Todos los errores en las leyes de SUMAR: del “solo sí es sí” a la Ley del Tabaco

La falta de competencia y la arrogancia de ignorar a los expertos ha llevado a los socios de Sánchez a perjudicar precisamente a los colectivos que buscaban proteger. Quienes prometieron mejorar la situación de las mujeres, las personas transexuales, los repartidores o la salud de los ciudadanos no sólo han fracasado en sus objetivos, sino que, reiteradamente, han terminado generando el efecto contrario.

El pasado 27 de febrero, la Audiencia de Navarra se vio obligada a reducir la condena de prisión a dos de los violadores por el caso de La Manada en Pamplona, al aplicar la Ley del “solo sí es sí”, rebajando su pena de quince a catorce años de prisión. Esto ocurrió debido a otro atropello legislativo, que unificó todas las agresiones bajo una misma categoría. En su intento de endurecer los castigos para las más graves, terminaron aliviando las penas de las consideradas más “leves”. Así, desde la aplicación de esta ley impulsada por Irene Montero con el apoyo explícito de SUMAR, las agresiones sexuales con penetración pasaron de castigarse con un mínimo de quince años a solo trece. Un retroceso social que agrava el dolor de las víctimas e impide imponer un castigo ejemplar a los responsables de la violación grupal en los Sanfermines de 2016.

Errores como estos se repiten en las leyes promovidas por Yolanda Díaz, Mónica García o Irene Montero. Un ejemplo claro es la “ley trans”, que ha simplificado tanto el proceso de cambio de género que ha dejado un margen amplio para posibles fraudes, especialmente en el acceso a plazas reservadas para mujeres. Además, la facilidad para la autodeterminación de género ha generado numerosas dudas entre médicos y expertos en el tema.

Por otro lado, un informe reciente del instituto alemán IZA revela que la llamada “ley rider”, promovida por el Ministerio de Trabajo, ha tenido el efecto contrario al que buscaba. En lugar de mejorar las condiciones de los repartidores, ha provocado una reducción del 3% en el salario por hora y del 2,5% en el número de horas trabajadas.

Este escenario podría repetirse con la nueva ley antitabaco y antivapeo que pretende impulsar la ministra de Sanidad, Mónica García. Una vez más, la normativa avanza sin atender a las recomendaciones de Analistas Financieros Internacionales (AFI), los fracasos de medidas similares en otros países o las advertencias de los profesionales sanitarios. El resultado, previsiblemente, será otro error legislativo con el efecto contrario al deseado y graves consecuencias para la salud de miles de españoles.