La Justicia tumba las multas por no usar mascarilla en pandemia: Hablan los castigados

A un ciudadano de Almería, Francisco Sánchez, la Justicia le ha anulado dos multas por no llevar mascarilla. La razón por la cual la magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Almería ha dejado sin efecto dichas multas es que este ciudadano disponía de un certificado médico.

Este certificado fue emitido con todas las garantías y su autenticidad y validez ha sido corroborada en dos sentencias judiciales distintas. Dicho certificado médico le eximía de la obligación de utilizar mascarilla durante la época de pandemia del Covid.

No obstante, dicho certificado no fue obstáculo para que agentes de la policía nacional de El Ejido y de la policía local de Roquetas de Mar, impusieran sendas multas a dicho ciudadano. Estos habrían ignorado deliberadamente el certificado médico que les mostraba.

En la misma línea, la Junta de Andalucía, durante la instrucción de los dos expedientes sancionadores, ignoró la existencia del certificado. Negó su validez y vulneró el derecho de defensa del sancionado, al no abrir ni tan siquiera el período de prueba.

Curiosamente, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, titular del departamento que impuso las dos sanciones a este almeriense, fue 'pillado' por la prensa paseando sin mascarilla por las calles de Sevilla, cuando era obligado usarla. Así lo relata el diario El Independiente.

Las mascarillas y el 'caso Koldo'

En estos días se ha hecho público un informe de la UCO, la Policía Judicial de la Guardia Civil, en el que se detalla cómo Víctor de Aldama se valió de Koldo García para conseguir certificados expedidos por el Ministerio de José Luis Ábalos. Su fin era que su círculo más cercano pudiera circular libremente evadiendo las limitaciones impuestas a causa del estado de emergencia sanitaria.

Estos escritos eran expedidos por la secretaría del ministro Ábalos, a la que Koldo le remitía los datos de cada una de estas personas. A todos ellos le eran expedidos permisos de movilidad para todo el territorio nacional.

Por otro lado, según denuncia la Asociación Liberum, el Ministerio de Sanidad "impuso el uso de la mascarilla sin aval técnico, tratándose de una decisión estrictamente política". "Aunque tal vez sería más acertado hablar de decisión económica, pues para poder obtener presuntas mordidas y comisiones, era requisito imprescindible elevar la facturación todo lo posible", indican.

Esto requería de un uso universal y generalizado de la mascarilla, sin excepciones. Ni siquiera de carácter médico, como le ocurrió al ciudadano almeriense que relatábamos, vulnerando su derecho a la salud.

Es por ello que fuentes del sector sanitario se preguntan si "es legítimo preguntarse si ese arbitrario furor sancionador de los cuerpos y fuerzas de seguridad, refrendado en expedientes instruidos vulnerando igualmente la legalidad, podría ser fruto de directrices recibidas desde las más altas esferas".

Para estas voces, se habría pergeñado "con la finalidad de que las distintas tramas de corrupción y delincuencia económica en torno a las mascarillas pudieran beneficiarse del uso masivo e indiscriminado de las mismas".

También se preguntan "si la trama de corrupción en torno a las mascarillas, sumado al incremento en la recaudación por el pago de multas, puede explicar por qué España fue siempre el último país de Europa en eliminar su uso obligatorio en los diferentes ámbitos de la vida pública".

En su opinión, estos hechos "hacen sospechar de los intentos que se vienen dando cada invierno para obligar nuevamente al uso de la mascarilla, limitada a determinados entornos". En el invierno de 2023, la retiraron tras ser requerido el Ministerio de Sanidad por la justicia, a instancia de la Asociación Liberum, para que explicaran las razones que justificaban dicha medida.