Las contradicciones de Sanidad: cuando se regula por ideología

El Gobierno y el Ministerio de Sanidad siguen demostrando su falta de compromiso con una regulación adecuada del consumo de tabaco y otros productos con nicotina. Una nueva imprecisión en sede parlamentaria pone en evidencia su desconocimiento de la normativa vigente, la realidad del mercado y la situación de la industria.

Hace quince días, Alberto Catalán, diputado de la Unión del Pueblo Navarro (UPN), registró dos preguntas por escrito para conocer las restricciones sobre el tabaco y otros nuevos productos, como los dispositivos sin combustión y las bolsas de nicotina. La desorientación del ejecutivo es tan evidente que, en su respuesta inicial, afirmaron erróneamente que la comercialización de las bolsas de nicotina era ilegal. Sin embargo, el 1 de abril (hace menos de un mes) ellos mismos aprobaron una normativa fiscal para regular la comercialización de este producto y establecer la forma en que son gravados fiscalmente por el propio Ministerio de Hacienda. 

Esta inexactitud por sí misma ya constituye un grave acto de desinformación por parte de los miembros del Gobierno, que son los encargados de legislar en este ámbito. Pero es que, además de todo esto, hay que añadir otros errores igualmente inaceptables en la réplica, como la equiparación errónea entre las bolsas de nicotina (que no contienen tabaco) y los productos que sí lo incluyen.

En la respuesta también se menciona una prohibición generalizada de las bolsas de nicotina, a pesar de no contar con estudios ni evidencias empíricas que apoyen la nocividad del producto. Esto constituye una vulneración de derechos fundamentales, como la libertad de empresa, recogida en el artículo 38 de la Constitución Española, ya que no existe ningún dato ni investigación que justifique la necesidad urgente de las medidas restrictivas que intentan imponer por decreto.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha advertido de que la regulación propuesta no tiene justificación y que además impone restricciones comerciales no justificadas a un producto que se comercializa legalmente en otros países de la Unión Europea.