
Las medidas del Ministerio de Sanidad amenazan la estabilidad presupuestaria
Según el Consejo Europeo de Innovación Política
La nueva normativa antitabaco promovida por el Ministerio de Sanidad podría suponer un riesgo económico considerable para España y el conjunto de la Unión Europea. Según el Consejo Europeo de Innovación Política (EPIC), la prohibición de sabores en las alternativas sin humo y otras restricciones severas no solo pueden provocar una recaída de los usuarios en el tabaco tradicional, sino que también podrían debilitar el importante aporte económico de la industria tabacalera, que genera 223.700 millones de euros anuales al PIB europeo.
El sector, que representa el 1,3% del PIB de la UE y sostiene más de 2,1 millones de empleos, está comprometido en un proceso de transformación hacia productos menos dañinos. Sin embargo, las medidas impulsadas por Sanidad como la eliminación de alternativas libres de humo amenazan con truncar esta evolución y aumentar la presencia de productos ilícitos en el mercado. De hecho, el comercio ilegal ya supone un 8,3% del consumo total de cigarrillos en Europa, generando pérdidas fiscales superiores a los 11.600 millones de euros anuales.
El EPIC advierte que el objetivo común de erradicar el tabaquismo no puede alcanzarse con medidas prohibitivas extremas, sino con políticas que equilibren la salud pública y la estabilidad económica. En su informe ¿El fin del tabaquismo?, el organismo defiende que incentivar el uso de alternativas como el tabaco calentado y las bolsas de nicotina permitiría reducir el consumo de cigarrillos sin desmantelar una industria clave para Europa, ni abrir la puerta a un mercado negro descontrolado.
Además, el informe señala que sustituir el impacto económico de esta industria requeriría un crecimiento irreal del 600% en el sector de las bebidas o del 68% en el sector financiero. Ante este panorama, expertos y analistas instan a los legisladores europeos a revisar las actuales directivas sobre productos e impuestos del tabaco desde una óptica pragmática: proteger la salud pública, sí, pero sin poner en jaque la economía ni miles de empleos europeos.
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