Transportistas se unen a la huelga de agricultores que paraliza España

La creciente ola de protestas en toda Europa de los agricultores, iniciada por los franceses hace dos semanas, se 'incendia' en España, donde ha arrancado este 6 de febrero con una huelga generalizada en todo el territorio nacional. En el marco de esta huelga, varias tractoradas han cortado las carreteras de muchos puntos del país, lo que ha provocado importantes retenciones a lo largo del territorio nacional. 

Este 7 de febrero ha tenido lugar una jornada masiva e histórica de reivindicaciones donde han resultado detenidos cinco agricultores en Granada. También se han llevado a cabo tractoradas que han cortado carreteras en Extremadura, Barcelona, Navarra, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Andalucía y Aragón. Asimismo, la policía ha desalojado a cerca de 250 agricultores concentrados en el puerto de Castellón.

Mediante estas protestas se exige un cambio en las políticas agrícolas de la Unión Europea y una serie de medidas que permitan la supervivencia del sector agrícola. Los agricultores de España se quejan de que la Política Agrícola Común de la UE les pone impedimentos para operar de manera sostenible y añade una carga excesiva de medidas. Los agricultores necesitan soluciones inmediatas que eliminen burocracia y que regulen precios justos para sus productos.  

También se reivindica la modificación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales, de modo que puedan cubrir los costes de producción con los precios. Respecto a la competencia desleal se reclama que se establezca un control fitosanitario a terceros países, como Marruecos, y la paralización de las negociaciones de acuerdo con MERCOSUR (alianza económica de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Además, los agricultores europeos también piden la creación de un observatorio sobre las importaciones que permita reforzar la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio de la Unión Europea. En última instancia solicitan que los seguros agrarios cuenten con un presupuesto reforzado que les permita cubrir los daños de catástrofes derivadas del cambio climático como la sequía.

El pasado viernes las principales organizaciones agrarias españolas (COAG, UPA y ASAJA) se reunieron en Madrid con el ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien le trasladaron su descontento. A

Los transportistas también convocan paro nacional

El pasado 5 de febrero la Plataforma Nacional de Defensa Sector del Transporte, junto con la Plataforma 6F de Agricultores y Ganadería anunció que se sumaba a las protestas y manifestaciones de los agricultores en toda España. Así, han realizado una convocatoria oficial de paro nacional indefinido que dará comienzo el próximo día 10 de febrero, desde el mismo momento en que quede refrendado en Madrid por los transportistas, conductores y demás sectores participantes a nivel nacional. Cabe recordar que en 2022 esta misma plataforma paralizó la industria y el sector de la distribución durante 20 días.

A través de un comunicado, desde Plataforma subrayan que “hacemos un llamamiento a la sociedad civil para sumar su apoyo y participación por el futuro y la dignidad de todos. Hasta entonces, pedimos la colaboración de todos los compañeros del sector del transporte ante aquellas circunstancias que se presenten esta semana por parte de agricultores en sus protestas. Desde este momento y hasta el sábado, vamos a utilizar para ir paralizando progresivamente nuestra actividad y regresando”. 

En una conversación con elcierredigital.com Miguel Cánovas, miembro de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, señala que “no es que hayamos decidido apoyar a los agricultores, sino que hemos tratado de explicar en varias ocasiones al Ministerio de Transportes, al de Trabajo y al de Interior que se deben recuperar las conversaciones que teníamos para poner en marcha las leyes que se han elaborado con anterioridad. El que haya coincidido esta movilización de los agricultores, es una evidencia más de que el sistema no funciona. Por ello nos hemos aliado con transportistas, agricultores y ganaderos, pero esto ya no va de sectores, sino de la sociedad civil en general”.

“Hacia dónde nos llevan y tal y como están yendo las cosas lo vamos a pasar muy mal. Hay que darle una lección al sistema, de que tiene que escuchar a los ciudadanos. Hay que terminar con el sistema político actual y establecer una democracia representativa real y con nuevas normas. La ley de no trabajar por debajo del observatorio de costes, que el ministerio creó para establecer un orden y evitar la competencia desleal en el sector, se ha dejado apartada, al igual que la labor de inspección. Pretenden arruinar a miles de empresas”, añade Miguel Cánovas.

"Aunque intenten llegar a un acuerdo lo único que harán será engañar a las personas con las que lleguen a ese acuerdo. Así será una y otra vez. Se trata de otra cosa, fuera de falsas promesas, se trata de que el sistema político empiece a escuchar las demandas de la gente. Es increíble lo que dice Puente, porque no nos hacen caso y esquivan el tiro sin solucionar nada. Lo que está claro es que ya no nos van a volver a engañar. Es ellos o nosotros y ellos tienen la vida solucionada, pero nosotros no tenemos futuro ninguno y eso no lo vamos a consentir”, concluye el miembro de Plataforma.

La situación "insostenible" que viven los transportistas

En marzo de 2022, los transportistas salieron a las calles y paralizaron las principales vías de transporte. El objetivo era hacer ver al país la necesidad de un trabajo que, por diversos motivos, se estaba volviendo insostenible pese al servicio básico que ofrecen a la sociedad. La subida del precio de la gasolina a causa de la guerra de Rusia con Ucrania o las medidas económicas que penalizan la contaminación de los camiones son solo algunos puntos de una red de problemas que les acucian desde entonces.

La solución fue la firma del Real Decreto Ley 3/2022, tras la negociación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) y el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC), considerado como el portavoz de los transportistas. Casi dos años después de su implementación, los problemas no parecen haberse solucionado. “Armamos una huelga el marzo de 2022 y van a provocar que se haga una mucho más potente la próxima vez que se convoque”, advertía en una conversación con elcierredigital.com Miguel Cánovas, de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte.

“Llevan pensándolo mucho tiempo, y no me extrañaría nada que las autovías las hagan de pago. Lo bueno que tenemos en España es nuestra red de autovías que no son de pago y que las disfrutan no solo los transportistas españoles, sino también los europeos, mientras que a los españoles pasar por Francia, Alemania o Bélgica nos cuesta pagar peaje. Si las autovías españolas se hacen de pago, supondría un incremento para los transportistas españoles que haría la situación inviable”, explicaba Cánovas como uno de los principales problemas, al que se añade la medida alemana ya expuesta.

Según comentaba, un camionero en la actualidad puede gastar “aproximadamente de 800 a 1.200 euros al mes” solo en peajes. Aparte iría la gasolina, las reparaciones y demás aspectos vinculados al transporte por carretera.

“A mí no me molesta que me pongan ni peajes ni los gastos del gasoil. No me molesta en absoluto. Incremente el gasto, incrementa la vida, pero también habría que incrementar el precio de nuestro trabajo. Y sucede lo contrario. Como hay tanta cantidad de subcontratación que se aprovecha del precio del transporte final, es imposible que a nosotros nos llegue ese precio justo. Y además, tenemos que pagar la subida del resto de gastos” afirmaba el transportista.

Cánovas afirma que los camioneros piden es una ley que les “proteja de la especulación de los operadores de transporte abusivo”. Este fue el intento de la mencionada ley de 2022 que, según Cánovas, no es una solución. “Metieron cláusulas como la de que si haces un trabajo continuado con una empresa no te puedes someter a esa ley, así que el empresario que te contrate puede hacer lo que quiera con el precio. La ley está puesta en marcha con cuatro o cinco peros que son los que nos desarman, no ha valido para nada”, sentenciaba.