Se abre juicio contra el exconseller del PP Carlos Delgado por prevaricación y tráfico de influencias y se le pide prisión

El ministerio público reclama para Carlos Delgado una condena de un año y nueve meses de prisión y el pago de una multa de 1,1 millones de euros. La autonomía eleva la petición hasta los dos años de cárcel y a un 1,4 millones de euros de sanción. Ambas solicitan además que sea inhabilitado durante más de diez años para cualquier cargo.

El auto de apertura de juicio oral incluye, además de a Delgado, al ex secretario general de la Conselleria, Joaquín Legaza; al empresario Felipe Elvira; al socio de despacho del exconseller, Carlos Gelabert; y al abogado Francisco López Hinojosa. Todos ellos afrontan peticiones de penas de multa y cárcel similares a las de Delgado.

La calificación provisional de la Fiscalía sostiene que él entonces conseller favoreció que la sociedad Port Olimpic Calanova ganase el concurso para la privatización del puerto deportivo porque su “abogado y amigo personal”, Carlos Gelabert era socio de la misma. “La adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico” para Gelabert y su socio de despacho, López Hinojosa. Los empresarios que ganaron el concurso, añade, “se beneficiaron de la influencia ejercida por el acusado Carlos Gelabert a través de su relación personal y profesional con el conseller para lograr la adjudicación del concurso a su favor”.

Gelabert y Delgado, durante una cena de amigos.

Las acusaciones relatan cómo Delgado lideró todo el proceso a través del secretario general, Joaquín Legaza, al que la Fiscalía acusa de ocultar datos clave al consejo de administración de Ports de Balears que allanaron el camino a Port Olimpic. Entre estos datos está una modificación de amarres que nadie más pudo hacer y que permitió incrementar mucho la oferta económica, el ocultar que la medallista Teresa Zabell había dejado el proyecto o que los trabajadores no iban a quedarse en el puerto sino que iban a pasar a la plantilla de la comunidad.

Sobre esto último, la fiscal Laura Pellón explica que, con esa decisión, el Govern perdió todo el dinero que se pretendía ahorrar con la privatización ya que el canon que paga la empresa es menos que el coste de esta plantilla. Además Delgado está  investigado también por grabar a una de las testigos clave del juicio, la exnovia de su socio, Aina.

Un beneficio de más de 700.000 euros para el socio

La Fiscalía asegura en su calificación que Gelabert y su entonces socio ganaron más de 700.000 euros con el concurso de Calanova. Esta fue la cantidad que les pagó la empresa vencedora por sus acciones cuando apenas habían aportado un capital de 20.000 euros. Su presencia en la sociedad se debió, según las acusaciones, a que permitían influir en el procedimiento de adjudicación gracias a su relación de amistad con el entonces conseller.

Una adjudicación bajo sospecha

Carlos Delgado adjudicó el puerto a la empresa Port Olimpic Calanova S.L. a pesar de los informes en contra de economistas, ingenieros y abogados de la Administración de las Islas Baleares. Según varios testigos que declararon a finales de 2018, la empresa no cumplía las bases del concurso y tenía que haber sido apartada del mismo.

La abogada de Ports Illes Balears (el ente público encargado de la gestión de los puertos de la comunidad), Inmaculada Subías, aseguró ante la Guardia Civil que Joaquín Legaza fue la persona encargada de dar instrucciones y órdenes en la tramitación del expediente de privatización del puerto.

Puerto Calanova.

En aquellas declaraciones de varios testigos, un ingeniero del ente público Ports IB que formó parte de la mesa de contratación y que el día de la adjudicación votó, junto a la interventora del Govern, en contra de la oferta de Olimpic Calanova también declaró. La empresa asesorada por el abogado Carlos Gelabert ganó el concurso por cinco votos contra dos. El ingeniero intentó convencer a la mesa de contratación de que Port Olimpic no podía ganar debido a que el informe económico que realizaron sobre la explotación incluía un cuadro de amarres distinto al establecido en las bases del concurso.

Según el testimonio de este técnico, esos amarres se podían modificar una vez ganado el concurso, pero no antes, algo que también fue planteado por otros funcionarios y asesores a lo largo de la tramitación del expediente. Sin embargo, los dirigentes de la cúpula de la Conselleria de Deportes, que también regía el ente público Ports I.B, hicieron caso omiso a las objeciones planteadas por el ingeniero, tal y como éste manifestó ante el juez.