Cómo coger un abogado de oficio gratuito en España: De los requisitos a su 'mal uso'

La justicia gratuita, consagrada en el artículo 119 CE, tiene varias finalidades. Pero la principal es que aquellas personas que no tienen medios económicos puedan acceder a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Por supuesto sin que tengan que desembolsar ningún dinero por ello.

El objetivo teórico es permitir que las personas que no puedan pagar a un abogado privado lo reciban gratuitamente de la Administración. Y así poder ejercer sus derechos ante los Tribunales. 

Lo que no se analiza es cómo se traduce en la práctica la aplicación de ese derecho a la tutela judicial efectiva. Se trata de un derecho imprescindible en un Estado de derecho.

De no existir podría suponer que una parte de la población tuviera derechos en papel. Pero que no los pudiera aplicar en la práctica por imposibilidad de costear el abogado y demás gastos.

Los abogados de oficio  reciben injustamente el desvalor y prejuicios de la sociedad. Tendemos a pensar que el abogado de oficio ofrece un peor servicio que un abogado privado de confianza. Pues bien, la realidad es que contamos con excelentes abogados en España que ejercen tanto en sus despachos privados como en el turno de oficio. 

No es que tengamos mejores o peores letrados en función del tipo de contratación, pues vienen a ser los mismos profesionales. La gran mayoría de los abogados de oficio también tienen sus clientes privados. Todos los abogados son valiosos, necesarios y compatibles.

A pesar de ello, la justicia gratuita y abogado de oficio tiene tres limitaciones. En primer lugar, la concesión no siempre es inmediata. Además, en muchos casos la necesidad de asistencia sí es de urgente necesidad.

En segundo lugar, no es posible la elección de abogado por relación de confianza. Se asigna el siguiente de la lista del turno de oficio que corresponda.

Por último, hay muchas personas que no reúnen los requisitos económicos establecidos para la concesión de abogado de oficio. Pero a pesar de ello tienen insuficiencia de medios para contratar a un abogado privado de pago.

Por otra parte, las personas que no declaran sus ingresos sistemáticamente reciben el beneficio del abogado de oficio. Un estudio de febrero de 2024 de Science Direct sitúa la economía sumergida en España en un 20,2%. 

¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas que no tienen ingresos en apariencia, pero que realmente sí tienen ingresos no declarados, tienen derecho a un abogado de oficio. Abogado que pagamos todos. Incluso muchos de ellos, además, al no declarar ingresos están recibiendo ayudas públicas, que también pagamos todos.

Que el abogado sea gratuito permite algunas prácticas injustas

Solicitar abogado de oficio retrasa procesos y en ocasiones permite que personas sostengan peticiones judiciales que no son razonables ni procedentes. Si fueran de pago, en muchos casos no se ejercitarían. Es el caso, por ejemplo, de okupas ilegales e inquiokupas que sistemáticamente solicitan abogado de oficio y retrasan procesos de desahucio.

Este es un caso de corruptela de la Ley. Supone que, para permitir la tutela judicial efectiva de unos, mediante justicia gratuita, lo que se hace es impedir y/o dificultar la tutela judicial efectiva de otros. En este caso el propietario que sí suele tener que pagar a su abogado y procurador y que necesita que un Juzgado le permita recuperar el uso de su casa.

Existen otras situaciones, como procesos de modificación de medidas de familia o reclamaciones dinerarias que tienen otros matices. La parte que cuenta con abogado de oficio, al no tener nada que perder y ser todo gratis, interpone todo tipo de demandas. Estas acaban costando el dinero a la otra parte si no tiene derecho a justicia gratuita.

Gran parte de las familias de las comunmente llamada “clase media” en España están asfixiadas económicamente. A pesar de tener ingresos, no tienen liquidez para acceder al proceso judicial, pero tampoco derecho a la justicia gratuita.

Esto puede suponer una injusticia. Pues los que teóricamente no tienen medios para litigar por no tener supuestamente ingresos, se pueden convertir en los que lo tienen más fácil y no pierden nada.

Ni pagan sus propios gastos de abogado, procurador, peritos o publicaciones necesarias. Si pierden el pleito, tampoco pagan las costas de la parte contraria salvo que se aprecie mala fe procesal, lo que por desgracia ocurre en muy pocos casos.

Incluso para delitos leves, en los que por Ley no es necesaria la intervención de abogado, se están efectuando concesiones de abogados de oficio.

El servicio de abogados de oficio, según afirma el propio sector, cuenta con precarización y se solicitan mayores dotaciones presupuestarias. Pues bien, tienen razón, habría que destinar más medios, pero también aplicarlos mejor.

Que ciertos procesos en los que no es justa o necesaria la intervención de abogado reciban gratuitamente abogado de oficio, impide que otra persona pueda recibir dicho servicio. O que lo pudieran recibir antes. O que las prestaciones de los abogados pudieran ser mayores si dejaran de atender ciertos tipos de procesos que pueden suponer un mal uso del abogado de oficio.

El abogado de oficio sí tiene un coste, lo pagamos todos los ciudadanos

El abogado de oficio  es gratuito para quien es beneficiario del servicio, pero supone un coste para la ciudadanía que lo paga con los impuestos.

El titular del derecho de asistencia jurídica gratuita únicamente vendrá obligado a abonar los honorarios de abogado y procurador si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniese a mejor fortuna.

Incluso en ciertas ocasiones, como recibir la asistencia de un abogado de oficio en un proceso penal, existe la idea generalizada de la población de que es gratuito. Pues la persona no lo ha pedido, pero no siempre es así.

En este tipo de situaciones,  de no designar abogado privado y ser preceptiva la intervención letrada, se tendrá que pagar al abogado de oficio que haya intervenido. En caso de no reunir los requisitos económicos exigidos para ello.

¿Quién tiene derecho a la justicia gratuita y abogado de oficio?

En concreto,  todos los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España. Las personas en situación ilegal que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

¿Qué requisitos hay para la concesión de un abogado de oficio?

Conforme a la  Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, (LAJGR) se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que careciendo de patrimonio suficiente cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos (no netos) que no superen los siguientes umbrales del  Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigentes en el momento de efectuar la solicitud de asistencia jurídica gratuita. 

Los ingresos para el reconocimiento de abogado de oficio deben de ser inferiores a los siguientes en función del tipo de unidad familiar:

Una persona sola  (sin unidad familiar). Hasta 2 IPREM que supone 16.800 euros brutos anuales (1.200 euros en 14 pagas o 1.400 euros en 12 pagas).

Unidad familiar de 2 o 3 miembros. Hasta 2,5 IPREM que supone 21.000 euros brutos anuales (1.500 euros en 14 pagas o 1.750 euros en 12 pagas).

Unidad familiar de 4 o más miembros o familia numerosa.  Hasta 3 IPREM que supone 25.200 euros brutos anuales (1.800 euros en 14 pagas o 2.100 euros en 12 pagas).

Personas en circunstancias excepcionales. Hasta 5 IPREM que supone 42.000 euros brutos anuales (3.000 euros en 14 pagas o 3.500 euros en 12 pagas).