El Gobierno penalizará el 'acoso' a las mujeres que acudan a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo

La ley que modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas a interrumpir de forma voluntaria su embarazo entrará en vigor este jueves, día 14 de abril, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta norma, que pretende garantizar “la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral", así como sus "derechos sexuales y reproductivos", fue aprobada definitivamente en el Pleno del Senado el 6 de abril y ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se recalca que es "imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".

De esta forma se incorpora un nuevo artículo al Código Penal, el “172 quarter”, que establece que quien “obstaculice el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad será castigado con pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días".

Además, “las mismas penas se impondrán a quien acosare a los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo".

Incluso, "atendidas la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años". Y explica que "en la persecución de los hechos no será necesaria la denuncia de la persona agraviada".

El BOE expresa que "el acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la ley por la que se despenalizaba el aborto en tres supuestos", y recuerda que "la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras catorce semanas del embarazo" y proporciona "seguridad jurídica tanto a las mujeres como a los profesionales que participan".

Manifestación pro vida en Madrid.

Asimismo, el BOE recuerda que la OMS recomienda la señalización discreta de la ubicación de las clínicas abortivas, y la ley subraya que la libre decisión y el derecho a interrumpir el embarazo de forma segura "quedan en entredicho a causa de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres".

Además, un informe elaborado por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del Embarazo (ACAI) en 2018, en la que se entrevistaron a 300 mujeres que acudieron a distintas clínicas de toda España a abortar, mostró como resultado que el 89% de ellas se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. "Miles de mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo", concluía el informe de ACAI, recogido en la nueva norma.

También se cuenta que "grupos organizados abordan a mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren en la clínica para que modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento", lo que llevó a ACAI a solicitar una regulación que considerara el acoso en las clínicas mediante este tipo de acciones como un delito de obstaculización del aborto.

Y se recalca que el Defensor del Pueblo en 2018 comenzó una actuación después de recibir la denuncia del acoso al que se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros, ante lo que valoró la propuesta de creación de zonas seguras para garantizar el acceso de las mujeres a las clínicas.

Con esta medida, España se equiparará a otros países europeos como Alemania, Austria, Francia y Reino Unido, en la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.