Caso Alsasua: las defensas esperan una rebaja sustancial de las condenas en la Audiencia Nacional

Los nuevos testigos que no habían prestado declaración en el anterior juicio que condenó a penas de prisión -entre 2 y 13 años- a los ocho detenidos por el Caso Alsasua, desvincularon de estos hechos a dos de los ocho jóvenes condenados durante esta vista de en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, en concreto de Julen Goicoechea y Jon Ander Cob, ambos condenados a nueve años de cárcel. En el primer caso, los testigos relataron que no participó en los hechos y en el segundo, que esta persona ni siquiera estaba en el bar Koxka aquel día.

Sede de la Audiencia Nacional.

Estos seis nuevos testimonios fueron en la misma línea, incluido el de una joven que se presentó como amiga de María José N.C., novia del teniente de la Guardia Civil agredido, que también sufrió daños. Según han destacado las defensas de los acusados, "esperamos que la sentencia sea dictada muy pronto, quizás en unos diez días y decreten la puesta en libertad al menos de los dos jóvenes que no participaron en la pelea".

Para las acusaciones representadas por la Fiscalía, la abogacía del Estado y las asociaciones Covite y AUGC, estas nuevas declaraciones no aportaron mucho valor a este nuevo juicio. El fiscal, José Perals, negó que hubiese ningún tipo de "conspiración" o "montaje policial" en esta causa: "No estamos ante una causa general de la Guardia Civil contra los acusados. Estamos ante un atentado contra la Guardia Civil y contra dos mujeres, que no se olvide".

Por eso, el representante del Ministerio Público siguió pidiendo la condena por agresiones terroristas -lo que podría elevar las penas a 62 años-, al acusar a los detenidos de "herederos" de las ideas y la estrategia que dictó la banda terrorista ETA y que llevó a las "peores atrocidades" cometidas durante medio siglo. Si la sentencia fuese absolutoria para algunos de los acusados, la Fiscalía podría presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Adur Ramírez, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Aratz Urrizola y Ainara Urquijo fueron condenados a entre 2 y 13 años de prisión el pasado mes de junio, al ser considerados culpables de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. La sentencia les impuso las penas más altas contempladas por desórdenes públicos, si bien descartaron las condenas por delitos terroristas.

Tras la vista, celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), la portavoz de los familiares de los condenados, Isabel Pozueta -madre de Adur Ramírez-, manifestó que no entiende por qué las acusaciones continúan pidiendo condenas por terrorismo y que esto debe obedecer a determinados "intereses".