas comunes de la comunidad de propietarios. Tampoco tiene ningún tipo de obligación económica por vivir allí. En el caso de proceso judicial, suele solicitar abogado de oficio y normalmente cumple con los requisitos económicos requeridos para ello. Además, lo más normal es que no tenga que pagar las costas procesales de la parte contraria. El tiempo transcurrido le será beneficioso e incluso puede solicitar la declaración de vulnerabilidad para suspender el proceso de desahucio. En contraste, y según ha trascendido, tiene internet, Netflix y una televisión de plasma.

El okupa se enfada por la denuncia del propietario

En este contexto el propietario optó por denunciar y para más inri, según información que ha trascendido, su okupa se irritó. Según palabras textuales: "Me dijo que se había irritado mucho con lo que había pasado. Él me roba la casa y se irrita él. Es el mundo al revés".

En nuestro país la ocupación ilegal no se corregirá hasta que haya una ley que proteja adecuadamente la propiedad privada.