Un juzgado permite que un acusado de posesión de pornografía infantil vea a sus dos hijas en régimen de visitas

La jueza contó con el informe favorable de Juan Mena Colino, fiscal jefe de ese partido judicial. Sobre el hombre, José Luis,  pesa una acusación formal de adquisición y tenencia de pornografía infantil de niñas menores, según consta en auto de apertura de procedimiento abreviado de fecha 6 de noviembre pasado, y en el que se ha formulado acusación posterior, por lo que será juzgado previsiblemente. 

José Luis B. fue detenido en febrero de 2019 por la Policía Judicial de Don Benito tras descubrir en su iPad numerosos archivos de contenido pedófilo y pornografía infantil de niñas de rasgos asiáticos con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años.

Aunque la magistrada, en un primer momento denegó cualquier medida de protección para las niñas, limitación o control de las relaciones en las estancias con su padre, la Sección de Mérida de la Audiencia Provincial de Badajoz, obligó a la juez a acordarlas mediante el establecimiento de un punto de encuentro que supervisara el necesario mantenimiento de las relaciones paternofiliales, además de concederle comunicaciones telemáticas.

Ahora la jueza ha modificado esa situación y ha otorgado un régimen de visitas común al padre, bajo el argumento de que el hecho de que el padre sea consumidor de pornografía infantil, no significa que esto afecte a sus hijas o que se excite con ellas en la intimidad, no siendo necesario por tanto proteger a las menores de agresión alguna o supervisar los encuentros, dado que el padre se ha comportado "correctamente en sus visitas al punto de encuentro" y añade que "a los efectos de suprimir o restringir como pretende la demandante toda relación entre padre e hijas debe acreditarse cumplidamente, bien en este procedimiento, bien en el de naturaleza penal, que el demandado ha puesto o puede poner en peligro la vida, salud o integridad física, emocional o sexual de las menores".

                               La entrada al juzgado de guardia.

Para el juzgado, que "el padre duchara a las menores, las vistiera o las sentara en sus rodillas. Estas conductas del demandado no solo deben darse a fin de garantizar una mutua implicación de ambos padres en el cuidado y atención de las menores y para conseguir un adecuado desarrollo de su personalidad” dice el auto fechado en la localidad pacense de Don Benito el pasado 11 de enero y firmado por la juez Coba.

Y añade: "No se puede establecer una automática conexión a modo de presunción ‘iuris et de iure’ de que existe un riesgo para las menores por el mero hecho de que su padre esté siendo investigado por un delito de posesión de pornografía infantil…”.

Se da la circunstancia especial de que además el padre reside en Murcia y por tanto las niñas tendrán que hacer 1.200 km ida/vuelta desde su lugar de residencia habitual, Don Benito, a la casa del padre en San Javier un fin de semana sí y otro no.

La jueza establece el régimen de visitas en fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 19.00 horas. "No se establecen visitas intersemanales, pero se mantiene en vigor la hora diaria de la conexión por videollamada, videoconferencia o simple llamada telefónica que viene establecida por resolución judicial firme de 18.00 horas a 19.00 horas", añade el auto.

Las vacaciones de Semana Santa y Navidad se dividirán por la mitad, disfrutando el padre del primer periodo y la madre del segundo. Las vacaciones de verano también serán  compartidas. Eso sí, se decide que José Luis B. pase una pensión por alimentos de 300 euros mensuales por cada hija. Además, contra la sentencia no cabe recurso.

Devolvió el iPad al acusado

Se da la circunstancia de que en el transcurso de la instrucción penal contra el hombre por los archivos de pornografía infantil, la misma jueza acordó en junio de 2019, devolver al investigado el iPad intervenido policialmente, con los archivos pedófilos en su interior, decisión que fue revocada contundentemente por la misma Sección de Mérida de la Audiencia Provincial de Badajoz, por cuánto esa “tablet” intervenida debe ser considerada como instrumento para la comisión del delito y por tanto debe estar a disposición del tribunal que lo juzgue y de las partes como prueba de cargo.

La defensa de la madre de las niñas ya ha recusado a la jueza y va a formular un incidente de nulidad. Además, estudia denunciar el caso ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por esta polémica decisión.