El Gobierno pone el freno a los desahucios de familias vulnerables para el 2025

El Real Decreto-ley 9/2024 prorroga un año más, hasta el 31 de diciembre de 2025, la suspensión de desahucios de familias vulnerables.

Para algunos sectores, esta medida podría incrementar la inestabilidad en el mercado del alquiler y aumentar el precio de los alquileres en 2025. Según estas voces, los propietarios reaccionan con gran desconfianza a las medidas intervencionistas.

Para esta corriente, los augurios para 2025 son que se reducirá la oferta de vivienda de alquiler. Y la que haya aumentará precios y requisitos para acceder al alquiler de una vivienda.

Se calcula que han existido más de 50.000 suspensiones de desahucios en España. Cada suspensión protege a un inquilino demandado, pero supone una restricción para el propietario demandante.

El propósito de la medida es muy bueno, que las familias vulnerables no sean desahuciadas. Toda la sociedad está de acuerdo en este propósito normativo.

El problema es que en España la gran mayoría de propietarios que alquilan su vivienda son pequeños propietarios. Ellos son los que involuntariamente asumen esta necesidad social, en vez de hacerlo la administración.

La medida de suspensión de desahucios y lanzamientos de personas vulnerables se aprobó a partir de la Covid 19, en marzo de 2020. De momento, durará hasta el 31 de 2025. Esto va a suponer que algunos procedimientos estén paralizados casi 5 años.

Consecuencias en el mercado de alquiler

La consecuencia real de esta medida es que no está beneficiando sólo a las familias necesitadas, sino también a las aprovechadas, concretamente a los inquiocupas.

Que los inquiocupas sistemáticamente estén consiguiendo la paralización de procesos de desahucio y lanzamiento perjudica al sector inmobiliario por el prejuicio y perjuicio que crea en los propietarios e inquilinos.

Muchos propietarios no hubieran alquilado su vivienda sabiendo que se paralizarían los procesos de desahucio. O que se limitaría la actualización de renta del IPC. Lo peor es que como estas medidas se van renovando a última hora, existe una sensación de total incertidumbre.

Es posible que la suspensión de los procesos de desahucio de familias vulnerables, haga que personas sin grandes ingresos o garantías de pago o que tienen niños pequeños o personas dependientes tenga más dificultad para que les alquilen una vivienda.

Aducen que un propietario tenderá a alquilar su vivienda a personas que le aporten gran garantía. Y que, al menos aparentemente, no pueda ser considerada vulnerable a los efectos de paralización de un hipotético desahucio por impago.

En resumen, esta medida podría beneficiar a los inquiocupas y precarizar más el mercado del alquiler. 

¿Cómo está el mercado del alquiler en España?

España necesita más de 500.000 viviendas, pero actualmente no se están construyendo más de 80.000 o 100.000 viviendas al año. 

La medida tomada por el Gobierno tiene opiniones a favor y otras en contra. Algunas opiniones consideran que es insuficiente y que se deberá de mantener la suspensión de desahucios sin solución habitacional de manera indefinida.

Otras, en cambio, opinan que nunca se deberían de haber suspendido los desahucios. Algunos piensan que la administración es la que debería de haber ofrecido la solución habitacional a las familias vulnerables.

En cualquier caso, se trata de una medida temporal que no resuelve el problema. Y que, para algunos, podría tensionar el mercado inmobiliario en el 2025 que comenzamos.