Sumar vuelve a abrir la puerta a las desigualdades territoriales

En un movimiento que ha generado sorpresa y críticas, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha mostrado receptividad ante la demanda del sindicato vasco ELA de transferir a Euskadi la competencia para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta postura, expresada durante una visita a Bilbao en plena polémica por las grabaciones de Leire Díez, choca frontalmente con los principios fundacionales de Sumar, que abogan por la igualdad y cohesión entre todos los territorios del Estado. El programa político de Sumar defiende explícitamente una “redistribución justa de la riqueza y los derechos en todo el territorio”, lo que parece quedar en entredicho con esta apertura a fijar salarios mínimos diferenciados por comunidad autónoma.

Durante su reunión con el secretario general de ELA, Mikel Lakuntza, Díaz se mostró dispuesta a estudiar la posibilidad de modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que actualmente reserva al Gobierno central la competencia exclusiva de establecer el SMI. El propio Lakuntza propuso un salario mínimo de 1.795 euros en Euskadi, muy por encima de los 1.184 euros actuales para el conjunto de España. Esta medida, de aplicarse, implicaría una ruptura del marco estatal común de derechos laborales, generando diferencias sustanciales entre los trabajadores según su lugar de residencia, lo cual contradice el principio de universalidad y equidad defendido en los estatutos de SUMAR.

La formación liderada por Yolanda Díaz ha reiterado en múltiples ocasiones su compromiso con un “Estado plurinacional solidario”, pero no fragmentado. Sin embargo, abrir el debate sobre salarios mínimos autonómicos no solo debilita la cohesión social que Sumar dice proteger, sino que también parece ceder ante presiones nacionalistas que históricamente han buscado excepciones al marco normativo común. En este contexto, la ambigüedad de Díaz al afirmar que el artículo 27 del Estatuto es “vetusto” sin cerrar explícitamente la puerta a su modificación, genera una grave contradicción con la promesa de fortalecer derechos laborales desde una óptica estatal inclusiva.

Mientras el sindicato ELA ya prepara una ofensiva legislativa para llevar su propuesta al Parlamento vasco y, eventualmente, al Congreso, el apoyo tácito de Díaz aunque matizado pone en cuestión la coherencia política de Sumar. Ceder en este punto podría abrir la vía a una suerte de “salarios a la carta” que rompería la igualdad de oportunidades entre trabajadores del Estado, erosionando uno de los pilares clave del proyecto de Díaz. La tensión entre los ideales de justicia social y las concesiones a las agendas soberanistas deja en evidencia una grieta creciente dentro de Sumar: ¿hasta qué punto está dispuesta la formación a sacrificar su discurso de equidad para mantener alianzas territoriales?