Denuncian la "poca voluntad política" para poner fin al conflicto laboral y a sus reclamaciones de más seguridad en las cárceles
Los sindicatos de prisiones convocan una manifestación por "la muerte de la dignidad” e irán a la huelga
Los colectivos de trabajadores de los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior denuncian la poca voluntad política del gobierno de desbloquear esta situación y afirman sentirse olvidados por este órgano del Gobierno. Por ello, han decido convocar nuevas jornadas de protestas para este mes de noviembre, previstas para los días 17, 18, 19 y 20. El lunes 19 los convocantes han preparado una concentración en la provincia andaluza de Huelva a la que han denominado como un “funeral por la muerte de nuestra dignidad”.
El acto consistirá en el traslado de los restos de la “dignidad” desde las puertas del Consistorio hasta la Sede de la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Asimismo, han citado a los representantes parlamentarios onubenses del Congreso y Senado de los grupos parlamentarios del PSOE, Partido Popular y Podemos, así como al representante del grupo parlamentario de ciudadanos en el Parlamento de Andalucía. El objetivo es “dar a conocer de primera mano nuestra problemática y con el fin de desbloquear este conflicto que afecta a cerca de 600 familias onubenses”.
Huelga general
La movilización prevista por los sindicatos tiene prevista llevarse a cabo en los 84 centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Los trabajadores pretenden realizar un paro total a los establecimientos penitenciarios, que comenzará a las 22:00 del este 16 de noviembre, coincidiendo así con el relevo en el turno de noche en los centros.
Desde los sindicatos apuntan como la causa principal del conflicto a la “poca voluntad política y la manipulación mediática del Ministerio del Interior, así como la falta de apoyo de los diferentes grupos parlamentarios”.
Uno de los principales motivos por los que han convocado las nuevas jornadas de huelga es la exigencia de un aumento retributivo, para corregir la brecha salarial que aseguran que existe por la “clasificación obsoleta” de 1989 de los centros penitenciarios españoles.
El incremento en la renta de los trabajadores se vio bloqueado por la retirada de la propuesta del secretario general de Instituciones Penitenciarias anunciada el 25 de septiembre y retirada tres días después, en la que se reflejaba un incremento de media aproximativo de 375 euros en el complemento específico para los años 2019, 2020 y 2021.
