La Audiencia Nacional retoma su pulso: Juicio a Trapero, asesinato de Ellacuria y Caso Pescanova

Tras la paralización de la actividad judicial debido a la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, la Audiencia Nacional retoma su actividad. Este lunes 8 de junio arrancan, o se retoman, procesos judiciales que especial trascendencia mediática. Así, a las diez de la mañana, se reanuda el juicio a Josep Lluis Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra y otros miembros de la cúpula de Interior de la Generalitat de Cataluña por su actuación durante el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.

El proceso se reanudará en la fase de conclusiones y este lunes los acusados podrán seguir junto a sus abogados la vista por videoconferencia desde un juzgado en Barcelona para evitar su traslado a Madrid en pleno Estado de Alarma. TVE ofrecerá la señal de este juicio por streaming.

Josep Lluis Trapero. 

La vista se prevé breve ya que todo se limitará a la intervención del Fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo que anunciará sus conclusiones definitivas. El proceso continuará el 15 de junio que será cuando la sala escuche las conclusiones definitivas de las defensas, que pedirán la absolución de sus defendidos. Eso mismo día también se expondrán los informes del Ministerio Público. Los días 16 y 17 se conocerán los informes de la defensa y Trapero y los otros tres acusados podrán, si así lo desean, hacer uso de la última palabra.

Los presuntos asesinos del jesuita Ellacuría ante la justicia

Eso mismo tendrá lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares contra Inocencio Orlando Montano y René Yushsy Mendoza acusados del asesinato del jesuita español Ignacio Elllacuría cometido hace más de tres décadas.

 El 16 de noviembre de 1989, seis sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija fueron asesinados en su residencia en el campus de la Universidad Jesuita Centroamericana (UCA) en San Salvador (El Salvador). Los asesinatos de los jesuitas provocaron protestas internacionales, pero las víctimas fueron solo ocho de los setenta y cinco mil muertos y diez mil más desaparecidos durante la guerra civil de doce años (1980-1992).

Formalmente, el conflicto enfrentó a la dictadura militar respaldada por Estados Unidos contra las guerrillas izquierdistas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Al final de la guerra, un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993 atribuyó sólo el 5 por ciento de los crímenes al FMLN. El régimen y sus paramilitares eran responsables de la gran mayoría de las muertes, desapariciones y desplazamientos del conflicto, según dicho informe.

Ignacio Ellacuria. 

En los primeros días de la insurrección, el ejército se hizo cargo de las transmisiones de radio en todo el país, transmitiendo propaganda estatal. En un movimiento inusual, los militares abrieron las líneas telefónicas y llegaron denuncias y amenazas de muerte contra líderes sindicales, representantes de ONG y clérigos, con mensajes como: “Ellacuría es un guerrillero. ¡Deberían cortarle la cabeza! El propio vicepresidente acusó al sacerdote de “envenenar las mentes”de la juventud salvadoreña.

En las primeras horas del 16 de noviembre, decenas de soldados con el Batallón Atlacatl ingresaron al campus. Fingieron un ataque, dañaron automóviles estacionados y detonaron una granada. Mientras algunos vigilaban el perímetro, otros rodeaban la residencia jesuita. Después de que los soldados comenzaron a forzar su entrada, los sacerdotes abrieron las puertas.

Los soldados llevaron a los cinco jesuitas españoles al jardín en pijama. Se les ordenó acostarse en el césped. Elba, la empleada del hogar, y su hija fueron retenidas a punta de pistola dentro. El oficial al mando dio la orden, y los siete fueron ejecutados. Joaquín López y López, escondido en el interior, fue descubierto y luego fusilado.

Antes de retirarse, los soldados saquearon el cercano Centro Monseñor Romero, garabateando “FMLN” en las paredes y fuera de las puertas del campus. En las semanas siguientes, el gobierno salvadoreño alegaría que la guerrilla había cometido los asesinatos. En enero de 1990, ante pruebas abrumadoras y protestas internacionales, el estado salvadoreño se vio obligado a admitir la responsabilidad de los militares.

Inocente Orlando Montano.

Más de tres décadas después Inocente Orlando Montano, ex coronel y exviceministro de Defensa de El Salvador responderá ante la justicia española por estos crímenes. El exmilitar fue extraditado desde Estados Unidos donde había huido. Llegó a España en noviembre de 2017. Ahora, tras la instrucción llevada a cabo por el Juez Eloy Velasco, quien cursó la orden internacional contra el salvadoreño, Orlando Montano se enfrente a un proceso en el que el abogado Manuel Ollé, quien ejerce de acusación particular en representación de los antiguos alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús solicita una pena 240 años de prisión por su participación en los ocho asesinatos. Por su parte, la Fiscalía pide para él 150 años de prisión. El proceso judicial tendrá su continuación los días 10, 11 junio y 8, 9, 10, 13, 14, 15 y 16 julio.

El caso Pescanova

También el lunes se retomará el juicio contra la cúpula de Pescanova. El juicio se celebrará en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. La televisión autonómica de Galicia (TVG) ofrecerá la señal de este juicio por streaming.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó a juzgar a la antigua cúpula de Pescanova por presuntamente maquillar las cuentas de la compañía el pasado mes de diciembre. En un principio el asunto se iba a despachar en 30 sesiones y se preveía que quedara visto para sentencia para el 26 de marzo. Sin embargo, la crisis sanitaria retrasó todo. El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, su hijo Pablo Javier Fernández Andrade y otras 17 personas acusadas de maquillar los estados financieros de la compañía entre los años 2009 y 2012 con el objetivo de ocultar las pérdidas millonarias que la acabaron abocando a un concurso de acreedores.

La Fiscalía pide para el expresidente de Pescanova 28 años de cárcel y multa superior a los 22 millones euros; 13 años y medio con multa de 504.000 euros para su hijo; y para el que fuera consejero delegado Alfonso Paz Andrade, 12 años y seis meses de cárcel y multa de más de 5 millones de euros por estos hechos.

Manuel Fernández de Sousa.

La investigación se inició en el año 2013 y ha corrido a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José De La Mata, que cerró las pesquisas en junio de 2018 y propuso juzgar a 19 ex altos cargos de la pesquera y 12 sociedades por presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, delito de uso de información privilegiada y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.

Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, entre los años 2007 y 2012 el Grupo Pescanova desarrolló un intenso plan de inversiones por un importe bruto de 833.832.000 euros con el fin de expandir su negocio de acuicultura de langostino, salmón y rodaballo, principalmente localizado en Ecuador, Centroamérica, el Cono Sur, Galicia y Portugal, "cuyas expectativas no pueden materializarse rápidamente".

Para sortear esa situación y seguir obteniendo financiación externa los acusados, desde sus diferentes ámbitos de gestión, responsabilidad y decisión, "y siempre bajo el control último del presidente" decidieron conjuntamente ejecutar determinadas prácticas comerciales irregulares que agravaban la situación financiera y patrimonial de la empresa.

Entre otras cosas, los acusados utilizaron desde el año 2007 una red de sociedades instrumentales, "sin personal, recursos, ni instalaciones, radicadas en despachos profesionales o centros de negocios" con el objetivo de "registrar operaciones comerciales irreales con el Grupo Pescanova", señala el escrito. Conforme explicaba De La Mata en el auto de apertura de juicio oral, las cuentas anuales de la pesquera en 2010 y 2011 no se correspondían con la realidad de la situación económica y financiera de la sociedad y su grupo.

Sede de Pescanova. 

Por ejercicios, en el año 2010 el grupo declaró un resultado de 15.448.000 euros cuando en realidad el importe real era de -222.910.000 euros, mientras que un año después, se declararon unos beneficios superiores a los 16 millones de euros, aunque las pérdidas rondaban los 300.000 euros.

En lo que respecta a la operativa de ampliación de capital de la 'vieja' Pescanova en 2012, la Fiscalía, al igual que hizo el magistrado, apunta que el Consejo de Administración de la pesquera aprobó la emisión de 9.290.464 nuevas acciones por cerca de 125 millones de euros ofreciendo una información en el folleto de emisión que "omitía el importe real de su deuda financiera, de manera que las mismas no reflejaban su situación de insolvencia".

Un año después, la multinacional suspendió la cotización el Bolsa, tras detectarse irregularidades en su contabilidad. Ese fue el punto de inicio de un largo proceso, que ha incluido un concurso de acreedores, y que ha desembocado en la refundación de la empresa, ahora en manos de la banca como Nueva Pescanova.